El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) estimó que tres millones de hectáreas de las áreas protegidas del país serán afectadas por las actividades hidrocarburíferas, después de que el Gobierno autorizó mediante Decreto Supremo 2366 el desarrollo de la exploración y explotación en estas zonas.

Marco Gandarillas, director ejecutivo del Cedib, dijo a ERBOL que como resultado de estas nuevas determinaciones que se asumieron, tendremos un total de 11 de las 22 áreas protegidas, comprometidas con las actividades hidrocarburíferas.

“Es decir, cinco más de las que antes estaban comprometidas, (lo que significa que de) una superficie total del sistema nacional de áreas protegidas que abarca 18.2 millones de hectáreas, tres millones de hectáreas estarían afectadas por esta superposición de contratos o áreas hidrocarburíferas”, explicó.

El investigador indicó que esos tres millones de has representan el 17 por ciento del sistema nacional de áreas protegidas.

Pero “desde nuestro punto de vista, (esas son) hasta ahora protegidas porque a través de estas políticas (del Gobierno), que van mucho más allá de este decreto (2366), dejan de ser áreas protegidas de conservación y se transforman en áreas hidrocarburíferas para la explotación de recursos petrolíferos o gasíferos”, sostuvo.

Señaló que el DS 2366 sólo forma parte de un paquete de medidas que tomó el gobierno de Evo Morales para facilitar estas actividades y es en ese sentido que también emitieron otras normas como el DS 2298 que recorta mucho el derecho a la consulta de los pueblos indígenas para la explotación y exploración, además del DS 2368 referido a declarar los ductos para el transporte de hidrocarburos como una actividad de necesidad nacional.

“Todas estas medidas lo que hacen es dar una sentencia a las áreas protegidas, facilitar las actividades hidrocarburíferas, sin respetar criterios de conservación y los derechos que asisten a las comunidades y pueblos que también viven en áreas protegidas y fuera de ellas”, remarcó.

El pasado jueves, el presidente Evo Morales indicó que junto al vicepresidente Álvaro García revisaron datos y constaron que “las llamadas reservas forestales han sido creadas desde el imperio norteamericano y ahora (las mismas) se convirtieron como intocables e intangibles”. Asimismo manifestó que “los países del norte quieren que nosotros seamos sus guardabosques (porque) ellos destrozaron su medio ambiente y (ahora quieren que) nosotros se lo cuidemos”.

Pero Morales no se quedó ahí y advirtió –durante el anuncio del descubrimiento de un nuevo reservorio petrolífero en Yapacaní–  que expulsará del país a cualquier Organización No Gubernamental (ONG) o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos en el país.

“No es posible que algunas ONG’s, algunas fundaciones manden o decidan a nombre del movimiento indígena, no comparto. Quiero decirles que cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia. No necesitamos instituciones del extranjero que vengan a perjudicarnos”, aseveró entonces.

Sin embargo, Gandarillas afirmó que antes, el Estado boliviano ya amplió la frontera hidrocarburífera como nunca antes en la historia del país y es así que pasamos de tres millones de hectáreas dedicadas a la explotación y exploración, a más de 24 millones de hectáreas.

“Es una superficie nunca antes visto en nuestra historia, que compromete áreas protegidas y áreas urbanas”, sostuvo.

Algunos ejemplos

Según Cedib, el 90% de la superficie de Iñao sería comprometida. Esta área protegida está afectada por contratos suscritos con la empresa francesa Total y la empresa rusa Gazprom.

El área protegida Tariquia también estaría afectada en un 55% de su superficie con contratos con la empresa brasilera Petrobras y la británica British Gas.

El Aguaragüe, que es muy importante en el Chaco boliviano por la regulación del sistema hídrico que alberga, está afectado en un 72.5% con varios contratos con YPFB Chaco, Petroandina S.A. y con la empresa china  Eastern Petroleum & Gas.

El Pilón Lajas afectada en el 85.5% de su superficie a través de los contratos con Petrobras y Repsol.

El Madidi con 75.5% mediante los acuerdos con Petrobras, Repsol y Petroandina.

El TIPNIS, que es una zona de gran debate nacional, en 35% de su superficie con Petroandina y Petrobras.

“Entonces si hacemos un recuento y vemos las implicaciones de este Decreto en particular (2366), nos damos cuenta que todas las medidas han llevado a una situación de sentencia de las áreas protegidas en el país”, apuntó.

“Juego perverso a indígenas”

El investigador aseveró que en estricto cumplimiento del derecho de los indígenas, que son asistidos por dos normas internacionales, como el convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre derecho de estos pueblos, necesariamente el gobierno debió someter a una consulta previa su nueva política hidrocarburífera.

Ahora “en el decreto hay un juego muy perverso con respecto a los pueblos indígenas, se menciona que uno de los objetivos, además de ampliar y facilitar las actividades hidrocarburíferas, es mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, se habla de sacarlos de la pobreza, pero cuando uno analiza (la norma) no hay nada que haga ver que la intensión sea esa, sólo se dice escuetamente que se establecerán medidas socioeconómicas para contribuir a la erradicación de la extrema pobreza de los pueblos que vivan allá”, enfatizó.

Es decir –según Gandarillas– se habla de que se va combatir la pobreza pero luego en el DS no hay ninguna medida efectiva para eso, entonces “se usa como una excusa la pobreza de los pueblos indígenas” para que a través de este medio se facilite la exploración de recursos naturales en sus territorios, que al mismo tiempo son áreas protegidas.

Presupuesto para áreas protegidas

El presupuesto que tiene el sistema nacional de áreas protegidas “es lamentable”, afirmó el representante del Centro.

Pues “no se pueden gestionar (todas las hectáreas de áreas protegidas) sólo con 8 millones de dólares que es lo que tiene de presupuesto el Sernap, ahora en el decreto se dice que de todos los proyectos que desarrollen las empresas privadas en áreas protegidas deberán abonar hasta un 1% de su monto de inversión para el fortalecimiento del Sernap”, cuestionó.