Después de que el Gobierno aprobara recientemente un decreto, el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso  Padilla, dijo que su organización teme que casi todas sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO) sean invadidas al hacer exploración hidrocarburífera en áreas protegidas. Hizo notar que el decreto 2366 viola la Constitución.

Por su parte, la Cidob realiza un recorrido informativo por comunidades indígenas sobre el tema.

“No queremos que nos pase como a los ayoreos que han sido desplazados a sectores urbanos y ahora viven en la ciudad con una mano adelante y la otra atrás, salen a pedir limosna y eso puede suceder”, dijo y explicó que el pueblo guaraní está asentado sobre todo en las reservas de Aguaragüe, Tarija; Iñau, Chuquisaca; y en Caia, en Santa Cruz.

“Pero el decreto no sólo afecta a los guaraníes, sino a todos los pueblos indígenas”, señaló Padilla. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) administra 22 áreas protegidas en el país.

Consultado sobre si coordina acciones con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Padilla dijo que no porque esa organización tiene una dirigencia paralela encabezada por Melva Hurtado, que responde al Gobierno, y otra encabezada por Adolfo Chávez, cuyo liderazgo está venido a menos. Por lo que optó por apoyarse en organizaciones indígenas internacionales.

Por su parte, Chávez dijo que prevé terminar en tres a cuatro meses el recorrido informativo por comunidades indígenas que inició hace un mes para hacer conocer las nuevas normas.

Según el censo comunitario de la APG, que se actualiza anualmente, en áreas protegidas de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz habitan 400 mil guaraníes sin contar con los que viven en La Paz, Potosí, Oruro o Cochabamba.

“Ahí podemos practicar nuestros usos y costumbres. Lo que estamos viendo es cómo poder rechazar el decreto y otras leyes parecidas como la de compensación y la otra que limita el derecho a la consulta”, señaló Padilla en alusión al decreto 2195, de noviembre de 2014 que establece una asignación porcentual de la compensación financiera según el tipo de actividad hidrocarburífera, y al decreto 2298 de marzo pasado que modifica el reglamento de consulta, al que “lo han minimizado a una orden administrativa”, señaló Chávez.

Sobre el cuestionado decreto 2366, Padilla dijo que no fue consensuado con los indígenas y además no sólo pone en riesgo el saneamiento de 19 TCO, iniciado tiempo atrás, sino que viola la Constitución Política del Estado (CPE). Manifestó que el Gobierno es el que debe hacer cumplir la ley de protección de las reservas naturales, pero es quien las incumple.

“El Gobierno saca sus decretos amañadamente, haciendo consultas arbitrarias, sin respetar la estructura orgánica”, cuestionó.

Dijo también que el decreto agrava el “malestar” generado tiempo atrás por la presencia de petroleras en su territorio. “Ha creado inestabilidad social y cultural, hay problemas”, lamentó.

Sobre las acciones a asumir, Padilla anunció una gran asamblea, fijada para el 17 al 19 de junio en Macharetí, que “probablemente va a ser para determinar acciones de hecho contra estas leyes sin consulta y sin socialización”.

Chávez dijo que “es posible que haya una marcha internacional, ellos (los indígenas) van a decidir”, señaló.

VIOLACIONES A LA CPE

El Decreto Supremo 2366, del 20 de mayo de 2015, que autoriza la exploración hidrocarburífera en áreas protegidas, viola los artículos 30, 385, 394, 403 y otros de la CPE, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las NNUU sobre Derechos de los Pueblos indígenas, la leyes de Medio Ambiente, la 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, la 3545 de Reconducción Comunitaria, el reglamento, decretos y normas de creación de áreas protegidas, señaló en redes sociales el líder indígena y excandidato presidencial, Fernando Vargas