Autovías y gasoductos con centenares de kilómetros, líneas de Metro, centrales eléctricas, puertos, banda ancha, centrales eléctricas. Perú está en obras y estará irreconocible en unos años. El país andino, que hace unos pocos años apenas invertía en este tipo de equipamientos unos centenares de millones de dólares al año, se ha puesto las pilas y es ya en uno de los primeros inversores globales en infraestructuras. El año pasado copó, según el Banco Mundial, el 7,5% de la inversión mundial en infraestructuras, alzándose a la segunda posición en Latinoamérica, después de Brasil.

Entre julio del 2011, el año de la toma de posesión del actual presidente, Ollanta Humala, y junio de este año, “se han adjudicado 28 proyectos bajo la modalidad de APP [Asociación Público Privada] por valor de 20.500 millones de dólares [18.386 millones de euros]”, explica Carlos Herrera, director ejecutivo de Proinversión. Buena parte de esos proyectos se aprobaron el año pasado: 10 adjudicaciones por valor de 14.270 millones de dólares. “Un récord histórico”, dice Herrera.

El objetivo es preparar el país para los desafíos de un crecimiento que se haría insostenible sin estos planes. Después de incrementar su PIB a tasas de entre el 6% y el 9% entre 2005 y 2010 (con la excepción de 2009), volvió a crecer en torno al 6% hasta 2013, mucho más que Latinoamérica. Estos ritmos –el Gobierno prevé un 4,2% para este año– no serían posibles sin la puesta al día de los equipamientos del país. “En los próximos 12 meses vamos a adjudicar 17 proyectos más, con inversiones de 7.000 millones”, dice el ejecutivo.

Estas inversiones no solo son necesarias para que la economía funcione con normalidad: son imprescindible para reducir la desigualdad entre las grandes ciudades de la costa y las regiones más remotas del interior y entre la población de renta más alta y la más desfavorecida. Esto implica inversiones en fibra óptica, ciclo integral de agua o construcción de escuelas, entre otras. Un 28% de la población aún no tiene acceso a agua potable y un 15% a suministro eléctrico. La mejora de las infraestructuras ya redujo la pobreza en Perú desde el 58% de la población en 2004 al 25,8% en 2012.

Inversiones prioritarias

De momento, las áreas prioritarias de actuación en cuanto a infraestructuras, y que supondrán inversiones por valor de 21.700 millones de dólares en los próximos dos años, son las carreteras (11.000 millones), los ferrocarriles (5.700 millones), la electricidad (3.500 millones) y los puertos (500 millones).

Estas cifras, apabullantes para un país con una renta per cápita de 7.000 dólares, explican la puesta en marcha de los proyectos más ambiciosos de Latinoamérica. Destacan la línea 2 del Metro de Lima, 35 kilómetros (con trenes con tecnología de automatización GoA4, driverless), en construcción; el Gasoducto Sur Peruano, también en fase de obras; el Aeropuerto Internacional Chinchero; los Ejes Transversales de Integración bioceánica IIRSA, que integran Perú y Brasil; la Panamericana Sur o el Terminal Portuario del Callao.

Buena parte de estos proyectos van a ser financiados por la iniciativa privada. El Gobierno ha ideado una serie de mecanismos bastante atractivos. Por ejemplo, una Ley Marco para Asociaciones Público Privadas que, según Alfredo Bonet, director de Internacional de la Cámara de Comercio de España, “se ha actualizado, además de un modelo de Iniciativas Privadas mediante el que las empresas pueden hacer propuestas de inversión para obtener concesiones de activos públicos, cofinanciadas y financieramente sostenibles”. Y se ha establecido una línea de “obras por impuestos”, por la que una empresa compensa hasta el 50% del pago de impuestos si invierte en obras concretas auspiciadas por el Gobierno.

Proinversión, encargada de los proyectos con participación privada diseñados por los ministerios, no se ha quedado a la espera del interés de los inversores. Los responsables la agencia han realizado decenas de viaje por el mundo para buscar socios. También a España, donde han encontrado la colaboración de muchas instituciones, como la CEOE o la Cámara de Comercio de España.