La Paz, 12 de junio (ANF).- El analista en tema de hidrocarburos Hugo del Granado sostuvo que debido a la política exploratoria mal encaminada, ejecutada por el gobierno, al país llegaron, desde 2006, solo dos empresas petroleras interesadas en invertir.

Muestra de esta situación, señala Del Granado en su columna del periódico Página Siete, es el “estancamiento de las reservas probadas (escasamente alcanzan para reponer la producción), la disminución de las reservas posibles y probables, la involución de la relación reserva a producción y la cantidad de áreas reservadas y prospectos sin actividad exploratoria”.

El experto identificó varios factores que contribuyen a los “magros resultados” y que conforman un “escenario difícil” para el desarrollo de las actividades exploratorias en el país, como ser: la inseguridad jurídica, la política estatista, las restricciones a la libertad económica de las empresas, la dureza del régimen fiscal, las trabas burocráticas, el avasallamiento de terceros, la difícil solución de controversias, las  engorrosas tramitaciones,  el  frecuente cambio de interlocutores, el desorden administrativo, entre otros.

Pese a esta adversa situación, agregó Del Granado, las autoridades de turno “niegan estos problemas” y presentan sucesivos planes exploratorios de manera optimista.

“La realidad es otra y los datos se imponen: la señal más clara de que la política exploratoria está mal encaminada se constata verificando las empresas petroleras que ingresaron al país desde 2006, y solo son dos las que pueden reputarse como nuevas: PDVSA y Gazprom”, apuntó.

Firma de contrato con Gazprom demoró seis años

Gazprom tuvo que enfrentar múltiples problemas para ingresar al país, señala Del Granado y explica el proceso que siguió la petrolera rusa, junto a la francesa Total, para adjudicarse el bloque Azero.

“Primero tuvieron que firmar un convenio de estudio, en abril de 2008, y en septiembre del mismo año Gazprom firmó un memorando de entendimiento con Total para formar una sociedad. Esta sociedad fue finalmente autorizada en mayo de 2009 por el directorio de YPFB, constituyendo la SAM denominada Petroazero con participación de YPFB.

A partir del momento en que YPFB autorizó la conformación de Petroazero, hasta que se protocoliza el CSEE, transcurrieron más de cinco años y si a esto se suma el tiempo que tomó la ejecución del convenio de estudio, se estaría hablando de seis años para formalizar el ingreso de una empresa a actividades exploratorias”.

Respecto a la PDVSA, explicó el especialista, la afinidad ideológica y relación política entre los gobiernos de Bolivia y Venezuela permitió un trámite más ágil.

“En 2007, mediante decretos, se autorizó la formación de Petroandina, empresa conformada con participación de PDVSA y YPFB. Los contratos respectivos fueron firmados en abril de 2008, sin necesidad de convenios de estudio previos y las leyes que aprobaron esos contratos, incluyendo una adenda, fueron promulgadas tres meses después”, señaló.

El especialista concluyó que después de nueve años de gestión del actual gobierno, “quedan pocas dudas sobre el fracaso de la política exploratoria de hidrocarburos”.