El gobierno tiene en la mira el negocio del litio de SQM desde el año pasado. La bomba estalló la semana pasada, cuando se reveló la decisión unánime del comité directivo de Corfo de terminar el millonario contrato de explotación del litio en el Salar de Atacama con SQM Salar.

Este medio tuvo acceso a documentos que indican que los planes de Corfo venían siendo tramados desde al menos noviembre de 2014. Así lo revela un correo electrónico enviado por el fiscal de Corfo, Pablo Lagos Puccio, el viernes 28 de noviembre de 2014, a varios altos funcionarios de los ministerios de Hacienda, Minería y la propia Corfo.

El asunto: “Institucionalidad del Litio”.

Datos adjuntos: “Minuta sobre consultas en materia de pertenencias mineras (Litio)”.

“Estimados:

Les envío adjunto minuta con respuestas a los temas pendientes consultados”

De acuerdo a fuentes que conocen la génesis de la minuta, está habría sido en respuesta a una petición del Ministerio del Interior, que tomó interés en la disputa entre SQM y Corfo y quería tener claras las opciones del Ejecutivo.

Las fechas coinciden con los momentos en que la arista SQM del caso Penta comenzaba a asomarse como un peligro real para el Gobierno, cosa que se confirmó en marzo de este año, cuando El Mostrador reveló que el escándalo de las boletas llegaban al corazón de La Moneda.

Entre esas opciones que responde la minuta está la de expropiar el negocio de SQM Salar.

El tema 4 de la minuta incluida en el correo electrónico pide “Determinar si el Estado puede revocar o caducar una Concesión de explotación minera”.

La respuesta es que sería complicado, pero que la ley lo permite: “Las concesiones de explotación, también denominadas pertenencias mineras, solamente se extinguen por: i/ el no pago de la respectiva patente –en cuyo caso la extinción del derecho se llama “caducidad”–; ii/por renuncia del titular del mismo.

“Sin perjuicio de lo anterior, conforme a las normas generales de derecho público, el artículo 11 N 3 de la Ley N 18.907, Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras, contempla la alternativa de ‘expropiación’.

“La expropiación como institución procede siempre previa ley general o especial que la autorice por causa de autoridad pública o interés nacional. Asimismo, la expropiación contempla el derecho a ser indemnizado por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado al titular del derecho real, el cual no es otro que el valor comercial de las facultades de iniciar y continuar la extracción y apropiación de las sustancias que son objeto de la concesión. A falta de acuerdo, dicho daño será determinado por un juez, previo examen de peritos”.

Entre los que recibieron el correo electrónico y participaron en la discusión –ademas del vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran–, están el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el coordinador de Políticas Sociales del ministerio, Fidel Miranda.

El fantasma de la expropiación lo advirtió el viernes en El Mercurio Hernán Cheyre, ex titular de Corfo durante el Gobierno de Sebastián Piñera, que dijo que la decisión gubernamental podría ser una “estatización encubierta”.

Bitran salió rápidamente a aclarar que estatizar el salar no está en los planes y que buscará privados que lo exploten. Añadió que el Comité para la Minería No Metálica propuesto por Corfo “permitirá crear una institucionalidad que promoverá el desarrollo de este sector a través de privados”.

“El litigio con SQM por los contratos de 1986 y 1993 se está resolviendo a través de los mecanismos establecidos en los mismos contratos y a raíz de graves incumplimientos de SQM. Quiero recordar que desde mayo del 2014 Corfo pidió el término del contrato de arrendamiento”, prosigió.

“El Estado está obligado a respetar y hacer respetar los contratos firmados, y en este caso hay graves incumplimientos de SQM”, sostuvo Bitran.

Los otros puntos de la minuta

La minuta que distribuyó Lagos Puccio –que es primo de Osvaldo Puccio, ex director de Pampa Calichera, una de las sociedades cascadas a través de las cuales Julio Ponce aún controla SQM– incluye otros tres puntos además de la pregunta de la expropiación.

En el correo, el fiscal de Corfo los describe como “respuesta a temas pendientes consultados”.

El punto uno es: “Determinar si un Comité de Corfo puede recibir el dominio de pertenencias de litio en poder de otras entidades públicas”

La respuesta es: “Desde el punto de vista legal, no existe inconveniente en que Corfo, por sí o través de sus Comités, reciba toda clase de bienes en dominio, arrendamiento, comodato o mediante algún acto jurídico que ceda el uso, siempre que dichos actos tengan por finalidad el cumplimiento de sus fines.

“En el evento de optar por un Contrato de Arrendamiento, deben tenerse en consideración las autorizaciones previas, de acuerdo a la naturaleza del bien. Asimismo, los aspectos presupuestarios correlativos.

“Por su parte la donación de cualquier bien a Corfo, esta se encuentra exenta de impuestos y no requiere cumplir con el trámite de insinuación”, concluye este aspecto.

El punto dos de la minuta es: “Determinar las condiciones necesarias de cumplir para que Corfo cuente con el marco normativo que le permita participar de empresas o consorcios que tengan como objetivo explotar pertenencias de litio”.

La respuesta es: “Según la legislación vigente no resulta posible que un organismo distinto de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) autorice las cuotas de extracción, dado que el artículo 8 de la Ley N 16.319, lo reserva exclusiva y excluyentemente para dicha entidad.

“Cualquier cambio o derogación de dicha normativa debe efectuarse por Ley.

“En cualquier caso, uno de los objetivos del Comité de INNOVACIÓN, DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD DE LA MINERÍA DE LOS SALARES (a crear), es dimensional y actualizar el conocimiento sobre el stock de recursos disponibles en los salares, planificar acciones del Estado para su administración responsable y sustentable en el tiempo, lo que permitiría tener un grado de certeza mayor respecto a la cantidad del recurso en los salares y realizar planificaciones de explotación sustentable acorde con ello.

“Asimismo, el referido Comité tendrá entre sus competencias entregar asesorías que se le requiera en materias de su objeto, entre otras, también puede dar asesorías en materia de licitaciones y otras operaciones en relación a los recursos disponibles”.

Y el tercer punto de la minuta es: “Determinar las condiciones necesarias de cumplir para que Corfo cuente con el marco normativo que le permita participar de empresas o consorcios que tengan como objetivo explotar Pertenencias del Litio

La respuesta es: “Por tener Corfo la calidad de organismo integrante de la Administración del Estado, requiere de una Ley de Quórum Calificado para desarrollar actividades empresariales o participar en ellas.

“Pero no obstante esa limitación, Corfo tiene amplias facultades y recursos para que los privados participen en el proceso productivo y fomentar actividades productivas. lo que incluye la minería de los salares, máxime si se considera que es dueña de las pertenencias mineras del salar de Atacama”.

Potencial conflicto entre el Gobierno y capitales extranjeros

La decisión de Corfo tomó por sorpresa a SQM y molestó al árbitro en el conflicto con Corfo, Héctor Humeres, que sugirió un perfeccionamiento de los referidos contratos, además de un pago por US$17,1 millones por parte de la minera no metálica.

Son 28.054 pertenencias que la compañía explotaría hasta 2030 –principalmente cloruro de potasio, ácido bórico y productos de litio–, todos minerales que en 2014 explicaron el 39% de sus ventas, aunque los cálculos de la Corporación apuntan a que estos representan hasta el 75% de sus ingresos.

Las razones de la Corporación serían varias. Respecto de los presuntos incumplimientos en que habría incurrido la otrora compañía presidida por Julio Ponce, y según publicó este medio en la edición del miércoles, está la “inviabilidad para conciliar el contrato frente a graves incumplimientos éticos y contractuales de SQM”, consistentes en la “continua venta a precios de transferencia a empresas relacionadas a precios menores que de mercado” y “medidas para hacer inviable la licitación competitiva del salar a futuro”, considerando la acción de la empresa de inscribir derechos de agua a su nombre fuera de las pertenencias mineras arrendadas, pudiendo afectar la incorporación de terceros una vez terminado el contrato.

Dichos argumentos se resolverán en un juicio frente al cual SQM ya está arropada con el bufete Claro y Cía., pero que –según fuentes conocedoras de este proceso– no explicarían del todo el por qué de la arremetida de la estatal, pues la razón de fondo de la Corporación es que el Gobierno habría tomado la decisión de que aceptar una conciliación con la empresa era inviable, dado su rol en el actual escándalo de la financiación ilegal de la política.

SQM y su filial SQM Salar han admitido aportes millonarios por fuera de la ley a las campañas presidenciales de Michelle Bachelet y políticos de la Nueva Mayoría. A eso se suma que el personaje que controla la empresa –aunque en forma indirecta– es el cuestionado Julio Ponce, forzado a dejar el directorio por la presión de inversionistas extranjeros y multado en US$ 70 millones por ser el ideólogo del esquema de las Cascadas.

El problema que le puede explotar al Gobierno es que, al castigar los supuestos pecados de SQM, el costo no lo pagarían únicamente su ex presidente ni su ex gerente general, sino también los capitales extranjeros que representan el 70% de la propiedad de la compañía, lo cual que podría derivar en un potencial conflicto diplomático entre el Gobierno y países como Canadá, donde está domiciliada Potash Corp, dueña del 30% de la minera.

Y es por eso es que algunos se explican la rapidez con que Bitran salió a aclarar que no se trata de una estatización, lo que sería una señal de que el Gobierno entiende que la decisión contra SQM abre un escenario complejo.

Una fuente cercana al directorio de SQM sostiene, al respecto, que la situación podría tornarse incómoda para el Gobierno. “Los inversionistas internacionales acuden a sus distintas embajadas u oficinas de negocios cuando ocurren cosas de este tipo. En este caso, parece difícil que no hagan ver su parecer, considerando que toda una compañía está pagando los pecados de un par de ejecutivos que además ya dieron un paso al costado”.

Su visión rememora el conflicto entre Codelco y la británica Anglo American, cuando el entonces embajador, Jon Benjamin, instó al Gobierno a no interferir en una disputa que debía zanjarse entre ambas empresas.

En el mundo privado sostienen que es complejo que el Gobierno abiertamente le quite las concesiones y se haga cargo de dichas pertenencias y, más difícil aún, que encuentre rápidamente un tercero para continuar la concesión. “Esto sería visto como expropiación de propiedad privada y el impacto en activos chilenos afuera sería enorme”, vaticinan algunos, en momentos en que La Moneda quiere tender puentes y generar confianzas con el empresariado.