Aunque el problema parece concentrarse en la Autoridad Jurisdiccional administrativa Minera (AJAM), que ya ha tenido cinco directores en apenas tres años, el asunto va mucho más allá. El poder de las transnacionales mineras y el sistema engañoso de las cooperativas está gestando una bomba de tiempo que en algún momento estallará.

En orden cronológico las personas que ocuparon la dirección de la AJAM son Guicenia Guicela Patzi Ramos (2019-2020), Álvaro Ronald Herbas Huayllas (2020), Brenda Lafuente Fernández (2021-2022), Carmen Nilza López Valenzuela (2022) y Heriberto Erik Ariñez Bazzan (2022), las denuncias son de lo más variadas. Dos de ellos fueron despojados del cargo por no cumplir con los requisitos mientras que el resto ha sido retirado entre denuncias de abuso de poder, reparto de pegas, recepción de dádivas y otras, de lo más variado. Desde dentro se advierte que los terrenos son tan pantanosos que nadie es capaz de entrar demasiado al fondo.

Los problemas vienen desde múltiples lados. El último es la proliferación de la minería ilegal del oro en toda la cuenca amazónica boliviana, multitud de empresas operando sobre los ríos, contaminando cuencas enteras, destruyendo hábitats y pueblos a la vista de todos, sin que nadie haga nada para evitarlo.

Esto se suma a los clásicos, la contaminación permanente sobre ríos como el Pilcomayo que se saldan con alguna que otra llamada de atención; prospecciones de alto riesgo y sobre todo, evasión a gran escala de la producción, apoyada en un sistema cooperativista que no protege a los mineros y al que se le ha dotado de una suerte de “épica” que camufla las falencias.

El aporte de las regalías mineras al conjunto del país es mínimo, no solo porque buena parte de lo que sale de las entrañas de los Andes se contrabandea, sino porque el porcentaje es testimonial. Tanto que apenas sigue siendo objeto de disputa entre los gobiernos departamentales que sí acceden a esos recursos por su producción departamental.

Por otro lado, las cooperativas mineras, que por lo general trabajan en exclusiva para una gran transnacional que no se hace cargo de las obligaciones laborales ni de seguridad ni de nada respecto a los trabajadores, siguen defendiendo su modelo cortoplacista.

El sector necesita un cambio, pero nadie en el país está planteando una reforma integral del modelo ni una revisión de la política de concesión; mucho menos una intervención directa en el sistema cooperativista, muy especializado en defender el status quo. Sin embargo, ahora que las reservas de gas escasean y que la estrategia del sector camina por punto muerto, es necesario que otros sectores hagan el esfuerzo para sostener el Estado y sus dinámicas, al menos mientras los precios sigan altos y la incertidumbre en el horizonte. Veremos si alguien se atreve a ponerle el cascabel al gato.

Publicado en: El País Bolivia – Editorial