Una nueva victoria ambientalista frenó, por el momento, la expansión de la técnica de explotación petrolera del fracking en Sudamérica. A principios de febrero, un tribunal colombiano ratificó la suspensión de esta práctica en ese país e impuso nuevas condiciones a futuros proyectos piloto. Dio así paso a un recurso por posibles riesgos para la salud y medioambiente. Una coalición de organizaciones ambientalistas había denunciado diversos peligros vinculados a la fracturación hidráulica o fracking desde hace más de un año cuando el actual Gobierno planteó esa posibilidad con el objetivo de preservar la autosuficiencia energética ante la declinación de los reservorios de hidrocarburos convencionales.

La polémica técnica consiste en quebrar las capas del subsuelo y liberar así petróleo y gas. En ese proceso se usan diversas sustancias químicas consideradas peligrosas para la salud sobre millones de litros de agua dulce lanzada a alta presión. Tanto esa parte del proceso como otras que afectan al aire y las estructuras geológicas suman entre las razones esgrimidas por los detractores. Los defensores del fracking, en cambio, aseguran que es necesaria la extracción petrolera y de gas para aumentar las reservas, y aseguran que los riesgos son minimizables. Consideran además que se atenta contra una medida que garantizaría la estabilidad de las finanzas públicas, el financiamiento de programas sociales y la sostenibilidad energética.

Cálculos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) indican que habría recursos estimados entre 10 y 20 terapiés cúbicos de gas y entre 5.000 y 10.000 millones de barriles de crudo que podrían más que triplicar las reservas actuales. Con el fracking, en 25 años el país produciría 2.800 millones de barriles de nuevas reservas de petróleo. Cuatro proyectos piloto podrían producir gradualmente hasta 450.000 barriles diarios de crudo adicionales. Y en gas natural, extraerían el volumen requerido para atender el creciente déficit del mercado interno, al menos por los próximos 25 años.

Los defensores del fracking también ponen frecuentemente como ejemplo lo que sucede en la primera potencia mundial. La extracción de gas mediante fracturación hidráulica ya ha tenido un fuerte impacto en Estados Unidos. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía señalan que este país podría lograr autosuficiencia energética en 2035. Pero el fracking sigue generando protestas no sólo en EEUU, sino en otras naciones como el Reino Unido y Argentina. Varios países o gobiernos subestatales lo han prohibido, como Francia, Costa Rica y en el propio estado de Nueva York, donde existen algunos de los reservorios de energéticos explotables vía fracking más grandes de los Estados Unidos.

La Administración de Información Energética de EEUU, la Energy Information Administration (EIA) publicó la estimación más utilizada por analistas de los recursos técnicamente recuperables de gas de esquisto a nivel mundial. Países como China, Argentina, México y Argelia poseen recursos considerables, pero por el momento Estados Unidos, con su vasta industria petrolera, cuenta no sólo con más de una década y media de experiencia en fracking para hidrocarburos no convencionales, sino con prácticamente un monopolio en el dominio de la tecnología.

En el mundo, hasta principios de 2020, 19 países han prohibido o declarado la moratoria sobre el fracking mientras que se revisa la evidencia científica sobre sus riesgos. Por su parte, ocho países, entre ellos México y Argentina, permiten la práctica regulada.

Estados Unidos fue pionero tanto en el desarrollo del fracking como en sus moratorias y prohibiciones. Entre 1978 y 1992, su Departamento de Energía promovió el fracking en yacimientos no convencionales y la perforación horizontal. En 1998 Mitchell Energy logró la primera extracción comercialmente factible de gas de lutita (shale gas en inglés), y desde entonces el fracking en yacimientos no convencionales se expandió en la primera potencia.

Sin embargo, en 2008 el estado de Nueva York declaró la moratoria sobre el fracking mientras las instituciones competentes revisaban la información científica sobre los riesgos de esta técnica. En 2012, el estado de Vermont prohibió el fracking a causa de un informe de las Naciones Unidas que recogió las denuncias sobre posible contaminación en fuentes de agua ocasionadas por esta técnica.

En 2014, el Departamento de Salud Pública publicó una revisión de literatura científica sobre los impactos del fracking en la salud y el ambiente, y recomendó prohibirlo. Por eso, el gobernador prohibió el fracking en el estado de Nueva York ese mismo año. A la prohibición del fracking se sumaron Maryland en 2017, así como Oregón y Washington en 2019.

EUROPA PIONERA

En 2011, la Asamblea de Francia prohibió el fracking mediante la ley expresa. Se convirtió así en el primer Estado del mundo en asumir dicha postura. El país galo ha decidido disminuir progresivamente la extracción de hidrocarburos en su territorio y tiene previsto prohibir los vehículos que usen petróleo o gas en 2040. No tardaron mucho otros Estados europeos en seguir el ejemplo. En 2012, Bulgaria prohibió el fracking y Dinamarca estableció una moratoria indefinida. En 2016, Alemania prohibió el fracking, con algunas excepciones, y ya está en marcha la política para la transición energética alemana conocida como Energiewende.

En 2015, Holanda estableció una moratoria durante cinco años, y en 2018 anunció el cierre del campo de gas de Groningen. Igualmente, en marzo de 2018, el Consejo de Estado holandés aplicó la nueva ley de minería de 2017, que da prioridad a la protección ambiental y le ordenó al Ministerio de Economía y Clima revisar sus decisiones sobre dos proyectos de gas de lutita en las regiones de Brabante del Norte y Noordoostpolder. Además, en 2019, Ámsterdam informó que todos los carros y motos que se muevan con combustibles fósiles serán prohibidos en 2030.

En España, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha prohibió el fracking mediante la Ley 1 de 2017, que fue revisada y dejada en firme por el Tribunal Constitucional con la sentencia 6240-2017. En España, se debate en el Congreso de los diputados la proposición de una ley de cambio climático y transición energética, que incluye un artículo que prohibiría el fracking. En 2017, Irlanda y Escocia prohibieron el fracking.

LATINOAMÉRICA

Fiel a su creciente fama de país ecológico, en 2019, Costa Rica declaró la moratoria en la explotación de todos los hidrocarburos hasta 2050. Sus proyectos estratégicos también prevén suprimir el consumo de combustibles fósiles en la quinta década del siglo que corre. Por su parte, Uruguay prohibió el fracking en 2017.

A niveles subnacionales, en Brasil, el Estado de Paraná declaró la moratoria sobre el fracking en 2016 y lo prohibió en 2019. En Argentina, la provincia de Entre Ríos hizo lo propio en 2017. Sin embargo, esta prohibición no es suficiente, pues el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en sus observaciones al cuarto informe periódico de Argentina, le recomendó reconsiderar la explotación mediante fracking en la región de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, para que pueda cumplir sus compromisos de cambio climático.

Está por verse si países como Paraguay con un importante potencial de reservas no convencionales y, por lo tanto, aptas para el fracking, se pronuncia en uno u otro sentido. En Bolivia también se prevé altas probabilidades de reservas de gas explotable vía fracking.

Sin embargo, la marcada tendencia hacia la transición energética de los combustibles fósiles —carbón, petróleo, gas— a energías renovables no convencionales —sol, viento, geotermia— atiza recurrentemente la polémica como en el caso colombiano.

En un marco de lucha contra el cambio climático, se considera que si el siglo XIX fue del carbón y el XX del petróleo y las hidroeléctricas, el XXI tendrá que ser el siglo de las energías renovables no convencionales.

Fuente: Los Tiempos