Madidi: Seis de nueve empresas mineras que sacan oro en el río Tuichi son ilegales

Fuentes del Sernap calculan que en todo el Madidi se instalaron 55 cooperativas mineras y que se tramitan 50 solicitudes de autorización para explotar minerales en diferentes partes del parque nacional

De nueve proyectos mineros que explotan oro en la cuenca del río Tuichi, dentro del Madidi, solo tres cuentan con licencia ambiental y, por lo tanto, operan de manera legal, según fuentes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que calculan que en todo el parque nacional se instalaron 55 cooperativas mineras.

Las cooperativas mineras auríferas Santa Rosa de Apolo RL, Virgen del Rosario Tuichi Ltda y Real Santa Rosa Ltda trabajan en el Tuichi con licencia ambiental, mientras que las cooperativas Playa Rica RL, Suyo Suyo Ltda, Apóstol Santiago RL y Fundadores de Azariama, así como las empresas mineras Taruzani SRL y Mohina Apolo SRL no tienen autorización ambiental, detallaron.

Las operaciones con licencia tratan de cumplir las disposiciones ambientales de la Ley de Minería y del Sernap, “pero aún les falta ser ambiental y socialmente responsables”, indican las fuentes, que prefieren mantener su nombre en reserva y que consideran que “la minería, en términos generales, es destructiva”.

El lunes, la directora ejecutiva de la Autoridad Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, informó que la institución no otorgó ningún “derecho para que se pueda trabajar en áreas protegidas ni tampoco ninguna autorización para que se pueda explotar mineral” en esas zonas.

Legalidad incierta

Los derechos mineros que existen en la actualidad en el Madidi, explicó, fueron otorgados antes de 2014, durante la vigencia de la Ley 1777, y no están avalados por la nueva Ley 535 de Minería.

El Madidi se extiende por cinco municipios (Apolo, Pelechuco, San Buenaventura, Ixiamas y Guanay) de las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y Larecaja del departamento de La Paz. Las fuentes del Sernap indicaron que en todo el territorio del área protegida se identificaron 55 cooperativas mineras y que hay 50 solicitudes de aprobación de operaciones en todo ese parque nacional.

En la cuenca de Tuichi, 36 cooperativas preconstituidas tramitan ante las autoridades su funcionamiento en esa zona.

Las fuentes del Sernap informaron que no han podido evitar que la minería ilegal ocupe espacios del Madidi por cuestiones de logística, falta de personal y, principalmente, porque la institución no cuenta con el apoyo de las autoridades locales ni de la población, ni tiene convenios con la Policía y Fuerzas Armadas.

“Las comunidades próximas a estas cooperativas mineras que operan en proximidades al río Tuichi les dan todo el apoyo a los cooperativistas”, lamentaron.
Albino García, ex presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, cuestionó la demora en la aprobación de contratos en instancias de la AJAM.

“Más allá de estar buscando identificar quiénes están haciendo minería ilegal, la AJAM debería de ocuparse de dar celeridad a estos trámites a objeto de que los mismos actores mineros no entren en la ilegalidad”, dijo. Según García, la actividad “está aliviando en gran medida el desempleo que existe en el país”, el cual fue agravado por la pandemia.

Ayer, la Coordinadora en Defensa de la Madre Tierra organizó un plantón en el ingreso a las oficinas del Sernap en La Paz, con el objetivo de entregar a las autoridades de la institución cartas “contra la depredación provocada por la minería” en el Madidi.

Las agrupaciones ciudadanas que conforman la Coordinadora no pudieron cumplir su cometido, porque se los impidió un grupo de civiles que custodiaban el ingreso al edificio, entre ellos pobladores de Virgen del Rosario y cooperativistas mineros que explotan oro en el Tuichi. “Ellos son quienes amenazan constantemente a los guardaparques”, denunciaron funcionarios del Sernap.

A su vez, la senadora Cecilia Requena, denunció que “activistas en defensa del parque nacional Madidi enfrentaron la agresión de mineros en el plantón pacífico”, lo cual revela “la alianza entre la minería cooperativista del oro y las autoridades del Sernap, responsables de las áreas protegidas del país”.