La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) determinó, en un ampliado de emergencia, exigir la renuncia inmediata del presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Marcelino Quispe, por “asumir compromisos” con los cooperativistas y permitir que miembros de este sector formen parte del Directorio de la compañía estatal.

Los mineros asalariados exigen que Federico Escobar, actual presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz, deje el cargo de vicepresidente del director de la Comibol, de igual forma piden la renuncia de Jorge Cuenca quien también es cooperativistas y parte del directorio.

La Ley 535 de Minería y Metalurgia en el parágrafo III del artículo 65 establece que: “Las cooperativas mineras no participan en el directorio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), ni en los directorios de sus empresas filiales y subsidiarias”. Según la norma los directores serán remunerados con recursos provenientes de la Comibol, “no pudiendo realizar ninguna actividad que genere conflicto de intereses, de acuerdo a los dispuesto en sus Estatuto y conforme a las previsiones en la Ley Nº466 de la Empresa Pública”.

Ante el desconocimiento de la Ley por parte de Comibol, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros, Miguel Pérez, demandó mayor control. “Estamos pidiendo que la Contraloría entre a ciertos manejos y a ciertas resoluciones de carácter general”, dijo.

Las Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) planteó ayer la total cooperativización del centro minero Colquiri, en contraposición los mineros asalariados exigen al Ejecutivo la reversión del 100% de la concesiones mineras de Colquiri, pues esto podría poner en riesgo, a futuro, la estabilidad laboral, rentabilidad y sostenibilidad de las operaciones mineras.

Los mineros asalariados también rechazan cualquier intimidación y provocación por parte del sector cooperativista a las empresas legalmente establecidas como son las estatales y privadas. “Ante cualquier provocación, todas las operaciones mineras a nivel nacional, tanto estatal como privadas, van a tener el pronunciamiento en su momento”, indicó Pérez.

También rechazan la pretendida revisión de los Decretos Supremos 1264 y 1368 ante el Tribunal Constitucional, desconociendo la Ley 535 y la Constitución Política del Estado que establece que los recursos mineros pertenecen al pueblo y que deben generar impuestos y regalías a las arcas del Estado.

Ahora los sindicatos mineros del país se declararon en estado de emergencia en defensa de los recursos mineros y sus fuentes de trabajo.