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Opinión • Fedecomin: 40% no tiene licencia ambiental, el trámite es costoso

Aproximadamente, el 40% de las 80 cooperativas mineras registradas en Cochabamba no tiene licencia ambiental, informó el ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Mauricio Guzmán. La razón, dijo, es el elevado costo del trámite.

Guzmán señaló que la traba está en la elaboración del manifiesto ambiental. “Tenemos que contratar ingenieros particulares y los precios varían dependiendo de la actividad. A la minería tradicional y a la aurífera les cobran más por el impacto (ambiental) y por el volumen de explotación, pero casi para todos cuesta 3.000 a 4.000 dólares”, explicó.

En Cochabamba se explota oro, metales y no metales (caliza y baritina). Entre 2018 y 2019, 60 cooperativas iniciaron trámite de creación y esperan la aprobación de su contrato en el Legislativo.

El secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Gonzalo Muñoz, explicó que toda actividad, obra o proyecto, por norma, debe tramitar su licencia ambiental antes de iniciar operaciones. El manifiesto ambiental se exige cuando la actividad comenzó sin licencia. Además, la normativa prevé penalidades que equivalen a un porcentaje que varía según el tipo de operación.

Sobre la fiscalización, Muñoz dijo que “se hace pero no guarda proporción con la cantidad de actividades”. Añadió que no cuentan con una unidad especial y que los trámites que reciben cada día “siempre sobrepasan la capacidad instalada”.

Lo que sí realizan son campañas de acuerdo a la temporada. Puso como ejemplo que en Urkupiña se sensibiliza a la gente sobre la protección a la vida silvestre, como resultado disminuyó el uso de plumas u otras partes de animales en la confección de trajes para la festividad.

Al no tener la posibilidad de salir a hacer verificaciones, Muñoz dijo que lo más efectivo es la denuncia, que permite también activar la labor de control de las alcaldías.

El exdirector de Medioambiente de la Gobernación, Alan Lisperger, explicó que, además del costo de contratar un consultor que elabore el manifiesto ambiental, para el sector minero hay una serie de requisitos y exigencias que suman costos.

Las medidas de mitigación que les imponen tienen que ver con el tipo de mineral que extraen.

Señaló también que cree que el porcentaje de cooperativas sin licencia puede ser mayor porque en su gestión (2017) se realizó un sondeo que arrojó como resultado que casi el 90% no había iniciado sus trámites.

Fuente: https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/fedecomin-40-tiene-licencia-ambiental-tramite-es-costoso/20191002072048729286.html

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El Diario • Petroleras incumplen normas ambientales

Las empresas petroleras que operan en la Región Autónoma del Chaco Tarijeño contaminan el río Pilcomayo y el Parque Nacional Aguaragüe que provee de agua a la región por incumpliendo normativas y vulnerando derechos consagrados, según la ciudadanía de Villa Montes.

El expresidente del Comité Pro intereses del Chaco Boliviano, Arturo Antonio Miranda, indicó que el impacto ambiental que genera Petrobras en la región se debe al incumplimiento de la ficha ambiental.

“A nuestro río Pilcomayo, a nuestras reservas naturales y el parque de áreas protegidas el Aguaragüe por una tubería que baja por la quebrada la Garganta en Tukainty en la entrada del bloque San Antonio, la licencia de la ficha ambiental indicaba que se tenía que perforar una roca, el cerro por donde tenía que pasar la tubería para no afectar el medioambiente. Pero Petrobras de una manera artera modifica la dirección y 300 metros entran por la quebrada La Garganta, el año pasado tuvieron problemas con esa tubería la quebrada se lo llevo y hubo contaminación por la pérdida de líquidos y gas licuable; luego hubo una contingencia y volvió a arrastrar la tubería de nuevo, las autoridades de la comunidad exigen atención y la empresa hace caso omiso”.

Por su parte, la responsable de Género de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Martina Vásquez, explica que la fuente de agua que prevé de agua a San Antonio se está secando.

“Tenemos un ojo de agua que justamente era nuestro sistema de agua para consumo humano se está secando…en el parque Aguaragüe no se encuentra agua porque han hecho la perforación de una planta petrolera que nunca nos han hecho la consulta como pueblos indígenas como dice la ley que tiene que haber consulta previa, participativa a los pueblos indígenas, peor si está dentro de nuestra área de influencia, sin embargo, nunca se nos toma en cuenta, nunca se nos ha consultado. Además el agua se secó porque 3 años atrás reventó el ducto de Petrobras; han hecho el túnel en el cerro y todos los animalitos que había se fueron a otro lado, usted sabe el daño que ha causado contaminación… ¿Cómo se puede hacer cumplir las leyes, normativas en Bolivia, cuál sería el mecanismo?” se pregunta la autoridad indígena.

El director del Parque Aguaragüe, Hernán Salgado, afirma que el derrame de petróleo en el área es de los afloramientos naturales de (forma natural) y no de las actividades hidrocarburíferas.

“Se dice que hay contaminación eso hay que tener claro las fuentes de contaminación que es de los afloramientos naturales, es decir antes de la actividad ya había esto, naturalmente de la roca hidrocarburos, sobre el mismo curso de agua sale esto y directamente va a la quebrada y para contra restar esto se tienen que hacer estudios biológicos que son caros y complicados porque son muchos los puntos de afloramiento…en toda el área debe haber 30 puntos de forma natural, tendría que ser una acción conjunta de autoridades locales y nacionales”, precisa Salgado.

Por otra parte, Vásquez pide a los candidatos nacionales en campaña reflexionar y aprender a respetar, “no actuar a capricho como las actuales autoridades sin pensar en la salud de la población dañando el medioambiente´, incumpliendo leyes, decretos, vulnerando derechos humanos”; insta a pensar en la sociedad civil.

Fuente: https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191002/nacional.php?n=39&-petroleras-incumplen-normas-ambientales

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Una comunidad indígena denuncia el desalojo de sus tierras en Paraguay por pistoleros brasileños (EL PAÍS)

PALABRAS CLAVE: PUEBLOS INDÍGENAS - PARAGUAY - TAKUA´I - AGRONEGOCIO BRASILEÑO SANTI CARNERI (EL PAÍS) 2019-01- 28 Los 300 integrantes de la comunidad de Takua'i llevan tres meses en tiendas de campaña en el centro de la capital, Asunción, tras haber sido expulsados Eran las cuatro de la madrugada de un domingo cuando el estudiante de Derecho de 34 años Derlis López abrió los ojos sobresaltado en su cama de madera. Dormía con su esposa y su hija cuando escuchó gritos en portugués: "¡Qué nadie se mueva! ¡Somos policía nacional! ¡Somo policías federales de Brasil!". Derlis saltó afuera de la casita de madera y pisó la tierra blanca mientras pensaba que ya todos en su comunidad estarían muertos. Una decena de pistoleros vestidos de negro y con mascaras avanzaban hacia la casa de enfrente, la de sus padres sexagenarios. Tiraban a matar. Su hija lloraba y su esposa le decía en guaraní que escapara: "Corré Derlis, por favor, corré. Te van a matar". Los gritos de su familia recibiendo patadas y culatazos de escopeta se mezclaban con el portugués de los paramilitares. Su hermano Arnaldo recibió un tiro en la pierna. No podía quedarse. Dos meses antes, Isidoro Barrios, estudiante de antropología de 27 años y, como él y las otras 300 personas que componen la comunidad, indígena de la etnia ava guaraní chiripá, había sido secuestrado y ejecutado. Descalzo y desarmado, Derlis se internó en el bosque. La comunidad paraguaya de Takua'i, ubicada a menos de un kilómetro de la frontera con Brasil, cerca del río Piraty, fue invadida el 28 de octubre del año pasado por una cincuentena de asaltantes que torturaron, con total impunidad, a sus habitantes. Varios vídeos grabados con teléfonos celulares recorrieron las redes sociales del país sudamericano exponiendo el comportamiento de los agresores, que también mataron a balazos gallinas y chanchos (cerdos) y quemaron las casas de los chiripá, la escuela y la iglesia. Humo negro y llanto fue lo único que quedó en el núcleo de este pueblo ancestral, descendiente de guerreros que enfrentaron a los colonizadores españoles hace casi 500 años. "Exigimos al Estado que devuelva las tierras a las comunidades. El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar nuestra cultura. El Ejecutivo debe resolver nuestra situación, no queremos que se derrame más sangre indígena. No merecemos morir, ni más violencia", cuenta Derlis a EL PAÍS en la plaza de Armas de Asunción, frente al Congreso paraguayo. En ese lugar, el pueblo chiripá lleva acampado desde hace tres meses en tiendas de lona para protestar por la persecución sufrida en su propia tierra. "Nuestros antepasados", prosigue Derlis, "ya murieron ejecutados por los españoles cuando llegaron y ahora sus descendientes debemos defendernos ante los bandeirantes(sic)". Las 1.000 hectáreas de tierra de los chiripá, documentadas por el Estado paraguayo desde 1981, son una ínfima parte de lo que en el pasado ocupó su pueblo ava guaraní, que se extendió por el actual Paraguay desde el sur de Brasil y Bolivia y hasta el norte de Argentina. Hoy, a vista de satélite, es el único espacio con naturaleza virgen que queda a lo largo de más de 600 kilómetros de esa zona de la frontera entre Brasil y Paraguay. Campos de soja de miles y miles de hectáreas y pasto para el ganado han sustituido el paisaje original. El día del desalojo, Derlis entró en el bosque escuchando el silbido de las balas rozarle el cuello. Corrió durante unas ocho horas entre víboras, jaguares y espinas. Atravesó una de las últimas reservas naturales de la mitad oriental de Paraguay. Y así fue que logró, al mediodía, alcanzar una comunidad del pueblo ava guaraní situada a 10 kilómetros de Takua'i y pedir auxilio de las autoridades en Asunción, donde los empresarios sojeros brasileños no tienen tan fácil el soborno de fiscales, jueces y policías. "Cuando los españoles vinieron a invadir las tierras indígenas, los chiripá eran la guardia principal del cacique Pará. Somos los descendientes de esos soldados", dice Derlis, sentado ahora con una sensación térmica de unos 45 grados por un sol eterno y una humedad de más del 80% a las siete de la tarde. Es miércoles 23 de enero de 2019 y acaban de asistir a la segunda audiencia en dos días concedida al grupo por el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Horacio Torres, encargado de promover la reforma agraria que promete la Constitución paraguaya, uno de los países con la mayor desigual tenencia de tierras del mundo donde apenas el 2,5% de la población posee cerca del 85% de las tierras agrícolas. Una reunión convocada tras tres meses de espera, marchas por las calles y tras un día entero acampando directamente en las puertas de la institución pública ubicada en pleno centro. Los chiripá pasaron el día anterior bloqueando pacíficamente con sus propios cuerpos las puertas de salida del Indert hasta que Torres aceptó recibirlos. Dentro de la institución, funcionarias y funcionarios gritaban que la policía cargase contra los manifestantes, en su mayoría mujeres y niños. Publicaban en Twitter diciendo que eran "rehenes" porque había pasado una hora y media de su horario de salida y no podían abandonar el edificio. En un vídeo viral una funcionaria clamaba por fuego y sangre y otro por la destitución hasta del ministro del Interior. El miércoles, los chiripá volvieron a entrar al Indert para reunirse con los directivos de la institución. Allí, conversando en guaraní, les explicaron con todo detalle, computadora y celulares en mano, donde está exactamente su comunidad, cómo les expulsaron y cómo, desde el 1 de septiembre del año pasado, sigue sin aparecer el cuerpo de Isidoro Barrios, del que sí encontraron restos de sus ropas e incluso de masa encefálica, según confirmó un forense de la Fiscalía. Los chiripá también denunciaron a las autoridades en la reunión que están convencidos que Fabio Sequeira Fernandez y Karina Correa Riveros, terratenientes productores de soja de la zona, fueron los que promovieron los ataques contra su comunidad. El titular del Indert prometió visitar la zona la próxima semana y mediar en el conflicto. "Él tiene todos los expedientes, es el exclusivo responsable y dijo que el lunes va a visitar la comunidad para verificar la situación", dice Derlis mientras su comunidad desarrolla un rito religioso. Suspira y mira hacia el centenario edificio de la Universidad Católica que se erige frente a sus carpas y recuerda que también ha perdido un curso entero de sus estudios de derecho indígena, precisamente, en esa misma universidad. LEA LA NOTA EN: https://elpais.com/internacional/2019/01/24/america/1548358447_334189.h…
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Bolivia and China: Indirect relations in a global market by Pablo Poveda (2010)
Poveda, Pablo. 2010. "Bolivia and China: Indirect relations in a global market". Edited by Alex E. Fernández Jilberto and Barbara Hogenboom in Latin America facing China: South-South relations beyond the Washington Consensus. CEDLA Latin America Studies (CLAS) 98. New York. Oxford: Berghahn Books
In this chapter, Pablo Poveda, a researcher with the Center of Labor and Agrarian Development Studies (CEDLA), discusses the prospects of the Development Plan of Bolivia´s President Evo Morales and the country´s future relations with China.
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Bolivia and China: Indirect relations in a global market by Pablo Poveda (2010)

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Empresas chinas y colombianas se benefician de una fiebre ilegal de oro en la Amazonia

PALABRAS CLAVE: CHINA / BOLIVIA / MINERIA / ORO /   Página Siete.- El sonido de la corriente de los ríos Kaka y Beni quedó enmudecido por los motores de las gigantes dragas chinas o “dragones” y otros planchones colombianos que coparon las orillas de esos causes de alfombras de piedras, a modo de “reposición del suelo” en áreas en las cuales, hace apenas dos años, aún se producía maní, frondosos platanales y surgían cítricos de varias especies. Los “dragones” llevan banderas bolivianas y hasta permisos de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM),  pero son imponentes dragas de fierro, operadas por personal  de empresas chinas.  Llegaron al país con fuertes capitales y dispuestos a explotar los recursos naturales no renovables. Para esto se asociaron con cooperativas locales que les entregaron sus extensas concesiones de terreno o cuadrículas (25 hectáreas) a cambio del 20% o 30% de las ganancias que obtengan por la explotación. En una travesía desde Caranavi, pasando por los municipios de Teoponte y Guanay, hasta llegar a Rurrenabaque, por el río Beni, con una parada en la comunidad de Mayaya, ANF pudo evidenciar la presencia de imponentes máquinas de hasta más de tres pisos de altura y 200 metros de largo, operadas por personal chino y, en menor cantidad, por  colombianos. Extraen imparablemente el oro desde el fondo del río. “Permisos desde arriba” “Lo peor es eso, que hay permisos desde arriba. Hemos llegado hasta al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Minería, a muchas instancias, y hemos chocado contra la pared (…) Me he sentido muy agredida. Nosotros somos un pueblo tranquilo, pacífico, pero también merecemos consulta”,  dice la alcaldesa interina del municipio de Teoponte, Patricia Calderón. El concejal Edwin Peñaranda, del área de Tierra y Territorio del municipio de Teoponte, considera que no sólo hay omisión en el tema, sino una clara complicidad de las autoridades vinculadas a la minería y de los propios cooperativistas, por permitir el saqueo flagrante del oro. “Hemos emitido notas el 14 de junio de 2017; hemos pedido informe al ministro de Minería, César Navarro; se ha solicitado información para saber cómo están ingresando al país los extranjeros, cómo han metido esos planchones para armar semejantes dragas. Enviamos notas a don Remberto Chávez, de la Federación Regional La Paz de Cooperativas Mineras Auríferas, el 22 de julio, y no recibimos ninguna respuesta. Se pasan la pelotita entre la AJAM, Minería y Medio Ambiente, nos mandan a la Gobernación, no hay seriedad para responder”,  reclama. “Dragones” y” loteamientos” Menciona que en una inspección municipal, realizada el 9 de agosto del año pasado, desde la comunidad de Mayaya, sobre el río Kaka,  hasta llegar al pueblo de Teoponte, se pudo evidenciar la presencia de siete dragas con los denominativos: Dragón 1, Dragón 2. “Ya hay muchos dragones y ahora vemos aquí, en el sector de Guanay, que también hay chinos en el río Challana, y  está lleno de colombianos. Es una pena para los teoponteños y por qué no decir, para los bolivianos”,  dice. ANF cuantificó aproximadamente diez dragas, ocho chinas y dos colombianas, desde la partida de Teoponte, pasando por Guanay, Mayaya, Yiquimuni y Puerto Pando; además de dos o tres máquinas listas para ser ensambladas, como si se tratara de juguetes mecánicos, pero en proporciones descomunales en tamaño y peso, y con un costo que va del medio a más de un millón de dólares. Peñaranda respalda lo dicho con documentos que saca de su escritorio y muestra el loteamiento de cuadrículas en las orillas de los ríos que conectan con la Amazonia dispuesto por la AJAM. En una carta firmada el 11 de julio de 2017, el director de la AJAM, Erik Ariñez, en respuesta a la solicitud de informe del Ministerio de Minería, señala:  “La AJAM no suscribió ningún contrato administrativo minero con empresas de nacionalidad china”. Lo cual deja entrever que la presencia china se debe a sus alianzas directas con las cooperativas. Sin embargo, en el mismo detalle de la AJAM, sobre las autorizaciones transitorias especiales por cuadrículas, antes conocidas como “concesiones”, a favor de  Jin Kang, figura como actor productivo minero de las áreas Amalia y Oriente II sobre 19 cuadrículas.  Cada cuadrícula mide 25 hectáreas de superficie. Según datos de Fundempresa, Jin Kang es una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Cochabamba, especializada en prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, comercialización, exportación de minerales y metales e importación de maquinaria. Cuenta con la matrícula de comercio 00178407. El informe de la AJAM muestra la situación en que se encuentran los permisos en Teoponte para la explotación de oro. Se emitieron cuatro autorizaciones transitorias especiales por pertenencias (exconcesiones), 29 autorizaciones transitorias especiales por cuadrícula, 52 contratos mineros que datan de antes de la Ley 535; 13 áreas mineras en trámite, un área en trámite administrativo en aplicación a la Ley 403 y cuatro áreas reservadas para el Estado. A este informe oficial se suma la circular 0002/2018 de 5 de abril de 2018, de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz   dirigida a sus afiliados, en la que detalla que 327 cooperativas auríferas que operan en el departamento no presentaron su documentación ante la AJAM para su control y fiscalización; mientras que otras 142 presentaron de manera parcial, pero aún así operan. Pero estas cooperativas se vieron favorecidas por una disposición de la AJAM que habilitó un nuevo plazo de 90 días para que éstas presenten el balance de sus estados financieros de la anterior gestión, la nómina de asociados, volumen y valor de la producción, excedentes y distribución por cada asociado, además de la planilla de pagos a los trabajadores. Para Peñaranda es difícil hablar de estos asuntos, más aún cuando los propios cooperativistas marcharon por el pueblo con dinamitas en mano en su contra. “Pero no puedo callar, ellos (los extranjeros) se llevan el 70% del oro y lo más triste es que ni siquiera lo venden en Bolivia. Mucha gente tiene miedo de salir a la prensa a dar algunas versiones porque pueden atentar contra tu vida, no sabemos qué tipo de personas están en este sector”, dice. La figura está clara para Juan Arnez, máximo dirigente del Control Social de Teoponte, quien lamenta que los cooperativistas manejen información “clasificada”. “Lo que hemos visto son contratos con las cooperativas mineras. Hay, por ejemplo, en Mayaya, tres dragas del señor Velarde, que ha hecho contrato directo con los chinos y así se van camuflando, pero no quieren apoyar en obras sociales”, denuncia. Arnez, que tiene más de seis décadas, lleva consigo recuerdos de los años 90, cuando la canadiense South American Placer, de la que era socio el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, explotó oro en la zona, antes de que Teoponte se convirtiera en municipio, pero no dejó “nada bueno al pueblo”.  Ahora teme que la situación sea mucho más grave, considerando la expansión acelerada de la presencia de empresas chinas en el país y que varias han demostrado prácticas poco amigables con la naturaleza. Guanay, la misma historia La segunda parada es el municipio de Guanay, a 256 kilómetros de La Paz, donde la problemática es similar a la de Teoponte, pero ahí, los representantes del Control Social y la presión del propio Consejo Municipal lograron parar las operaciones de una gigante draga que se instalaba. Jimmy Ruiz Smith, control social del municipio de Guanay, señala que en un operativo conjunto con el Concejo Municipal, la Armada Boliviana y la nueva Unidad de Minería de la Alcaldía, logró paralizar la instalación de una enorme draga ubicada justo en el cruce entre los ríos Challana, Tipuani y Mapiri. “Es una enorme draga china que la paramos porque existen requisitos dentro de las licencias de funcionamiento que deben presentar y esta cooperativa minera no ha presentado (…) Las autoridades municipales no autorizan este tipo de trabajos que vienen del Gobierno central, de la AJAM, del Ministerio de Minería, pero lo que nos preocupa es el daño ecológico, el daño al medioambiente”, señala. Al momento del operativo, los ciudadanos chinos dijeron tener permiso de la AJAM a favor de Challana River Golden. Recuerda que desde 2010, por ordenanzas municipales, se prohibieron trabajos mineros en el área urbana de Guanay y “eso se ha planteado porque una vez que empiece esa draga será imparable”. El presidente del Concejo Municipal, Uber Carrasco, asegura que en los dos últimos años se ha intensificado la presencia de colombianos y en mayor cantidad de chinos. Afirma que como autoridades locales en ningún momento autorizaron el ingreso de extranjeros para operar en la zona, a pesar de que estas empresas extranjeras se aliaron con cooperativas asentadas en la región. “Entendemos que los escombros que están dejando están entrando al río y eso va a generar desbordes. Tenemos una comunidad, Challana, que con la crecida de río podría ser muy afectada (…). Hoy por hoy nos preocupa el medioambiente, el ecosistema, la salud de nuestros ríos porque se podría sufrir una tremenda inundación”, asegura. Contaminación Para tener una idea más cabal de la problemática, la navegación se realizó desde Teoponte hasta Rurrenabaque, pasando por Mayaya, una comunidad estratégica, ubicada sobre el río Kaka, ahí la actividad minera es intensa.  Las relaciones entre comunarios y chinos son fluidas, los primeros se ocupan de proveer combustible en turriles y los otros de operar los gigantes dragones. Durante el viaje no sólo hay máquinas explotando oro, sino también otras que quedaron abandonadas en pedazos, mientras el río lava los fierros oxidados, contaminación que se une a la del mercurio empleado, que nadie controla. Waldo Valer, identificado como leco y conocido guía de turismo en Teoponte, recuerda que cuando era adolescente, los ríos de la zona eran cristalinos, las playas de las orillas sumamente fértiles y la actividad pesquera y barranquillera pujante. Como oriundo del lugar se siente indignado y dispuesto a denunciar el daño irreversible que se está ocasionando a la Amazonia, precisamente durante el gobierno de Evo Morales, que se reclama defensor de la madre tierra. Sospecha que detrás de esta minería depredadora “hay toda una estrategia promovida desde el nivel central para eliminar el ecoturismo y las actividades económicas y productivas de la región para imponer la mega-hidroeléctrica Chepete- Bala”. Los indígenas no tendrán más que aceptar el proyecto porque no les quedará nada más. Estimaciones preliminares muestran que la megarepresa Chepete- Bala inundará 48 comunidades indígenas, incluidas  áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi y Área de Manejo Integrado y la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, en el norte amazónico. Navarro: saneamos derechos mineros La presencia de gigantes dragas chinas y colombianas en la explotación del oro en los ríos Kaka y Beni del departamento de La Paz genera indignación en los municipios de Teoponte y Guanay, además del anuncio de peticiones de informe oral ante el Senado por parte de la oposición. Al respecto, el ministro de Minería, César Navarro dijo que el Gobierno se encuentra en fase de saneamiento de  cuadrillas  mineras y que a la fecha se revirtió a nivel nacional 400 áreas. “Ya hicimos  varias verificaciones, hay detenidos, hay denuncias. Parte de este proceso es que hemos revertido cerca de 400 áreas en todo el país (…). Estamos trabajando concesiones otorgadas en décadas y de hecho hemos saneado, estamos respetando los derechos preconstituidos de los actores mineros”, dijo. Añadió que  las cuadrículas que no cuenten con la titularidad del derecho minero serán revertidas.  Sin embargo. no precisó qué sucederá con aquellos casos en los que las cooperativas mineras que cuentan con la titularidad del derecho minero terminan entregando a los capitales extranjeros sus áreas de explotación minera, tal como sucede en Teoponte y Guanay. Tres a cuatro tienen contratos con chinos Sólo tres a cuatro cooperativas mineras que explotan oro en los ríos Kaka y Beni en el departamento de La Paz tienen contratos con empresas chinas, afirmó el especialista y asesor jurídico en temas mineros, Ramiro Paredes. El experto añadió que datos preliminares dan cuenta de que se trataría de contratos de “servicios” y no de asociación. “El caso de la investigación  se debe referir a tres o cuatro cooperativas, que representar al 1% del universo de cooperativas de la Federación Regional La Paz de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), porque si se habla de Guanay, Teponte y Mamaya es la jurisdicción de Ferreco, deben ser tres o cuatro casos”, señaló. El jurista confirmó así que la presencia de las chinas se debe a los contratos contraídos con las cooperativas mineras que cuentan con derechos mineros sobre cuadrículas situadas en las orillas de los ríos Kaka y Beni. Añadió  que no se trata de contratos de asociación, sino de servicios. “Lo que permite la Ley General de Cooperativas (356) de acuerdo al artículo 19 es la suscripción de convenios y contratos de bienes y servicios”, señaló el también exvocal del Tribunal Supremo Electoral. VER MÁS: http://www.paginasiete.bo/economia/2018/6/22/empresas-chinas-colombiana…;
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Ley Minera contraviene derechos constituidos

PALABRAS CLAVE: MINERIA / MEDIO AMBIENTE / LABORAL El Diario.- El abogado constitucionalista, Williams Bascopé señaló que la Ley 845, es inconstitucional ya que contraviene el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) que señala que la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral. La referida norma tiene el objeto de, revertir a dominio del Estado, áreas sobre las cuales las cooperativas mineras y empresas privadas nacionales o extranjeras tengan vigentes contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento. Bascopé explicó que las reversiones por parte del Estado siempre estuvieron en la normativa minera, y éstas se daban cuando las cooperativas incumplían las exigencias como la ficha ambiental y el pago de regalías, entre otros. “Cuando se incumplen normas, el Estado tiene el derecho y la obligación de revertir porque la CPE señala que si son de dominio estratégico del pueblo boliviano, el Estado es el que administra”, dijo. Sin embargo, aclaró que una ley al no especificar por qué razones se va a revertir una concesión vigente, puede constituirse en un instrumento de chantaje a ciertos cooperativistas o sectores sociales que no están alineados políticamente con el régimen imperante. En ese marco, lamentó que a la fecha haya un sinnúmero de actividades mineras ilegales como en el río Chaqueti, sector Arcopongo este último en la provincia Inquisivi, además de Sud Yungas en el departamento de La Paz, donde la explotación de oro es indiscriminada y contaminadora, ya que incluso hay yacimientos que no cuentan con ficha ambiental y están operando porque accedieron a favores políticos del actual Gobierno. Por otro lado, cuestionó el rol de la Asamblea Legislativa ya que está consagrada al tema netamente político sin respeto a la CPE ni las leyes. Según dijo los poderes camarales se convirtieron en operadores políticos proclives a garantizar la perpetuación en el poder del presidente, Evo Morales. “Es triste ver que el Parlamento se ha convertido en un poder que viola los mandatos de la CPE porque hay muchas leyes que han salido de ahí y que son inconstitucionales. En consecuencia, ha perdido su rol fiscalizador y de debates de políticas públicas en el país, solamente se han resignado a recibir proyectos de ley, a levantar la mano, y a poner el rodillo político para aplastar al contrario”, lamentó. LEY 845 En fecha 24 de octubre de 2016 se promulgó la Ley N° 845, que señala: “Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto: Revertir a dominio del Estado, las áreas sobre las cuales las cooperativas mineras tengan vigentes contratos con empresas privadas nacionales o extranjeras (…). Artículo 2. (REVERSIÓN). I. Se revierten a dominio del Estado, las áreas sobre las cuales existan contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento que actualmente se encuentren vigentes, entre las cooperativas mineras y empresas privadas nacionales o extranjeras”. VER MÁS: http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_05/nt180522/economia.php?n=1…
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85% de cooperativas mineras opera sin licencia ambiental

PALABRAS CLAVE: COOPERATIVAS MINERAS - LICENCIA AMBIENTAL - VULNERACIÓN DE DERECHOS LABORALES - COOPERATIVAS AURÍFERAS - FEDECOMIN - MERCURIO - MEDIO AMBIENTE - DEFORESTACIÓN  CLAUDIA SORUCO (ERBOL) 2018-05-22: Actualmente 1816 cooperativas mineras operan en Bolivia, de las cuales aproximadamente el  85%  lo hace sin licencia ambiental y muchas incluso vulnerando derechos laborales como el trabajo de menores de edad en sus operaciones. “Hace un tiempo que se emitió el último informe en relación a la minería en Bolivia y se ha determinado que solo 257 cooperativas tenían licencia ambiental de las más de 1.800 que operan en el país, eso significa que alrededor del 85% no tenían licencia ambiental y las cifras no han variado desde entonces y particularmente esto se circunscribe a la actividad del oro”, estableció Héctor Córdoba, ex viceministro de minería y experto del área de la Fundación Jubileo. La rendición pública que presentó en enero de 2018 el Ministerio de Minería y Metalurgia estableció que entre 2006 y 2017 el número de cooperativas mineras en todo el país  se incrementó en 49,83%, vale decir, de 911 a 1816. “La mayoría están concentradas en el departamento de La Paz y llegan a más de 1.200, cerca de 1.000 son cooperativas auríferas,  mientras que las otras están distribuidas en Beni, Santa Cruz, Potosí y Oruro”, detalló Córdoba. Un informe público y general del Viceministerio de Cooperativas Mineras, estableció, por ejemplo, que de las más de 1.200 operaciones en el departamento de La Paz, 180 contaban hasta hace más de dos años, con licencia ambiental, es decir, solo un 15%.  A la fecha, la situación no ha variado, al igual que en otras regiones, como Cochabamba, donde el 80% de las  44 cooperativas mineras que operan carecen de licencias ambientales, según informó la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin). Tomando en cuenta que en La Paz se concentra el mayor número de las actividades mineras y con la carencia de licencias ambientales, Saturnino Huaywa, Presidente de la Central de Lambate, Sud Yungas, afiliada a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO - La Paz), aseguró que el trámite para la obtención de estos permisos es burocrático y toma demasiado tiempo, por lo que de las 24 cooperativas pertenecientes a su asociación regional sólo la mitad cuenta con este documento. “El medio ambiente nos está molestando, y es que simplemente antes no habían estas leyes. Antes los compañeros de la comunidad no sabían lo que era el medio ambiente, ahora estamos más atareados con las leyes. El trámite (para la licencia ambiental) tarda mucho. Tenemos muchas leyes encima, por eso pedimos a las autoridades que revisen y que haya mayores plazos”. Huaywa negó que sus afiliados utilicen mercurio para sus operaciones, sin embargo manifestó que es regular el uso de dinamita y solicitó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales  “apoyo en  maquinaria, proyectos de electrificación y diesel, porque consumimos harto”. Además piden que se abran caminos en esos sectores de explotación minera. Explotación y deforestación constantes Ante esta situación y recientemente, el senador por Unidad Demócrata, Yerko Núñez, denunció que cinco cooperativas auríferas llevan adelante una explotación indiscriminada en el sector de Arcopongo de la provincia Inquisivi. Pese a las constantes solicitudes de informe, las autoridades de Gobierno no dan cuenta si éstas tienen sus respectivas licencias ambientales. “Hemos llevado adelante una inspección a la altura del río Chaquety, para verificar diferentes denuncias sobre explotación de oro  y efectivamente hemos visto que estas cooperativas mineras están robando y destruyendo los recursos naturales, están contaminando el río con mercurio, lo que pone en riesgo la vida de los pobladores. La explotación de oro la están haciendo durante seis años”,  manifestó. Empero, este conflicto de explotación ilegal de oro en esa región se arrastra desde el 2014, cuando se registraron enfrentamientos entre mineros cooperativistas de la localidad Palma Flor y mineros de la cooperativa Ullakaya Condorini por unos predios en el río Chaquety con el saldo de tres muertos y 13 personas aprehendidas. En esa oportunidad, el Ministro de Minería, César Navarro resolvió parar temporalmente las actividades mineras en ese sector, “definiendo de manera estructural la cancelación de todos los trámites de explotación de las cooperativas que tienen personería jurídica y otras que no tienen personería jurídica”, manifestó la autoridad. En ese entonces también hubo el compromiso desde la Gobernación y Ministerio de evitar cualquier tipo de actividad ilegal en esta región: “No se permitirá ninguna actividad de carácter ilegal que dañe el medio ambiente y tampoco se va a permitir que comunidades o cooperativas se enfrenten y tengamos daños humanos que lamentar”. Las imágenes registradas por la comisión encabezada por Núñez dan cuenta de una clara deforestación, contaminación del río, uso de combustibles y maquinaria pesada. Vulneración de derechos laborales El 2016, el Viceministerio de Cooperativas Mineras, a la cabeza de José Luis Chorolque, informó que  del total de cooperativas registradas hasta ese año en Bolivia (1806), hubo un registro de más de 122 mil socios, lo que a la fecha se ha incrementado en unos  dos mil. Pero lo preocupante, que denuncia el ex viceministro de Minería, es que existen operaciones mineras que en zonas alejadas usan en sus labores a jóvenes menores de edad de unidades educativas aledañas. “Se han visto casos que en cooperativas habrían subcontratado a terceras personas y casi en estado de esclavitud porque la remuneración era miserable. Hubo, por ejemplo cooperativas que subcontrataban a jóvenes de colegio para ingresar a lugares a los que ellos no ingresaban,  esta situación anómala es un factor que tampoco se puede controlar con facilidad, porque en algunos casos para lograr una permiso de la comunidad, las cooperativas concretan acuerdos  para que los miembros de la comunidad puedan ingresar a la mina en momentos en que sus socios salen un día a la semana y la comunidad entra para sacar mineral como una cierta remuneración por el trabajo que hacen ahí”, detalló Córdoba. El trabajo minero requiere de un buen manejo de sustancias como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y disolventes para separar los minerales de la mena, además de dinamita  y maquinaria pesada, sin embargo, para Córdoba, el déficit de espacios laborales en Bolivia y los bajos ingresos han obligado a muchos pobladores de área rurales a pasar de sus actividades y de la agricultura a la minería con los riesgos que conlleva en su salud y su vida.  “Trabajar en una cooperativa es un sacrificio muy grande y gigantesco  y hay mucha gente que sin ser saber de minería trabaja en esto y sacrifica su vida. Además arriesga el medio ambiente al desconocer las normas elementarles del sector minero”, finaliza el ex viceministro. Ante esta otra realidad de la minería en Bolivia el cooperativista Saturnino Huaywa pide al Gobierno mayores espacios de trabajo para “deje trabajar a los bolivianos. Porque hay harta empresa china que no deja regalías en el país y no nos dejan trabajo. Se gana algo, pero tampoco tenemos grandes ingresos”.   LEA LA NOTA ENhttp://www.erbol.com.bo/noticia/economia/21052018/85_de_cooperativas_mi…  
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Anuncian que ingenio ׳Lucianita׳ y el dique de colas de Huanuni funcionarán desde mayo

PLABRAS CLAVE: MINERIA, HUANUNI, ESTAÑO, ORURO, BOLIVIA JORNADA.- El gerente de la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH), Guillermo Dalence, anunció ayer que el ingenio ׳Lucianita׳ y el dique de colas de ese municipio funcionaran desde el 1 de mayo. "Se ha establecido con la empresa constructora del ingenio Lucianita, que debe hacer una limpieza y empiece a funcionar, yo pienso que desde el 1 de mayo, haremos todos los esfuerzos para que funcione el ingenio de Lucianita y las otras instalaciones como el dique de colas", informó ante la Brigada Parlamentaria de Oruro. Explicó que el Gobierno nacional invirtió en el ingenio ׳Lucianita׳ 50 millones de dólares y para la construcción del dique de colas 112 millones de bolivianos, además de otras inversiones en el sistema de recirculación de aguas, que demandó una inversión de 3 millones de dólares y la planta de tratamiento de aguas un poco más de 1 millón de dólares. "Estamos hablando de una inversión de unos 125 millones de dólares", precisó. El ingenio ׳Lucianita׳ fue instalado por la empresa china Visctar, y cuando opere podrá procesar 3.000 toneladas de estaño por día. VER MÁS: http://www.jornadanet.com/n.php?a=148714-1
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Defensores de dos lagos y un río en Oruro declaran emergencia por contaminación de Huanuni

Radio Fides.- La Coordinadora de Defensa del Rio Desaguadero y los Lagos Uru Uru y Poopó (Coridup) se  declaró en estado de emergencia ante el incumplimiento de la Empresa Minera Huanuni que continúa contaminando la zona, mientras no existe fecha para la entrega del dique de colas que está en construcción. Incluso advierte con iniciar acciones penales contra la estatal. El presidente de Coridup, Jaime Caichoca, recordó que en 2006, las comunidades afectadas lograron que se promulgue el Decreto Supremo 0335 que obligaba a esta empresa a contar con su dique de colas máximo hasta el año 2011, sin embargo hasta la fecha –después de siete años- no se ha cumplido. El representante de la entidad explicó que son varias comunidades, no solo de la Provincia Pantaleón Dalence, sino inclusive de la Provincia Poopó, las directas afectadas por esta contaminación. “Por ejemplo, a las comunidades que se encuentran en la Central Agraria, Sora Sora que aglutina a 11 comunidades, también tenemos registrado a la Central Cochipiaca, la que aglutina a cuatro comunidades, y dentro de ellas existen otras comunidades de la provincia Poopó que están siendo afectadas en forma directa por estos residuos mineralógicos”, sostuvo. Caichoca mencionó también que la normativa ambiental en casos de contaminación minera apunta a sanciones administrativas para los infractores, pero en este caso de Huanuni, ellos lo tipifican como delito ambiental y como tal anuncian que acudirán inclusive a las instancias penales que corresponde. “Los efectos en estas comunidades ya son notorios y vamos a pedir el resarcimiento pertinente”, dijo. VER MÁS: http://radiofides.com/es/2018/01/28/defensores-de-dos-lagos-y-un-rio-en…
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Trump revierte medidas ambientales en EE.UU. que abren la puerta a proyecto minero de los Luksic

América Economia.- La administración del presidente Donald Trump, aprovechó la época de vacaciones en EE.UU. para revertir varias leyes relacionadas con la energía, la minería y el transporte. Una de esas medidas es a favor de la empresa Twin Metals Minnesota, una filial del gigante minero chileno Antofagasta PLC, controlado por la familia del multimillonario Andrónico Luksic. Las medidas, que estratégicamente fueron poco comentadas en los medios, representan una marcha atrás a la regulación medioambiental impulsada por la administración de Barack Obama, publica triplepundit.com. En el caso del proyecto minero, Trump revirtió la acción de su antecesor que declinaba la renovación  de los arriendos de cobre y níquel en 234.000 acres de tierras que bordean el refugio medioambiental Boundary Waters Canoe Area Wilderness, al norte de Estados Unidos y protegido desde 1926. La acción de la administración Trump –que atenta contra una extensión de 1.200 millas de rutas de canoa, 2.000 campamentos y 12 rutas de senderismo en un millón de acres enclavadas en la frontera con Canadá- le permitirá a Twin Metals Minnesota, explorar una de las mayores reservas mundiales no explotadas de cobre y níquel del mundo. En un comunicado, Twin Metals Minnesota se mostró satisfecha por la decisión, que calificó como “un importante paso para asegurar la certidumbre de las inversiones en proyectos mineros en EE.UU. y reafirmar los derechos de propiedad y el estado de Derecho”. Un dato que dejó pasar la Casa Blanca, es que la familia Luksic - beneficiada con la medida-, alquila su mansión de Washington a la hija del presidente Trump, Ivanka Trump, por US$15.000 al mes. Sin embargo, un funcionario de la Administración aseguró que  “ni la señora Trump ni el señor Trump estaban al tanto de la situación, no tienen nada que ver con ella, y nunca han conocido a su casero”. Suavizan regla de Sistemas de Seguridad de la Producción. La Oficina de Seguridad y Medio Ambiente de Aplicación (BSEE, por sus siglas en inglés), que se encarga de hacer cumplir la seguridad del trabajador y la protección del medio ambiente dentro de la industria del petróleo y el gas, comunicó que hizo mejoras a las reglas de producción orientadas a reducir los diversos riesgos ambientales y de seguridad, que le permitirá ahorrar a la nación unos US$228 millones. “Estoy seguro de que esta revisión de la Regla de Sistemas de Seguridad de la Producción nos mueve hacia el cumplimiento de la meta de la Administración de lograr el dominio de la energía sin sacrificar la seguridad”, dijo el director de BSEE, Scott Angelle. El funcionario aseguró en una declaración pública, que “al reducir la carga regulatoria en la industria, estamos alentando el aumento de la producción nacional de petróleo y gas a la vez que mantenemos un alto nivel de seguridad y sostenibilidad ambiental”. Las reglas, que fueron suavizadas, habían sido diseñadas para reducir los riesgos ambientales de eventos como la explosión de 2010, que causó la muerte de 11 trabajadores y provocó el desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México. Revocó reglas anti-fracking. Durante el último día hábil antes del fin de año, la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) rescindió las normas de 2015 que promulgaron limitaciones sobre fracking en tierras públicas. Aunque los litigios en cursos habrían impedido que las regulaciones entren vigencia, la Oficina decidió cambiar las reglas de juego para “reducir la carga de las regulaciones federales que obstaculizan el crecimiento económico y el desarrollo energético”. Dentro de sus anuncios de cierre de año, la BLM dijo que unos 1.700 pozos de fracking están programados para iniciar perforaciones en territorio federal, pero también de nativos americanos, durante el actual año fiscal. Revierte política de protección a aves migratorias. Otras de las medidas tomadas por la administración Trump, esta vez en la víspera de Navidad, tiene que ver con la extracción de minerales. El departamento del Interior eliminó una política diseñada para la protección de las aves migratorias, que implica un retroceso de cien años, según la Sociedad Audubon. Aunque la decisión no significa que las empresas tienen libertad para destruir con el hábitat de las aves, si implica que muchas de las compañías dejen de invertir en tecnologías o desarrollen medidas preventivas para evitar la muerte de estas especies. De acuerdo con la Sociedad Audubon, la reversión de estas reglas revierte 100 años de progreso que datan de la aprobación de la Ley del Tratado de Aves Migratorias (MBTA) en 1918. “Eliminar la MBTA va en contra de décadas de precedentes legales, así como principios conservadores básicos ", dijo David O'Neill de la organización, en un comunicado. “Durante generaciones, los republicanos y los demócratas han adoptado tanto la conservación como el crecimiento económico y ahora esta Administración los enfrenta unos a otros”, añadió. VER MÁS: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/trump-revierte-medi…
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