Detener la deforestación sigue siendo el mayor reto ambiental de Bolivia. En 2021 y 2022, la pérdida de bosque por año estuvo por encima de las 250 mil hectáreas, según Marlene Quintanilla, experta de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) de Bolivia. Las causas principales son las mismas de siempre: el avance de la frontera agrícola y la ganadería, dos actividades señaladas como las responsables de que los árboles sigan cayendo como piezas de dominó. A ello se suma ahora la urgencia de detener las invasiones o avasallamientos en áreas protegidas nacionales, regionales y privadas, lo que para algunos expertos es una meta muy difícil de cumplir.

Los retos ambientales de Bolivia son muchos y son más complicados de resolverlos cada año que pasa. A la agenda ambiental de este año hay que añadir la falta de estrategias para reducir la minería aluvial y evitar la contaminación de ríos amazónicos. La búsqueda de oro en reservas naturales está afectando a los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía boliviana, pero también genera la presencia de otros delitos en varias zonas, como el narcotráfico y la trata de personas.

Pero no solo la minería representa un problema para las reservas, también lo son los proyectos de exploración de hidrocarburos impulsados por el gobierno. Por ello, los expertos plantean como un desafío el mejorar el plan de manejo de las áreas  protegidas bolivianas. Estas han sido duramente golpeadas por las actividades extractivas pero también por los incendios y sequías que aparecen al final de cada año, y hasta hoy no hay una respuesta adecuada a estos desastres que afectan a diversos ecosistemas y territorios indígenas.

Estos son los desafíos ambientales de Bolivia para el 2023.

La pérdida de bosques: un problema por solucionar

La deforestación de los bosques bolivianos empeora cada año que pasa. En 2021, la pérdida alcanzó las 268 mil hectáreas a nivel nacional. Esa cifra está lejos de los registros históricos que, en promedio, oscilaban entre 170 mil a 200 mil hectáreas, hasta el 2015. El registro del año pasado está más cerca a la media anual reciente que ronda las 300 mil hectáreas, según un estudio de la Fundación Tierra, una organización que tiene como tema central el desarrollo rural sostenible y que presta especial atención a la población indígena, originaria y campesina.

Los altos niveles de deforestación anual han tenido correspondencia directa con la expansión de la agricultura mecanizada que avanza sobre los bosques tropicales de Bolivia, particularmente en el departamento de Santa Cruz. El boom mundial de la soya fue determinante para la consolidación de la llamada Zona Agroindustrial de Santa Cruz: un área triangular de cerca de 2,7 millones de hectáreas.

“En algo más de tres décadas, esta zona fue desmontada, puesta en producción para cultivos comerciales y actualmente el 85 % está deforestada. Es decir, además de concentrar la mayor parte de la deforestación histórica de Bolivia, esta zona se constituye en el corazón de las actuales brechas de expansión de nuevos desmontes (deforestación)”, detalló Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.

Esa misma percepción la tiene Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), para quien el cultivo de soya y maíz asociado a la crianza de ganado son responsables de la acelerada expansión de la frontera agrícola y ganadera.

“En 2021 y 2022, Bolivia se ha mantenido como uno de los principales países con altos niveles de deforestación. La ausencia de medidas de parte del Gobierno ratifica su apoyo al modelo del agronegocio. Cabe además destacar que la legalización de eventos transgénicos sigue siendo y, de forma cada vez más persistente, una demanda del sector agroindustrial al cual progresivamente cede el Gobierno”, recalcó Campanini en una entrevista con Mongabay Latam.

Todo apunta a que la deforestación seguirá aumentando. En una investigación reciente de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) se indica que, entre 1986 y 2019, la pérdida de cobertura boscosa en Bolivia alcanzó la cifra de 6 922 000 hectáreas de bosque, extensión que coincide con la expansión del territorio destinado a cultivos y pastizales. En el mismo periodo, la actividad agroindustrial —especialmente soya— y ganadera se incrementó en un 229 % en el país, pasando de ocupar 2 120 430 hectáreas a 6 974 510 en todo Bolivia.

Por ello, Rosa Leny Cuéllar, directora técnica de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), menciona que “el principal reto que tiene Bolivia es reducir la masiva tasa de deforestación por la expansión descontrolada de la agroindustria y la ganadería. Bolivia durante 2021 tuvo el tercer lugar global de deforestación absoluta y el primer lugar de tasa de deforestación per cápita”, expresó Cuéllar a este medio. La experta señaló, además, que detrás de la tala de bosques hay intereses económicos que favorecen a unos pocos y afectan a millones de bolivianos.

Mongabay Latam solicitó una entrevista al viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera, sobre los retos que tiene Bolivia para 2023, pero sobre el tema de la deforestación, la autoridad solo respondió que existen estrategias para evitar la tala de árboles sobre todo en la Amazonía.

Los últimos años la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entidad encargada de sancionar la deforestación ilegal, ha emitido miles de infracciones por faltas ambientales y forestales. De hecho, en los últimos seis años 6463 procesos administrativos fueron iniciados a nivel nacional, de los cuales el 62 % (4003) corresponden a infracciones por desmontes ilegales y quemas ilegales.

La multa boliviana por tala ilegal no es efectiva porque es la más baja a nivel sudamericano y —lo que ha sido cuestionado— las infracciones históricas desde 1996 en adelante fueron condonadas. Actualmente las multas se calculan sobre la base de 0.20 centavos de dólar estadounidense por hectárea deforestada.

Contaminación de ríos y riesgos para los pueblos indígenas

Tres de cada diez pobladores indígenas que viven en zonas de influencia de proyectos mineros auríferos en el norte del departamento de La Paz tienen en promedio niveles de contaminación por mercurio que triplican el límite máximo permitido, según un estudio de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. El uso de mercurio en las puertas de la Amazonía no tiene piedad. Los ríos están contaminados y de a pocos la actividad minera ingresa a áreas protegidas.

Las organizaciones indígenas se reunieron en la Amazonía boliviana y convocaron al Gobierno, a comienzos de diciembre del 2022, a poner un alto a la contaminación de los ríos producto de la actividad minera, en muchos casos realizada de manera ilegal. Según la investigación de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, 27 comunidades indígenas están afectadas por la contaminación por el mercurio: los esse ejja, los mosetenes, los uchupiamonas, los tacanas y los lecos son los pueblos indígenas más impactados por la búsqueda desesperada de oro.

“Las empresas y las cooperativas están destruyendo nuestro territorio. Nuestros niños están afectados por la contaminación por mercurio y no tenemos una respuesta del Gobierno. Queremos hacer conocer al mundo que estamos en la lucha por los territorios, la Amazonía y los pueblos indígenas. Ya no queremos más los ríos contaminados con mercurio, no queremos más pescado con mercurio, no queremos más atropello a los derechos de los pueblos indígenas”, reclamó Miriam Pariamo, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib).

​La extracción de oro en Bolivia está controlada en su mayoría por los cooperativistas mineros, por la minería aluvial de oro y con alta predominancia en el norte del departamento La Paz. Esta minería está generando una alta presión sobre áreas protegidas en esta región con altos impactos sobre el medio ambiente y la salud. Estos ríos desembocan en la Amazonía y esas aguas cargadas de mercurio afectan las comunidades indígenas.

“El lidiar con esta presión del sector cooperativista, con la alta relevancia que está teniendo el oro en las exportaciones y con los impactos y preocupación que generan en la población será el primer reto que tiene Bolivia para 2023”, alertó Campanini.

La senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), quien es también una activista ambientalista, calificó como un “descontrol” lo que sucede con la actividad minera en la puerta del parque nacional Madidi. La autoridad sugirió como un reto para 2023 implementar nuevas leyes que controlen la exploración de oro en zonas protegidas.

“Hay un descontrol de las actividades extractivas mineras, especialmente, pero no únicamente la del oro en la cuenca amazónica. Estas actividades implican contaminación de ríos con mercurio y otros metales pesados, deforestación, desaparición de vida silvestre, etnocidio, trata y tráfico, articulación con otras economías ilegales, como la del narcotráfico, destrucción de las áreas protegidas —incluyendo las zonas más frágiles—, construcción de caminos y comunidades en zonas de protección estricta. La rezonificación se ha vuelto un arma para facilitar la violación ampliada de derechos de poblaciones locales y de la población en general”, afirmó Requena a Mongabay Latam.

Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena uchupiamona, explicó que para los pueblos indígenas los retos en materia ambiental tienen que ver con la preservación de su existencia y territorios. Ahí incluye la actividad extractiva con severos impactos de despojo y contaminación de sus medios de vida como el agua y los suelos.

“Hay [una] consecuente destrucción de territorios indígenas, áreas protegidas, ríos, suelos, aire y alimentos. Lo que pasa en mi pueblo, con la mortal actividad minera, es una muestra de que no hay control estatal”, denunció Alipaz Cuqui.

La urgencia de salvaguardar las áreas protegidas

Bolivia tiene 22 áreas protegidas de interés nacional, que en conjunto suman unas 17 millones de hectáreas. A estas se añaden otras 25 áreas protegidas departamentales, con 5 millones de hectáreas, y 83 áreas protegidas municipales, con 2 millones de hectáreas. En total, las 130 áreas protegidas representan el 25 % del territorio boliviano.

La Constitución Política del Estado de Bolivia, aprobada en 2009, en su artículo 385 establece como área protegida un bien común que forma parte del patrimonio natural y cultural del país, y que cumple funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. La normativa exige un cuidado extremo en estas zonas. Eso no sucede y es un problema que Bolivia viene arrastrando hace años.

Las áreas protegidas fueron penetradas por actividades ilegales y algunas incluso con proyectos de hidrocarburos con el permiso del Estado. Cuéllar alertó que se debe mejorar significativamente la gestión de las áreas protegidas con el fin de evitar la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, los avasallamientos o invasiones y las actividades ilícitas como el narcotráfico, la cacería ilegal y la extracción de maderas.

“Se tiene que mejorar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Existe exploración y explotación tanto minera como hidrocarburífera y eso se debe evitar. Las áreas protegidas en Bolivia están muy desprotegidas, ya que ingresan a cometer delitos y dañan esas reservas”, lamentó Cuéllar.

Tariquía es el último ejemplo del ingreso de empresas petroleras a áreas protegidas para explorar hidrocarburos. Esta área protegida está al sur de Bolivia, en el departamento de Tarija, y ahí las comunidades indígenas y campesinas llevan años tratando de que su territorio no se vea afectado por la actividad petrolera. Por ahora esa batalla la va ganando el Gobierno. La maquinaria ya ingresó a la reserva para abrir caminos. Además, existe una ley que permite la exploración en áreas protegidas.

“No sabemos cómo vamos a detenerlos para que no entren. Usted sabe que el Gobierno tiene tanto poder y no hace caso a las organizaciones sociales, no respeta las decisiones de las bases. No respeta lo que piden las comunidades, los pueblos indígenas. Tariquía está en riesgo”, lamentó Paola Gareca, ejecutiva de la Subcentral de Tariquía.

Son tres las zonas establecidas dentro de la reserva de Tariquía que son parte del proyecto de hidrocarburos: Astillero, Churumas y San Telmo. Campanini aseguró que en la zona de Astillero los trabajos de exploración hidrocarburífera ya se iniciaron. “Es una zona de muy difícil acceso, donde no hay muchas comunidades y la conexión es muy limitada, entonces han ingresado por ahí”, dijo.

Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), pone como reto importante el freno a actividades extractivas en las áreas protegidas. Cita ejemplos de Tariquía, el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y el parque nacional Madidi, donde existe la intención de reactivar el proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala.

“Se debe frenar o detener el avance de la política hidrocarburífera sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Ahí está el caso de Tariquia, el parque Aguaragüe, Madidi, Pilón Lajas. Estas son áreas protegidas donde el Gobierno aceptó que haya política extractiva afectando a nuestros territorios, a nuestras familias”, cuestionó Villca.

Los guardaparques son quienes cuidan las áreas protegidas. No tienen las mejores condiciones para trabajar, pero aun así hacen lo posible, señalaron algunos de los expertos entrevistados para este artículo. Hace 15 años se les quitó el seguro de vida y no hay voluntad en reponer el beneficio.

“Todo el sistema nacional de áreas protegidas viene enfrentando una situación absolutamente crítica, y los guardaparques estamos al medio de ese conflicto, de esa crisis. Son amenazas externas, son amenazas que están relacionadas al propio debilitamiento institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) por la escasez de recursos para realizar los operativos y las necesidades que se afrontan en cada área protegida”, afirmó Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación del Beni.

El director del Sernap, Teodoro Mamani, se excusó de hablar con este medio sobre la gestión y los retos que tiene para 2023.

Sequías, ¿una solución a la vista?

Bolivia registra intensas olas de calor —sobre todo en el oriente y Chaco— y sequías que suponen una amenaza para la agricultura, el ambiente y la salud de las personas. La falta de lluvias provoca pérdidas de cultivos en siete departamentos del país. Los expertos ponen en la mesa este reto: proteger y recuperar acuíferos en zonas afectadas.

“Se debe afrontar la situación crítica de sequía y reducción significativa de las fuentes de agua tanto del altiplano como en las tierras bajas del Chaco y la Chiquitanía. Esto se debe hacer mediante iniciativas de protección y recuperación de acuíferos”, destacó Cuéllar, de la FBCB.

El viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera López, informó que el Gobierno, a la fecha, registró 80 municipios que son afectados por la sequía. “En dos semanas se elevó de una manera muy alarmante, estábamos como 30 municipios que demandaban ayuda. Posteriormente eran 55 municipios y ahora tenemos 80 municipios que han registrado sequías y eso tiene que pasar a la categoría de sequía agrícola y pecuaria”, relató la autoridad el pasado 9 de diciembre.

Para este punto, el Gobierno ha diseñado una estrategia para combatir las sequías en 2023. Herrera explicó que desde finales del 2022 y hacia el futuro se ejecutará el Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía para combatir los embates de este fenómeno. La primera etapa del plan se implementó hasta el 31 de diciembre del año pasado, con la provisión de agua para consumo humano, para riego y ganadería, y para consumo animal con una inversión inmediata de Bs 27 217 988, que es un aproximado de 3 942 000 dólares americanos.

Luego, se ejecutarán otras etapas en 2023 y tienen la idea de mitigar la sequía en varias zonas. En este proyecto se incorpora la entrega de semillas y fertilizantes para que los productores afectados puedan reactivar sus cultivos, pero también existe un plan de transporte de agua en cisternas y búsqueda de ojos de agua. En total se ejecutaron 17 672 millones de dólares.

En los cerros del altiplano boliviano los comuneros se reúnen para rezar de rodillas. Piden mirando al cielo lluvias. Su ganado, sus cultivos y sus familias están afectadas. Lo mismo sucede en el oriente boliviano. Los suelos están rajados y es posible ver animales en el suelo sin vida. El Chaco boliviano tiene el mismo problema.

“Las semanas pasadas han probado que la alta variabilidad climática y su asociación a los efectos del Niño o la Niña tienen cada vez más intensos impactos sobre Bolivia. Este año [2022] se ha observado la demora en las lluvias y hasta la fecha una baja precipitación pluvial, otras formas de manifestación de estas variaciones pueden ser eventos climáticos extremos con altos impactos (inundaciones, sequías, granizadas heladas, etc.). La falta de acciones o la falta de eficacia de parte de Gobierno para enfrentar estos cambios convertirán seguramente este también en un gran reto del 2023”, destacó Campanini.

Asentamientos y violencia por tráfico de tierras

Uno de los desafíos del Gobierno de Luis Arce es lograr que la tierra sea usada de manera sostenible, que se preserven los bosques y que permita una producción eficiente. Este reto estaba trazado al inicio de su gestión, en noviembre de 2020, pero todavía está lejos de ser una realidad, ya que se requiere la actualización de normativas para evitar los avasallamientos. Las leyes existen, pero, para los expertos, deberían ser más severas para castigar a quienes invaden áreas protegidas y tierras fiscales. En este último tiempo se dieron casos de invasores que se asentaron en áreas protegidas o tierras privadas o fiscales y agredieron a policías y periodistas.

El caso más complicado sucedió en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, donde un grupo de avasalladores tomaron predios privados. Los comuneros denunciaron que estos invasores están armados e identificaron al menos 30 grupos que están tras las invasiones a tierras privadas.

“No se podía llegar a las propiedades, la carretera, que es la manera más fácil de llegar, estaba trancada. Uno podía esperar que con la presencia policial disminuyan los asentamientos, pero, al contrario, estaban más agresivos (los avasalladores) y llevaron adelante medidas de presión”, relató Ruddy Trep, uno de los propietarios de una finca en Guarayos.

En este caso hubo operativos para que los grupos de invasores desalojen las áreas y se arrestó al menos a 30 personas, quienes ahora están con detención preventiva en cárceles de Santa Cruz. Situaciones similares ocurren en otras zonas, incluso llegando a invadir áreas protegidas como la del Bajo Paraguá, en Santa Cruz.

“Un reto importante es frenar o detener los distintos avasallamientos que están perpetrados por grupos afines al Gobierno, que son los llamados interculturales”, denunció Villca.

En la misma línea, Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, explicó que existen grupos de campesinos afines al partido de Gobierno que exigen la titulación de sus tierras y que entre ellos hay dirigentes dedicados al tráfico de tierras, quienes inicialmente crearon comunidades compuestas por “palos blancos” para después vender esas tierras a particulares.

“Lo que quiero decir es que de por medio hay gente que ha traficado y trafica la tierra y está peleando por la legalización de estas propiedades”, explicó el investigador.

Según Colque, desde que empezó la etapa de autorización de asentamientos humanos en el oriente de Bolivia, durante el Gobierno de Evo Morales, las personas dedicadas al tráfico de tierras acceden a información técnica del INRA, por tanto, en función a esos datos, conocen con precisión las tierras fiscales disponibles adonde acuden para asentarse formando comunidades.

Publicado en: Mongabay