Un operativo conjunto entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y otras entidades del orden público paralizó dos actividades de explotación ilegal de minerales. Se logró detener a más de 30 personas y se secuestró maquinaria valuada en más de $us 700.000.

El anunció lo hizo ayer, en conferencia de prensa, el director ejecutivo nacional de la AJAM, Carlos Alberto Soruco Arroyo, quien explicó que el operativo se efectuó en las zonas de explotación denominadas Capirendita y San Antonio, localidades cercanas a Villa Montes, en el departamento de Tarija.

“Nuestra entidad es encargada de administrar, controlar y fiscalizar la actividad minera y fruto de esas atribuciones se procedió a realizar ese operativo de gran magnitud. Son más de 20 motorizados que se han incautado, que suman un valor de 700.000 dólares”, sostuvo la autoridad.

El director jurídico de la AJAM, José Encinas, mencionó que el operativo se llevó a cabo a las 08.00 del 2 de junio. Reveló que una empresa operaba en Capirendita y la otra, en San Antonio, ambas de diferentes propietarios.

La Ley de Minería y Metalurgia 535 establece en su artículo 4, parágrafo IV, lo siguiente: “Los actuales titulares de autorizaciones municipales de explotación de áridos otorgadas por los gobiernos autónomos municipales de acuerdo con la Ley 3425, de fecha 20 de junio de 2006 y normas reglamentarias y municipales, en áreas que no fueran lechos, cauces y/o márgenes de ríos, quedan prohibidos de realizar trabajos de explotación minera”.

El parágrafo VIII de ese artículo establece que “la explotación de rocas con la finalidad de producir áridos se constituye en actividad minera”. Encinas especificó que en estas zonas se explotaba piedras con 60% de cuarzo.

Acopio. Para el operativo se desplazó a equipo de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, miembros de la Fiscalía de Tarija, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, del Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), además de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf).

Con la ayuda de diapositivas, Encinas mostró que las áreas donde se hacía la explotación ilegal eran anteriormente boscosas y ahora están dañadas. Soruco acotó que las compañías que operaban en esos dos puntos no tenían autorización, no pagaban impuestos y obtenían grandes ganancias al llevar los minerales a Paraguay.

“Estas empresas no pueden explotar sin cumplir requisitos legales, medioambientales”, aclaró Soruco, y dijo que con este operativo se demuestra que sí hay presencia del Estado en la lucha contra la minería ilegal.

Aparte, éste es el primer operativo contra la minería ilegal desde la vigencia de la Ley de Minería y Metalurgia 535 promulgada el 28 de mayo de 2014. Producto de esta redada se detuvo a 32 personas, las cuales son investigadas y tienen detención domiciliaria, complementó el  Director Jurídico de la AJAM.

Entre la maquinaria incautada hay tres plantas chancadoras, 12 volquetas, una pala excavadora, dos retroexcavadoras, un brazo cargador y dos camionetas. Todos estos equipos están valuados en $us 700.000 y actualmente se encuentran precintados. El operativo también se trasladó a la frontera con Paraguay, donde se encontró centros de acopio de mineral de estas dos compañías.

Datos de la incautación y los daños

Pozos

En la zona de Capirendita, la AJAM observó que habían cinco pozos de una altura de 25 metros, lo cual genera un efecto ambiental devastador.

Traslado

Los camiones que transportaban las piedras con cuarzo hasta la frontera con Paraguay, lo hacían a las 07.30, según las investigaciones efectuadas por el personal de Inteligencia.

Registran 45 denuncias de ilegalidad en minería

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó ayer que tiene registrado 45 denuncias en temas mineros, entre explotación ilegal y avasallamientos. De todos estos casos, seis son investigados por miembros del Ministerio Público.

El director ejecutivo nacional de la AJAM, Carlos Alberto Soruco Arroyo, dijo que las operaciones que se realizan en las áreas avasalladas son de tipo rudimentario, doméstico y no son mecanizadas. “Son 45 denuncias entre explotación ilegal y avasallamientos, son diferentes al operativo efectuado en Villa Montes”. El director jurídico de la AJAM, José Encinas, indicó que en los seis procesos hay 122 personas involucradas.