El presidente Evo Morales no podrá aplacar las críticas a su política de hidrocarburos aseguró el investigador Carlos Arze, del Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), y dijo que en el trasfondo de la amenaza de expulsión a fundaciones y ONG están varios factores de riesgo para la estabilidad económica y social del Gobierno. En ocasión del hallazgo de petróleo en Yapacaní, Morales dijo en su discurso que “las fundaciones que perjudiquen la explotación de los recursos naturales, se tiene que ir del país”. El pasado 20 de mayo, el Gobierno aprobó el decreto 2366 con el que autoriza la actividad hidrocarburífera en las áreas protegidas.

MANDATO CONSTITUCIONAL

Según el artículo 352 de la Constitución, “la explotación de los recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo a la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.

FRENTE OFICIAL

El presidente Morales fue secundado en su declaración por Héctor Arce, procurador general del Estado, quien sostuvo que cualquier decisión del Gobierno en cuanto a la permanencia de fundaciones en el país, obedece a sus derechos soberanos. El 2013 por orden presidencial abandonó el país la Oficina Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos e IBIs una ONG que trabajaba con organizaciones sociales. Semanas atrás el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dijo que la carretera por el Tipnis es un hecho.

CONSULTA PREVIA

Arze sostuvo que existe el temor del Gobierno a enfrentar el rechazo a las medidas gubernamentales que vulneran preceptos constitucionales como el derecho a consulta previa a los pueblos indígenas, pero también condiciones que afectan la estabilidad económica del país.

TECNOLOGÍAS

El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, dijo la semana pasada que en las áreas protegidas cedidas para exploración se utilizarán métodos no invasivos para no afectar el medioambiente. Achá rechazó las declaraciones de quienes señalan que “se está yendo en contra de la naturaleza”.

“Yo creo que se está siendo muy crítico en este contexto sin conocer realmente la actividad que se va a realizar en estas áreas. No hace más de dos semanas el Presidente (Evo Morales) ha estado en Tarija entregando un nuevo método de exploración no agresivo para estas áreas, lo que va a permitir establecer tal vez puntos en los que tengamos que hacer exploración, pero reitero, no son invasivos para estas áreas”, manifestó la máxima autoridad de YPFB.

Achá señaló que Bolivia es un país gasífero y petrolero y como tal “debe garantizar que todos los recursos naturales tengan un destino de beneficio a toda la población”.

INGRESOS

Según el analista, el “exabrupto del presidente” se explica porque el Gobierno está presionado por la caída de la cotización internacional de las materias primas  que lo obliga a “extremar sus políticas extractivistas en materia de hidrocarburos, minería y energía que han constituido el sustento de la estabilidad política y social del régimen”. Recordó que el flujo de la renta de hidrocarburos ha sido el pilar de la política económica del Gobierno, pero además ha sustentado sus bonos solidarios.

BRASIL

En puertas, dijo Arze, está también la negociación del nuevo contrato de venta de gas al Brasil que debe iniciarse a fines de este año. “Como el mismo tendrá una proyección de largo plazo,  el gobierno tiene que mostrar estabilidad en sus políticas en materia de hidrocarburos, puesto que no puede garantizar reservas más allá de 7 u 8 años”. En 2019 acaba el contrato de venta de gas al Brasil y las reservas probadas de gas natural de Bolivia certificadas por la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants al 31 de diciembre de 2013 alcanzan a 10.45 trillones de pies cúbicos (TCF), lo que según el analista “perjudicará las condiciones de negociación de un nuevo contrato, porque es evidente que ese nivel de reservas sólo alcanzarán para cubrir el consumo interno hasta el 2021”.

FATALIDADES

Arze agregó que a la vista de un nuevo contrato con el Brasil y ante el peligro de reducción de los  ingresos fiscales por la caída de los precios internacionales de las materias primas, “el Gobierno ha optado por un camino que sólo conducirá a dos fatalidades: afectar las áreas protegidas y vulnerar los derechos de los pueblos indígenas”. “Ese camino desdice totalmente el discurso del proceso de cambio y conduce al Gobierno a asumir la tarea incumplida del neoliberalismo”, complementó.

DECRETO

Aseguró que en ese contexto se inscribe la aprobación del Decreto Supremo que permite la explotación hidrocarburífera en las 22 áreas protegidas del país y otras medidas aprobadas en la Asamblea Legislativa por la mayoría del oficialismo tales como el Reglamento de Consulta a los pueblos indígenas, y los proyectos de ley que para el caso del campo Carohuaycho pasan por alto la consulta a los pueblos indígenas con el argumento que sobre un área de 100 mil hectáreas sólo se afectarán 50 hectáreas.

“Este es el único caso donde hasta ahora el oficialismo logró apoyo de la oposición, lo que muestra los intereses compartidos de las élites políticas”, puntualizó.