Este martes se llevó a cabo, en el aula magna de la carrera de Auditoria, el seminario “Análisis crítico de la política minera” organizada por el Grupo de Política fiscal y Desarrollo, el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Autónoma Tomas Frías, y el CEDLA, con el apoyo del Gobierno del principado de Asturias. Los investigadores Pablo Poveda, Carlos Arce y Emilio Madrid, expusieron temas de interés como la industrialización del Litio, la nueva ley minera y la ley de medio ambiente.

La presentación de Carlos Arce sobre la Ley minera, destacó que las áreas mineras continúan dominadas por las empresas privadas, y la ley es anti-estatista pues fomenta estas iniciativas al mantener el régimen de regalías bajas y reducir la participación estatal, además garantiza la propiedad privada y penaliza la protesta. Aunque la norma plantea una participación estatal, COMIBOL dirige la industria minera, financia sus operaciones y opera como empresa privada, limitando su participación debido a la creación de nuevas empresas estatales como SENARECOM, Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales y, en ese sentido, el Estado trabaja con un modelo pro monopolista. La ley es anti-indígena porque los indígenas no cuentan como actor minero y no señala cuánto se destinará a proyectos indígenas. “Con estas medidas, la nueva ley consolida la presencia de la gran minería, es pro capitalista, anti-estatista y anti-indígena” aseveró añadiendo que el apoyo a las cooperativas se debe a que estas ocultan su carácter de empresas privadas bajo un régimen social.

Emilio Madrid enmarco su intervención en la política ambiental minera, indicó que la ley 1777, aprobada en 1997 establece el predominio privado,  y la ley 1333, de medio ambiente, facilita la gestión ambiental para los privados. Así, tomando en cuenta que entre el 97 y 98% de la actividad minera es controlada por privados transnacionales, los instrumentos de gestión ambiental diseñados en época neoliberal siguen siendo útiles a la política y modelo minero, dijo. Estas leyes y la 535 de minería y metalurgia, aprobada en 2014, no establecen medidas de salvaguarda y protección de los acuíferos y aguas subterráneas. Otra medida de intervención son las auditorias de línea base ambiental, sin embargo, Madrid sostuvo que son elaboradas por consultoras pagadas por el mismo operador minero, por tanto no hay reportes negativos. “El objetivo de la política ambiental no es la protección del medio ambiente sino la continuidad de las actividades mineras incorporando medidas de control que reduzcan sus impactos” señaló.

A su turno, Pablo Poveda presentó el estudio sobre el impacto fiscal y económico de la explotación de Litio en el salar de Uyuni, en cuanto señalo que entre las plantas piloto y las plantas industriales el proyecto generará 5270 trabajos y por tanto mayores ingresos, y en dos de las tres primeras fases, la región recibirá 150 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo no se supera el patrón de extracción de recursos naturales a una industrialización, ni es una actividad vinculada las principales actividades productivas de la región, por tanto no es una economía plural de desarrollo. El desafío es producir baterías de litio, aportar  a la economía mundial y romper con la política capitalista y para eso “El Estado debe hacerse cargo de este proyecto y no ser tarea de la Gerencia Regional de Recursos Evaporíticos” expresó.

La actividad en Potosí concluirá hoy miércoles, con un conservatorio, a desarrollarse sobre temas de industrialización con el objetivo de intercambiar criterios técnicos, económicos y sociales.