POR JAVIER DARIO RESTREPO

Las calculadoras del ministerio de minas y de la Asociación Nacional de Minería han estado activas para registrar las cifras claves del debate que encendieron los votos de la Consulta Popular de Cajamarca.

La cifra principal que desvela a los directivos y accionistas de la Anglo Gold Ashanti son esos 28 millones de onzas de oro que esa empresa busca desde hace 10 años. El gobierno colombiano agrega su cifra de 15 billones de ingreso en los próximos 30 años; y como cifras secundarias La Colosa en el período de exploración, que es el actual, genera 400 empleos año y en la etapa de producción tendrá mil.

Cada una de esas cifras explica la vehemencia y el vigor con que gobierno y empresa defienden su proyecto.

En la otra esquina, como vociferan los locutores de boxeo, están los ciudadanos de a pié. No creen necesitar cifras porque lo suyo han sido los hechos: sus fuentes de agua amenazadas, sus bosques en peligro de tala, su medio ambiente como nunca antes en riesgo inminente. Además, la vocación agrícola de la población bajo una oscura perspectiva de desaparición.

Puestos sobre la mesa estos datos del problema, resulta que los primeros defienden con todas las armas su trabajo y su negocio. Hay una mal disimulada ansiedad en los agentes de prensa de la empresa; una indignación contenida en los ejecutivos que miran desde arriba a los votantes que el domingo 26 le dijeron No a la minería. Uno como ellos, el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales se asombra: “este tipo de decisiones, con un contenido técnico tan grande, es riesgoso dejárselo a las comunidades” Según él los votantes del domingo 26 no tienen capacidad para evaluar la magnitud del negocio ni para prever las consecuencias de una decisión como la que tomaron. El gerente de asuntos corporativos de la empresa minera se preocupa: quedarán sin trabajo 400 mineros. Pero ve salidas: “los efectos de la consulta, dice con lenguaje de abogado, sirven a futuro, no son retroactivos”. Lo dice esperanzado, porque de ser así todo continuará igual en la Colosa. También lo cree así el viceministro de minas: “no hay claridad sobre el efecto vinculante”. Con toda su alma desea que no pase nada a pesar del casi 100% de los votos en contra de la minera.

A su vez, tras los aplausos y celebraciones, los abogados amigos de Cajamarca afirman: el resultado de la consulta es vinculante y obligatorio. Lo ratifica Diana Rodríguez, investigadora de Dejusticia: “es obligatorio, lo establecen las leyes 134 y 1757”, y agrega:” en Colombia los títulos mineros son de expectativa y no un derecho adquirido”.

Es natural que la empresa quiera defender sus títulos, pero está más allá de su campo de comprensión lo que sí ven con claridad los votantes: en su municipio la actividad minera cambiaría, para mal, sus tradiciones, su modo de vida y su entorno. Mientras tanto en este debate ha sido evidente:

1.- Que el gobierno nacional está del lado de la empresa, siguiendo la misma política del gobierno anterior de proteger al inversionista con todas las armas y, a pesar de las consecuencias.

2.- Existe un mal disimulado desprecio por el ciudadano común. Se le ve incapaz de medir las consecuencias de sus acciones. Según esto, las razones de los electores del 26, dictadas por sus sentimientos y no por frías razones técnicas, representan un peligro.

3.- Lo más evidente: el brillo del oro enceguece a gobernantes, empresarios y negociantes. Se necesita mucha libertad y lucidez para proclamar que se puede vivir sin oro, pero no sin agua y sin bosques.
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