Lima. Los conflictos en el sector minero de Perú, uno de los mayores productores de metales del mundo, pueden ganar intensidad al acercarse las elecciones del 2016 y radicalizar las posturas de los candidatos para conseguir los votos de comunidades descontentas y temerosas.

Las protestas ya han descarrilado US$7.000 millones en inversiones mineras en cinco años.

Uno de ellos es el proyecto de cobre Tía María, donde dos meses de protestas han dejado cuatro muertos y han llevado a la minera Southern Copper a anunciar una pausa para dialogar con las comunidades el plan minero de US$1.400 millones y despejar los temores medioambientales.

“Estamos preocupados que esto siga a otros proyectos (…) hay una tema ideológico y político detrás”, dijo el presidente del poderoso gremio de empresas privadas de Perú (CONFIEP), Martín Pérez, a la prensa extranjera.

Perú enfrenta actualmente al menos 200 conflictos sociales, de los cuales 93 están ligados al sector minero, según datos a abril de la estatal Defensoría del Pueblo.

La situación podría complicarse con una campaña con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del abril del 2016.

Los cuatro principales candidatos a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo -todos afines al libre mercado y la inversión privada- no apoyan abiertamente las protestas, pero han dicho que el plan Tía María no debe avanzar en las actuales condiciones.

“Aquí nadie es pro, todos son antis. Si eres anti minero entonces eres ‘fashion’ y vas a conseguir votos”, dijo Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el mayor gremio de mineras privadas.

La explotación minera, cuyas ventas representan el 60% de las exportaciones de Perú, muchas veces despierta el rechazo de las comunidades cercanas a los proyectos que viven de la agricultura y temen que afecte sus tierras y el agua local.

En otros casos, las comunidades buscan una mayor tajada de la renta de las mineras que se ubican cerca de sus poblados.

El adjunto para la prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, dijo que convocar protestas antimineras es una manera fácil para que posibles candidatos a cargos públicos en el 2016 llamen la atención.

“Los dirigentes que encabezan las protestas tienen una gran exposición pública, declaran frecuentemente a los medios, y tienen la oportunidad de construir una representatividad que puede traducirse en un proyecto político”, dijo Luque a Reuters.

Una encuesta de la firma Apoyo Consultoría mostró que 99% de los empresarios consultados cree que es “muy probable” o “probable” que las protesta contra Tía María afecte a otros proyectos mineros de una cartera esperada de US$63.000 millones.

Dirigentes políticos de zonas mineras dicen que las empresas del sector en Perú no han podido ganarse una buena reputación, sobre todo en zonas rurales donde las tasas de pobreza pueden superar el 60 por ciento y muchos dependen de la agricultura.

“Yo creo que el proyecto (Tía María) en realidad ya esta muerto o si queremos usar una analogía es un zombie”, dijo a Reuters el presidente del movimiento político de izquierda Tierra y Libertad y activista ambientalista, Marco Arana.

“Lo cierto es que en los lugares donde hay conflicto y hay un proceso electoral, los candidatos tienen que tomar posiciones (….) y eso puede profundizar el conflicto”, dijo Arana, cuyo grupo ya planea postularlo a las presidenciales del 2016.