La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de Argentina acusa a José Luis Sejas, contratista de YPFB y propietario de la empresa Creta SRL, de liderar una organización de transporte de estupefacientes en sus camiones. La Fiscalía Federal pidió su captura.

La causa contra Sejas, dueño de la empresa de transporte de carga  Corporación Regional de Transportes Asociados (Creta SRL), se inició en enero de 2014, cuando la Gendarmería argentina detectó 600 kilos de cocaína líquida (aproximadamente 60 kilos) en un tanque de combustible desconectado de uno de sus camiones durante un control en la zona de Salvador Mazza, en el departamento de Orán (Salta).

Al analizar la carga del cisterna se pudo constatar que parte del cargamento era tolueno (precursor para elaborar cocaína) en lugar de alcohol, como se había declarado en Aduanas, según datos de fiscales.gob.ar.

El 23 de abril, Sejas estuvo detenido en la ciudad de Orán, donde fue indagado por el juez federal Raúl Reynoso, quien, tras analizar la declaración y el expediente, lo liberó a condición de que se presente cada 60 días en el Escuadrón 20 de Orán.

El 26 de junio, el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, y el fiscal general a cargo de la Procunar, Diego Iglesias, pidieron ante la Cámara Federal de esa ciudad el cambio de calificación legal y el dictado de la prisión preventiva para el empresario transportista boliviano.

La Procunar presentó un recurso ante la Cámara Federal de Salta que emitió una resolución y a la que tuvo acceso La Razón, en la que afirma que el boliviano está vinculado a nueve casos de cargamento de distinto tipo y contenido de estupefacientes, causas que datan de 2011, en las que hasta ahora solo eran acusados los choferes de los camiones.

Según la decisión del ente federal, el vínculo de Sejas con el delito quedó expuesto “al analizar en conjunto las causas que parecían ser individuales, lo que ocultaba la existencia de una organización transnacional delictiva de contrabando de droga”.

De acuerdo con la resolución de   la Cámara Federal de Salta, la Procunar presentó las pruebas colectadas en la causa que sindican al imputado “como autor de la maniobra de contrabando”.

Sejas es acusado de organizar una asociación ilícita dedicada, al menos desde 2011, al tráfico de estupefacientes que ingresaban por la frontera de Argentina con Bolivia con destino a diferentes lugares.

Los fiscales pidieron que se cambie la calificación dictada por el juez federal de Orán el 23 de abril, por el delito de contrabando de estupefacientes, en el grado de partícipe secundario. Iglesias y Villalba solicitaron que el empresario sea considerado autor de los delitos de contrabando agravado de estupefacientes, en concurso real con contrabando, doblemente agravado por tratarse de sustancia peligrosa para la salud (tolueno) y por la presentación de documentos adulterados ante la Aduana.

Con ese cambio, el empresario, titular de Creta SRL y dueño de una flota de 90 camiones, debería ser detenido preventivamente.

Además, Sejas incumplió con las pautas de conducta que le había impuesto el juez Reynoso, al dejarlo en libertad el 25 de abril. Cada 60 días debía presentarse en el Escuadrón 20 de Orán. El primer plazo venció el 25 de junio y Sejas no se presentó, por lo que “el Juzgado Federal N° 1 ya pidió su captura internacional”, según informa el periódico argentino El Tribuno, de Salta. Entre otros casos, el 14 de mayo, al menos 180 kilos de cocaína de máxima pureza fueron decomisados de un camión de transporte de combustible que había ingresado a Argentina por la zona Salvador Mazza. Éste pertenecía también a la empresa Creta SRL.

CONTRATO. Según documentos a los que accedió este medio, la empresa de Sejas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pese a los antecedentes señalados, firmaron un contrato de servicios para Transporte Internacional y Logística de Diésel Oil e Insumos Aditivos, el 25 de enero de este año.

El jueves 2, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterios denunció que una empresa de transporte contratada por la estatal petrolera fue encontrada con droga en Argentina, en varias ocasiones, y su propietario, incluso habría sido detenido en el marco de una investigación.

El presidente de YPFB, Guillermo Achá, señaló ese día que la empresa tiene más de 41 corporaciones de transporte trabajando a su servicio y que los delitos que pudieran cometer son de su responsabilidad.

La Razón se comunicó ayer con el presidente de la estatal, quien dijo que al ser fin de semana se encontraba de descanso y que hoy se referirá sobre el tema, previa gestión ante el área de Comunicación.

Documento del 25 de mayo

Empresa

Según la fotocopia de una nota enviada el 25 de mayo por el presidente de  YPFB, Guillermo Achá, al entonces ministro de Gobierno Hugo Moldiz bajo la referencia “Empresa de Transporte Creta SRL.”, se indica que según publicaciones en medios argentinos, se “tomó conocimiento de que varios camiones cisterna” de la empresa “se han visto implicados en tráfico de narcóticos”, por lo que se pidió informes a la firma.

Sejas rechaza acusación de fiscales

El empresario y acusado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de Argentina, José Luis Sejas, indicó que las acusaciones son infundadas al no ser el conductor de los camiones utilizados en el tráfico de drogas. Aclaró que no son nueve casos por los que se le acusa, son “solamente seis casos”.

“No soy dueño del camión, no soy el chofer, no soy absolutamente nada, solo soy el porteador (intermediario)”, declaró ayer a La Razón el empresario sobre las denuncias presentadas por Diego Iglesias, fiscal general de la Procunar.

“Ellos solo puede hacer su apreciación de 2011 para adelante. Quieren arrastrar (los casos hasta 2014) y ni siquiera son nueve casos, son solamente seis casos”, dijo el empresario boliviano a La Razón, a la pregunta sobre su implicación en nueve casos presentados por la institución argentina.

Indicó que no hay ninguna orden de captura en su contra y que su inasistencia al Escuadrón 20 de Orán, en Salta, Argentina, tuvo el justificativo médico correspondiente presentado el 18 de junio. “No, no hay ninguna orden de aprehensión (…). Presenté el justificativo médico a la Fiscalía  de Orán, como corresponde”, indicó.

En el caso del camión que transportaba 600 kilos de cocaína líquida, señaló que el chofer del motorizado “envió una carta a la Fiscalía” de Orán para desvincularlo de cualquier ilícito realizado.

Sobre la denuncia del diputado de Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterios por su vinculación con altos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), negó cualquier relación. “Más bien la gente de Yacimientos lo hace (sic) lo más transparente posible, porque la gente de ahí, así trabaja”, resaltó el empresario”.