“Este lugar era libre. Íbamos a bañarnos. Se podía lavar ropa”, dice una mujer mirando hacia el predio de la minera Dracruz que ha colocado el letrero: “Prohibido el ingreso. Propiedad privada”, a orillas del río Piraí en el distrito de Limoncito, municipio de El Torno, un lugar simbólico para Santa Cruz. El 14 de febrero, los vecinos del poblado tomaron el terreno, sacaron a los cuidadores y expulsaron simbólicamente a la empresa que tiene una chancadora, extrae áridos y oro.

El río Piraí nace en el río Bermejo y recorre los municipios que forman parte de la región metropolitana cruceña: El Torno, La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, Porongo, Warnes y Montero. La extracción de arena, piedra y otro material de construcción a cargo de empresas o de cooperativas es una actividad en todo el curso del río.

Unas semanas antes, el 25 de enero, la Asociación de Municipios de Santa Cruz convocó a la prensa a un operativo de “desalojo y posesión de 16,5 hectáreas de áreas verdes en la localidad de Limoncito, donde actualmente funciona la empresa de áridos y agregados Dracruz”. El Gobierno Municipal de El Torno puso un letrero de “área de equipamiento”, decomisó 14 maquinarias y 80 mil metros cúbicos de material procesado, informó Boris Antonio Miranda, director jurídico de la alcaldía.

A la vez, en presencia del comandante de la Policía y una notaria de Fe Pública se identificó a cinco personas con explosivos de fabricación casera en sus mochilas. Miranda explicó que “el viernes 27 de enero, el juez cautelar ha sentenciado a tres personas y dos de ellos se han acogido a salida alternativa, que es la suspensión condicional del proceso”, por los delitos de fabricación ilícita de explosivos (Ley 400), asociación delictuosa e impedir y estorbar el ejercicio de funciones.

No han querido desalojar, “han armado promontorios de tierra, tipo barricadas, han acomodado su maquinaria, sus volquetas, para impedir el ingreso de funcionarios municipales. Es más, han colocado una cerca eléctrica estos últimos días”, comenta el abogado Miranda. En sus manos tiene la inscripción en Derechos Reales a favor del municipio.

Las versiones difieren acerca de cuántos años lleva Dracruz en la explotación del área. El propietario Enrique Cruz Villarroel asegura que tiene 25 años de posesión del predio, donde ahora está su chancadora y que tiene un juicio por usucapión en marcha para conseguir el derecho propietario.

Los reclamos vecinales se remiten a años pasados. “Todo lo cerró el dueño. Fue comprando a todas las autoridades. Ha ido pisoteándonos y quitando las áreas verdes del pueblo”, dice la mujer de 45 años, que decide presentarse como Elizabeth.

La minera

“En algún momento ha ingresado a este terreno para realizar una explotación ilegal de áridos y agregados. No tiene ninguna autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa de Minería (AJAM), tampoco por parte del gobierno municipal. Su actividad ha sido ilícita, todo ha sido para el enriquecimiento del propietario”, dice el abogado Miranda.

En su oficina del octavo anillo en la capital cruceña, Cruz Villarroel dice que el municipio no tiene tuición sobre su actividad porque no extrae áridos y agregados. “Al explotar material bruto, que incluye rocas, y triturarlo en mi chancadora, es actividad minera y el municipio no tiene competencia sobre mi planta ni la extracción que yo hago de mis concesiones mineras”, dice.

El Sistema de Información Integrado de la AJAM registra 12 concesiones, legalmente denominadas autorizaciones transitorias especiales (ATE), a nombre de Enrique Luis Cruz Villarroel, en el departamento de Santa Cruz, que pagan impuestos, pero no es posible saber la locación de cada caso. Él asegura que son muchas más, aunque las que proveen de materia prima a su chancadora en Limoncito no figuran en el mencionado listado.

“Tengo varias concesiones, en total son alrededor de 23 ATE en el departamento de Santa Cruz, pero las que explotamos en ese sector o desde donde llevamos material a nuestra planta chancadora es la de Nueva Esperanza, en La Guardia, y en el sector de El Torno, que están (a una distancia de) entre 800 metros a dos kilómetros de la chancadora, se llaman San Juan, San Diego y Limoncito II”, explica Cruz Villarroel.

El empresario comenta que esos derechos mineros no figuran en el sistema porque le fueron revertidos en el marco de “una persecución” de anteriores autoridades del Poder Ejecutivo. “Me mandaron a reversión tres áreas mineras en La Guardia y luego el saldo de las concesiones que tenía”, explicó.

Pero eso no lo detuvo, pues aún las explota. La Sentencia Constitucional 0287/2019-S1 ordenó revisar la reversión de las ATE por haberse cometido un error de procedimiento en la inspección, o más precisamente por haberse realizado inspección a los predios sin la presencia del propietario. La sentencia implica que “la autoridad demandada deba emitir nuevas resoluciones”. Y esto fue lo que no se hizo desde hace ya casi cuatro años.

Cruz asegura que esa indefinición jurídica de sus concesiones no es su responsabilidad, sino de las autoridades del Ejecutivo que no actúan en este caso.

El dirigente Basilio Pérez, presidente de la Unión de Juntas Vecinales Distrito 3 Limoncito urbano, dice que “la chancadora se ha asentado hace 17 años de forma ilegal, comprando dirigentes y autoridades”. Los vecinos también piensan que no se pueden fiar de las autoridades porque favorecen a la empresa.

En Limoncito

El área de la empresa en Limoncito tiene una pequeña construcción de tres habitaciones, un galpón y una casa remolque vetusta para la familia del cuidador. Además tiene generadores de energía. El área está erosionada y deforestada, y una vista aérea muestra grandes pozas ya tapadas después de haberlas explotado.

El daño ambiental está en plena verificación, según el abogado Miranda, que apunta que “las riberas han sido explotadas durante muchos años y con una actividad que ha sido intensa”. El dirigente Basilio Pérez también identifica esos impactos: “El cordón ecológico lo ha acabado, y hay daños ambientales de los motores a gasolina y diésel, estaba desechando todo al mismo río, aceites y todo eso”.

El empresario Cruz, mientras tanto, asegura que “no hay a quién presentar” sus informes ambientales debido a la indefinición, según él, en la que han quedado las ATE mineras. Este hecho es importante si se considera que también existe una extracción de oro.

“Les he demostrado, porque no creían el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Minería, que no hay quebrada ni río que no tenga oro… La única diferencia es que el oro que se puede encontrar en las quebradas o en los afluentes, de donde yo saco, de mis concesiones de banco seco, no es un oro rentablemente, es decir de 40 viajes que proceso saco dos gramos o un gramo, no compensa económicamente para hacer una explotación, pero sí tiene y lo recuperamos”, comenta Cruz Villarroel.

Los comunarios insisten en que la empresa debe irse porque hasta ahora se mantuvo pagando prebendas. “Dicen que el dueño pagaba 21 mil bolivianos al pueblo cada año. Eso servía para hacer algunas obras”, cuenta un vecino que pide no publicar su nombre. Varios coinciden en que la empresa pagaba anualmente 3.000 dólares a la comunidad, antes de que fuera distrito urbano, para usarlos en paliar necesidades colectivas, pero eso se terminó hace unos cinco años.

Todo el conflicto está plagado de señalamientos recíprocos de violencia, corrupción e intereses personales entre dirigentes, vecinos y el empresario. Y esas acusaciones se acentúan por momentos, como lo sucedido el 14 de febrero cuando los vecinos tomaron el predio y maniataron a cinco personas, entre ellas Carlos Chalup, asesor y consultor de la empresa. Mientras yacían echados boca abajo en el suelo, varias mujeres les recriminaban a gritos por la muerte de un dirigente vecinal y el atropello a otro con una moto.

Dos días después, Cruz Villarroel retomó por la fuerza el predio que ya no tenía custodia policial ni vigilia vecinal. También por esos hechos hay denuncias y contra denuncias presentadas y abiertas ante el Ministerio Público.

Uso cotidiano

En general, los vecinos desconocen estos aspectos técnicos y económicos. Su reclamo tiene que ver con un uso cotidiano del río que les es negado. “Muchos vecinos que llevan su ganado a tomar agua, tienen que caminar casi hasta Jorochito (el otro pueblo) porque aquí no se puede entrar”, dice otra persona. Patricio Banegas, del barrio Santo Corazón, comenta que “el área era monte y la entrada al río era libre, ahora nos han puesto tranca”. “Ellos dicen que son dueños, pero es pura mentira. Ellos se creen dueños”, explica.

El abogado Boris Antonio Mirada explica que en las 16,5 hectáreas que el municipio reclama, “tenemos siete hectáreas útiles, y el resto corresponden al cordón ecológico. En esa área que se puede usar, el GAM quiere hacer una fábrica de losetas y analiza implementar un sistema de disposición final de desechos para alcantarillado biológico, y eso va a permitirnos hacer un compromiso para (construir un) hospital de segundo nivel”.

El lugar, donde los campesinos también se bañan y lavan ropa, es patrimonio histórico y natural, en toda su extensión, considerada un referente importante de la historia cruceña.