En vísperas de la XXXI Convención Internacional de “Minería, Desarrollo y Responsabilidad Social”, a desarrollarse del 7 al 10 de octubre-, el Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña/Costa Chica en Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biosfera, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), expresan “enérgico y rotundo” rechazo “a los acuerdos políticos, financieros, de regulación y leyes que el gobierno mexicano establezca con los empresarios mineros.

“A los cientos de empresarios que ahora están en Guerrero, los invitamos a que vayan a la zona que pomposamente denominan el “Cinturón Dorado de Guerrero”. El reto es ver si son capaces de ingresar a esta zona sin escoltas, sin el ejército y sin la policía federal”, retan los inconformes que reclaman la existencia de “más comunidades despojadas de su territorio y cientos de familias quienes han iniciado el desplazamiento”.

Pobladores, ambientalistas y expertos emplazan a los empresarios a que “vayan a pagar los tributos fruto de la extorsión y de los secuestros que se han vuelto una causa común, totalmente ocultos por un corrupto sistema de procuración de justicia y de seguridad nacional; vayan a atestiguar como los desaparecidos y asesinados ni siquiera pueden ser contabilizados porque han desbordado ya cualquier imaginación; aprovechen su visita para respirar un poco de los polvos con metales pesados arrojados por la explotación de minerales por parte de las empresas Goldcorp; Torex Gold Resources Inc.; Newtrike; Nystar o de Minaurum Gold.”

“Verifiquen también –espetan a los empresarios– si existe alguna comunidad a la cual, antes de la entrega de la concesión minera, les hayan consultado o solicitado el consentimiento previo, libre e informado, tal como lo señala la constitución, o si acaso se están respetando la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos que supuestamente protege nuestro patrimonio. Testifiquen si se respeta la ley agraria”.

Pobladores y ambientalistas señalan que “la vivencia que estamos sufriendo —tras– la entrega de los bienes naturales que los representantes del gobierno vienen realizando para los empresarios y empresas privadas de capital nacional y extranjero, destruyen nuestros territorios, dejan daños irreversibles a la salud y al ambiente, y fomentan y acuerdan condiciones ideales para la implantación de territorios plagados de inseguridad, impunidad y sin procuración de justicia”.

Prácticas como el uso de la técnica de explotación “A Cielo Abierto”, así como la de “Tumbe y Relleno”, entre otras técnicas nocivas y destructivas, se practican porque “los gobernantes han establecido un marco regulatorio que simple y llanamente facilita y legaliza el despojo de las tierras y el territorio de los pueblos. Es un marco legal totalmente violatorio de los derechos humanos y colectivos”.

“Ya estamos cansados de que los gobernantes quieran seguir despojándonos de todo lo nuestro, incluyendo en ello la vida misma”, advierten en este posicionamiento público.

“Si se animan a ir y si logran salir sin un rasguño de ahí –espetan a los empresarios de la minería– se darán cuenta que es muy ofensivo que sigan propagando que su “moderno modelo extractivo minero” genera “Desarrollo y Responsabilidad Social”. Es una vergüenza, concluyen, que los políticos mexicanos sigan construyendo un marco “legal” entreguista que abona al despojo, al desalojo y que atenta contra la propia vida.