La explotación del Cerro Rico de Potosí, desde hace cinco siglos, está causando hundimientos en la cima que a su vez amenazan la vida de miles de mineros bolivianos. Los empleados, entre el miedo y la resignación, defienden su necesidad de trabajar a sabiendas del peligro, sin que el Estado ejecute acciones ante un posible desastre.

Gracias al Cerro Rico, descubierto en 1545, Potosí ha pasado a la historia como una ciudad de leyenda porque en la colonia fue la primera productora mundial de plata, el soporte del imperio español y un motor del comercio internacional ya que en el siglo XVII las monedas potosinas eran valoradas como lo es en la actualidad el dólar estadounidense.

Lejos de ese pasado de opulencia, en el que se cruzan la historia y la fantasía, la montaña continúa siendo agujereada y dinamitada por los mineros porque es la forma fácil de obtener los materiales con óxidos de plata acumulados desde la colonia.

Potosí se encuentra a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar en el suroeste de Bolivia y la cima del cerro a 4.702 metros.

En la bocamina Cristo de Piedra, una de las 5.000 que hay en Cerro Rico, el minero Miguel Delgadillo dice a France 24 que los obreros no tienen otra opción que seguir perforando.

“Existe el miedo, pero qué podemos hacer. Necesitamos llevar el pan del día a nuestra familia. Tengo cuatro hijos”, afirma Delgadillo, de 50 años y trabajador de la empresa Pailaviri, que por jornada suele ganar cerca de 20 dólares por extraer cargas de roca y tierra que contienen plata, zinc, plomo y estaño.

Para protegerse y como es costumbre entre los mineros bolivianos, Miguel realiza cada viernes un rito que incluye masticar hojas de coca y beber alcohol casi puro para invocar la ayuda del ‘Tío’, que es una imagen hecha en barro del diablo al que consideran dueño de las vetas y del subsuelo.

Según informes policiales, en lo que va del año, al menos una decena de mineros han muerto en el Cerro Rico por derrumbes e intoxicaciones, aunque Miguel cree que son muchos más los fallecidos en los accidentes laborales sin que sean reportados.

“Se está cayendo el Cerro, hay que atajarse (impedirlo)”, dice la anciana quechua Basilia Mamani, de 74 años, que pertenece al sector de las “palliris” o mujeres que rebuscan entre las rocas desechadas los pedazos que aún contienen minerales.

La mujer cuenta que todos los días tiene miedo, pero que ha logrado sobrevivir gracias al cerro: cada tres meses junta una carga de 143 dólares o, si tiene suerte, de 430 dólares, dependiendo de si los minerales hallados son de baja o alta ley.

Ambos defienden sus trabajos, pero están conscientes del peligro y del daño que la minería hace a la morfología cónica del cerro, una imagen emblemática que forma parte del escudo boliviano.

Ascender a la cima es difícil debido al riesgo de los hundimientos y las prohibiciones de los mineros, pero cada tanto se conocen imágenes que muestran los derrumbes.

“El cerro se está hundiendo ante nuestros ojos”

El periodista potosino Juan José Toro es uno de los férreos defensores del patrimonio natural que supone el Cerro Rico y su importancia como ícono turístico e histórico de Bolivia, pero lamenta que la actividad minera esté provocando su derrumbe.

“Estamos viendo los potosinos que el cerro se está hundiendo ante nuestros ojos”, dice Toro a France 24.

La evidencia son las columnas de polvo que con cierta frecuencia se elevan al cielo desde la cúspide y que en el último tiempo han sido captadas por los potosinos y viralizadas en las redes sociales.

Según Toro, los hundimientos reconocidos suman una docena, aunque la Comisión de Restauración y Rehabilitación del Cerro Rico de Potosí estableció 19 de los que tres son grandes cráteres con el riesgo de unirse.

Toro denuncia que el Estado “no hace nada” para frenar la explotación de la cima de la montaña, que es “desmedida e irracional”, pero también “ilegal” porque están prohibidas las operaciones por arriba de la cota 4.400 del cerro.

Por ser insistente en sus denuncias en el diario ‘El Potosí’, del que es director adjunto, Toro fue brutalmente agredido en 2020 por mineros cuando intentaba subir a la cima del cerro con una comisión de defensa patrimonial y este año Reporteros sin Fronteras lo incluyó en un programa para periodistas perseguidos.

Toro sostiene que detrás de la necesidad laboral y económica de los obreros operan “mafias” mineras que están buscando el derrumbe del cerro para poder explotar fácilmente sus minerales.

“No se está diciendo que se vayan todas las cooperativas, sino solamente las que tienen operaciones ilegales en la cúspide. Esas no pasan de diez”, subraya Toro al señalar que el desalojo no alcanzaría a todo el sector sino solo a los operadores ilegales.

En Cerro Rico trabajan cada día cerca de 20.000 mineros en tres turnos para 70 cooperativas, un sector conocido en Bolivia por ser una fuerza de movilización social y política aliada del Gobierno.

Desde el 2014, la UNESCO considera a Potosí como Patrimonio Mundial en Peligro por el descontrol de la minería y las autoridades analizan soluciones que, según Toro, son dilatorias y requieren de gastos millonarios que no pagarían las cooperativas.

«Si no hay una solución, puede ocurrir una catástrofe»

El exministro de minería Epifanio Mamani, que encabeza en Potosí la Comisión de Restauración y Rehabilitación del Cerro Rico, evalúa las salidas al problema, pero es consciente de que el tiempo apremia.

“Si no se da una solución inmediata podría ocurrir una catástrofe donde podrían fallecer muchos operadores mineros y el cerro que ya tiene una deformación considerable en la cúspide se convertiría en un yacimiento explotado a cielo abierto a partir de la cota 4.400”, advierte Mamani.

El exfuncionario criticó que los mineros provoquen dentro de la montaña la aparición de vacíos horizontales y verticales al sacar los materiales con óxidos de plata que sostienen la morfología del cerro.

Los últimos datos que tiene señalan que en la cúspide trabajan alrededor de 2.000 mineros y que usan “pequeños cartuchos de dinamita” para derrumbar miles de toneladas de roca, dice.

“Es una extracción que tiene costos mínimos y tiene un alto valor económico. Entonces es un negocio redondo para las cooperativas”, agrega el exministro.

La propuesta que analizó con las cooperativas y el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, consiste en reubicar en 90 días a los mineros que trabajan en la cúspide y rellenar con materiales especiales los hundimientos de la zona.

La mitad de los mineros serían reubicados en el mismo cerro y otro tanto en minas adyacentes a la ciudad, un traslado que genera dudas dado el rechazo de otros sectores ante la informalidad laboral y medioambiental con la que trabajan las cooperativas.

Aún así, Mamani confía en que el proyecto puede avanzar a la siguiente tarea, que consistiría en estabilizar el cerro con el relleno de unos materiales resistentes para después –a largo plazo– reconstruir la forma cónica de la montaña.

Se trata de un proyecto con un sinfín de retos, pero los potosinos saben que salvaguardar el cerro es proteger el futuro de la ciudad.

Publicado en: FRANCE 24