Según el registro del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), solamente ocho de las 22 áreas protegidas del país cuenta con un plan de manejo, es decir, con regulación que define qué tipo de actividad puede realizarse y cómo debe gestionarse.

 

La falta de planes de manejo facilita la actividad extractiva en los parques naturales, puesto que las empresas petroleras se amparan en ese vacío para ampliar sus operaciones porque no existe restricción, según el  investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini.

 

El reglamento de áreas protegidas, aprobado por el Decreto 24781 de julio de 1997, instruye la elaboración de este documento; pero en sus casi 18 años de vigencia el Sernap registra que sólo las áreas Estación Biológica del Beni, Kaa-lya Gran Chaco , Amboró, Noel Kempff, Pilón Lajas, Torotoro, Tariquía y Apolobamba cuentan con regulación (ver infografía). Campanini añadió que, tras 18 años, el reglamento resulta obsoleto, pues no responde a la realidad actual.

 

Explicó que el plan de manejo incluye la zonificación y la gestión, es decir, identifica, por ejemplo, dónde se puede hacer ecoturismo, dónde se puede hacer conservación, qué zonas son de extrema vulnerabilidad y no deben ser intervenidas. Y, si habitan pueblos indígenas, cómo hacer aprovechamiento de recursos como el agua o qué actividad agrícola es posible.

 

La vulnerabilidad de las áreas  protegidas fue puesta en evidencia a raíz de un decreto aprobado en mayo pasado que permite la actividad extractiva “para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional, en el marco de su carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas (…)”.

 

Para Campanini, la falta de planes de manejo tiene dos causas: falta de recursos y falta de voluntad política, puesto que se  precisa un equipo multidisciplinario de profesionales y una fuerte inversión económica.

 

En mayo de 2014, se anunció la elaboración del plan de manejo del parque Aguaragüe, financiado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que destinó más de 2 millones de bolivianos para ese trabajo.

 

El Sernap por sí sólo, dijo Campanini, no dispone de recursos suficientes y funciona sobre todo con recursos de la cooperación extranjera y las donaciones, según admitió tiempo atrás el ahora exdirector Saúl Chávez, quien señaló que el financiamiento estatal para esa institución no llegaba al 9 por ciento del total requerido para operar.

 

Montaño dice que decreto no desaparecerá parques

La Paz | Agencias

Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados negó que el Decreto Supremo 2366 pretenda eliminar las áreas protegidas del país y explicó que esa norma readecúa los procedimientos para hacer posible la exploración hidrocarburífera en dichas áreas, reportó ABI.

 

De acuerdo a diversos análisis, hasta el 20 de mayo, día en que se aprobó el decreto, las empresas petroleras no tenían posibilidad de ingresar a las 22 áreas protegidas que hay en el país. Ahora se dice que 11 de ellas están en peligro de ser seriamente afectadas, porque existen contratos entre el Estado boliviano y las compañías privadas transnacionales.

 

“He revisado el decreto y bajo ningún concepto están desapareciendo las áreas protegidas, ésa es una falsedad; lo único es que se está readecuando el procedimiento y los mecanismos en el caso de que en un área protegida se pueda llevar adelante la exploración en el ámbito de recursos hidrocarburíferos”, aclaró Montaño.

 

EXDIRECTOR SALE POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

Indígenas eligen a Qetty para dirigir el Sernap

Erbol

Organizaciones indígenas y campesinas que habitan en las áreas protegidas del país eligieron ayer al leco Gregorio Quetty como director interino del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), tras la destitución de Saúl Chávez.

 

El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), Johnson Jiménez, explicó que es el nombre que postularán al Gobierno para que asuma el mando del Sernap.

 

“Lo que nos han planteado es que saquemos una terna para poner una dirección interina y aparte de eso nos vamos a organizar (…) las organizaciones sociales indígena originario campesinas para tener un director del Sernap”, declaró.

 

A Chávez, representante de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), lo destituyeron la pasada semana por supuestos actos de corrupción. El viceminsitro de Medio Ambiente, Gonzalo Rodríguez, puso en su lugar a José Coelho.

 

Jiménez dijo que Coelho no goza de la confianza ni el respaldo de las organizaciones sociales. Defendió a Chávez y dijo que, en su interinato, Quetty debe esclarecer las denuncias.

 

“El hermano Saúl Chávez tiene el completo respaldo de nuestras organizaciones sociales que somos parte de las áreas protegidas, en ese sentido ha sido destituido el hermano por algunos comentarios (denuncias) de los guardaparques de algunas áreas protegidas”, afirmó.

 

Los indígenas se reunieron de emergencia en la sede de la Cpilap, ya que debían presentar hasta ayer a su nuevo representante ante el Sernap.

 

La diputada suplente de las “Bartolinas”, María Patiño, dijo que se trabajó bien con Chávez y que su alejamiento no se justifica.

 

Según Patiño, los cambios que hizo Chávez en las direcciones de las áreas protegidas generaron el malestar de algunos funcionarios que, finalmente, lo acusaron de malos manejos administrativos.

 

Chávez es conocido por su apoyo a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos dentro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Asumió el cargo en 2012 en remplazo de Adrián Nogales, también de la Cidob. Nogales se opuso a que el proyecto vial pase por el área protegida que a la vez es una Tierra Comunitaria de Origen (TCO).