Desde mayo, Bolivia exportará residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  a cuatro países. Esto con el objetivo de  darle a los equipos  un  final ambientalmente “correcto”. Una empresa y una fundación se encargarán de sacar del país al menos 30 toneladas hasta fin de año.
Los desechos de computadoras, monitores, televisores, teclados, celulares, tablets y demás circuitos internos de estos aparatos suelen ser un problema para las personas cuando  quedan en desuso. Por ello, nacen este tipo de iniciativas para canalizar su inutilización.
Luego de 17 años de importar y distribuir tecnología informática al mercado nacional, nació en octubre pasado la Empresa Boliviana de Reciclaje Electrónico (BOLREC), como proyecto de Responsabilidad Social. Esta empresa busca ingresar a los mercados de Estados Unidos y China a partir de mayo.
Por otra parte, la Fundación para el reciclaje (Fundare), entidad dependiente de la Cámara de Industria y Comercio, planea  exportar  este tipo de residuos desde septiembre a países como Dinamarca y Bélgica.
Ambos emprendimientos están en la etapa de acopio de estos materiales, ya que cada convenio que firmaron requiere una cantidad específica de residuos. En el caso de BOLREC, debe acumular 25 toneladas.  Fundare  estableció como meta llegar a las 10 para iniciar las exportaciones.
La directora  de Fundare Santa Cruz, Moira Galvez, explica que la licencia ambiental se obtuvo  en noviembre de 2014. “Estamos trabajando con el acopio y separación de estos residuos. Lo que se va a hacer es separar por tipo de componentes, también los plásticos y circuitos”, asegura.
A su vez, el gerente de operaciones de BOLREC, Carlos Borja Alarcón, afirma que tienen la meta de llegar a las 100 toneladas anuales. “Estamos en el proceso de acopiar. Desde el año pasado hasta ahora hemos duplicado nuestra mano de obra; tenemos en proceso 24 toneladas de residuos hasta el momento”, comenta.
Este empresario explica que se exportará a Estados Unidos “todo lo electrónico”. Mientras que todo lo que sea plástico se llevará a China, donde, asegura, existen plantas de disposición final de este tipo de desechos.
Sara Pauli, especialista en Gestión Ambiental de SwissContact, considera que estas acciones se dan porque aún no existe la tecnología para gestionar y procesar estos elementos. “Exportan a empresas recicladoras de residuos. Está Unicore en Bélgica y Sims que originalmente es de Alemania pero que tiene sede en diferentes países, son referentes a nivel mundial”, cuenta.
En noviembre pasado, el responsable de Naciones Unidas en esta área, Ruediger Kuehr, alertó que se trata de un problema de todos los Estados en el mundo. “Quienes toman decisiones políticas, como los Gobiernos, son conscientes de que esto es una bomba de relojería y de que se deben tomar decisiones”, dijo.
Sobre este particular, Galvez explica que antes este tipo de residuos no tenía una disposición final adecuada. Por ello, en Fundare, a raíz de muchas consultas e investigaciones, se dieron cuenta del grado de contaminación que puede ocasionar.
En la misma línea de acción, en BOLREC consideran que la gestión responsable y posterior exportación son vitales.  “Esperamos colaborar con la sociedad, aportando con un granito de arena para evitar que estas 25 mil toneladas anuales de residuos lleguen a los vertederos públicos y contaminar las aguas subterráneas”, asevera Borja.
La normativa es un tema pendiente
La ausencia de políticas y normativa específica para el tratamiento y la gestión de la basura electrónica, conocida como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REE), impide que este sector se desarrolle  en Bolivia.
El  gerente de REEcicla, Jhonnatan Butrón,  considera que la inexistencia de una ley que regule al sector no estimula a las empresas ni a la ciudadanía para que sean responsables. Su empresa se dedica al acopio y gestión de REE.
“Afecta mucho porque las empresas en general tampoco tienen la obligación de gestionar sus REE de manera apropiada y pueden hacer lo que quieran. Y para nosotros la captación de clientes se hace muy difícil”, asegura.
La especialista en Gestión Ambiental de SwissContact, Sara Pauli, coincide en la necesidad de impulsar políticas que beneficien al rubro de los REE para mejorar su labor. A su vez, Butrón cree que una ley del sector beneficiaría a las personas que se quieren deshacer de estos elementos y también a las empresas que se encargan de su acopio. “Las empresas ya se verían obligadas a presentar frente a la autoridad competente un informe de gestión de sus REE”, afirma.