América Economía • Critican que se insista en desarrollo de mega proyecto energético de Hidroituango en Colombia, pese a fallas
Activistas denuncian en Berlín la política minero energética de Colombia, que insiste en continuar con el megaproyecto de Hidroituango, pese a los riesgos por las fallas en su construcción y peligro para las comunidades.
“Nos dijeron que el megaproyecto de Hidroituango nos iba a traer mucho desarrollo, pero no hemos visto nada de eso. Continúa la precariedad en educación, en vivienda, en vías de comunicación. Ese desarrollo no lo hemos visto. Al contrario, lo que hemos visto son desalojos y violaciones de los derechos humanos, graves daños medioambientales y criminalización de la protesta social”, resume en conversación con DW Jenaro Graciano, activista de la organización medioambiental Ríos Vivos, integrada por 15 organizaciones que representan a comunidades colombianas de indígenas y campesinos asentadas en el Occidente, Norte y Bajo-Cauca antioqueño. Desde 2018, estas comunidades viven en la incertidumbre por encontrarse en la peligrosa vecindad de la hidroeléctrica de Hidroituango, una de las más grandes de América Latina.
El proyecto, situado a unos 170 kilómetros al norte de Medellín, la segunda ciudad de Colombia, es construído por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Desde 2014, la empresa comenzó a levantar el muro de contención de 225 metros de altura, en el que represó el río Cauca. Era el segundo río más caudaloso de Colombia, después del Magdalena. Ahora los pobladores de la zona le llaman laguna. Nace en el sur del país, en el macizo colombiano en donde se conforma la estrella hídrica más importante de Colombia. Los activistas afirman que se ha cometido un crimen medioambiental, porque el proyecto mató al río.
“El embalse mide 79 kilómetros de largo, está ubicado entre la montaña de Ituango y de Briceño, en donde se encuentran tres fallas geológicas, pero además ha habido muchos errores en la construcción y violaciones de los derechos humanos”, se queja la activista Milena Flórez. Ella es vicepresidenta del Movimiento Ríos Vivos, pero tuvo que dejar Colombia debido a las amenazas constantes que ha recibido en los últimos meses. Ya son seis líderes del movimiento Ríos Vivos que han sido asesinados en un país que sigue convulsionado por la violencia. Debajo de las aguas de la represa se encuentran los restos de víctimas del conflicto armado, que nunca podrán ser identificadas.
Accidente de 2018. En abril y mayo de 2018, las intensas lluvias provocaron desprendimientos de tierra que taponaron uno de los tres túneles de desviación del río Cauca. Dos túneles construídos para desviar el agua durante la construcción de la represa habían sido sellados antes de comenzar a llenar la presa. Pero, al taponarse los tres túneles, se produjo una amenaza de desbordamiento de agua, y los técnicos intentaron dinamitar las salidas de los dos túneles que habían sido sellados, sin éxito.
“El 12 de mayo (de 2018) se destapó el túnel súbitamente y arrasó con puentes y casas. La comunidad Puerto Valdivia fue evacuada, más de 5 mil personas quedaron damnificadas. No había un plan de contingencia. Fue un caos total y en este momento son ya 27 los municipios afectados por el megaproyecto. No hay una garantía de que el muro no vaya a estallar, porque los temblores por las fallas geológicas son constantes y el Estado colombiano se ha declarado incompetente para dictaminar si el proyecto es viable o no”, afirma Milena Flórez.
Según los activistas, persiste el riesgo de que se produzca una avalancha de grandes proporciones, lo que significa un riesgo para unas 120.000 personas. Aunque el proyecto fue suspendido el año pasado, Empresas Públicas de Medellín insiste en que la hidroeléctrica entrará en funcionamiento. “En estos momentos, hay miles de poblaciones aguas abajo que viven en la incertidumbre total, porque el macizo rocoso donde se construyó la represa es inestable, el muro de contención podría romperse en cualquier momento, algo que Empresas Públicas de Medellín ha desconocido por completo”, destaca Jenaro Graciano.
Unas 600 personas fueron evacuadas ante el peligro de una inundación de grandes proporciones.
BID comenzará investigación. Los activistas han logrado un primer éxito. El 29 de octubre pasado, el Directorio Ejecutivo de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) uno de los principales inversionistas del megaproyecto, aprobó una investigación para determinar si al financiar Hidroituango se cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que la institución está obligada a observar. El documento al que DW tuvo acceso, destaca que la investigación responde a una solicitud realizada el año pasado por 480 residentes que representan a quince comunidades a lo largo del cañón del río Cauca. La solicitud es respaldada por el Centro de Derecho Internacional Ambiental (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Proyecto Internacional de Rendición de Cuentas (IAP).
Los solicitantes argumentan que hubo una serie de incumplimientos, desde una adecuada y completa evaluación de los impactos ambientales, y sociales, hasta consultas informadas o planes de reasentamiento involuntario. La solicitud afirma que los daños ambientales, los desalojos forzosos e impactos negativos en las comunidades ya existían antes de la emergencia generada por los deslaves y taponamientos de túneles, pero se han exacerbado tras la emergencia.
Energía ¿para quien? La obra, de un costo que supera ya los US$12.000 millones, debía generar 2.400 megavatios, abasteciendo un 16% de la demanda energética de Colombia, e incluso podría suministrar energía a otros países. El experto de la organización alemana GegenStrömung (Contracorriente), Thilo Papacek, cuestiona para quién es la energía que pretende suministrar Hidroituango. “En Brasil hay varios pueblos que se encuentran al lado de hidroeléctricas y no tienen suministro energético de ellas. Todavía su fuente es el diésel, porque es muy costoso adaptar la energía que se produce en una hidroeléctrica. Hay que bajar ese voltaje para el uso doméstico y eso no se hace. En realidad, se trata de la demanda de energía de grandes empresas mineras”, asegura Papacek.
A todo esto, se suma la destrucción medioambiental que ha provocado el proyecto, con miles de peces muertos y la destrucción de unas 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, que está en vías de extinción en Colombia. “Siempre una hidroeléctrica es una barrera para toda la vida, se interrumpe todo el medio ecológico en un río y esos ríos tienen una función ecológica y, en este caso, también social. Por eso hablamos de problemas socioambientales”, concluye Papacek. Los activistas llegaron a Berlín para hablar sobre la situación de Hidroituango. Su recorrido fue respaldado por la agencia de la Iglesia Católica alemana, Misereor.
