Las audiencias se efectuarán desde esta semana en Washington dentro del proceso arbitral que le inició a Bolivia, la empresa minera canadiense South American Silver (SAS) por el retiro en 2012 de su concesión para explotar un yacimiento en el norte de Potosí.

El gobierno boliviano confirmó su asistencia a las audiencias que se efectuarán desde esta semana en Washington dentro del proceso arbitral que le inició la empresa minera canadiense South American Silver (SAS) por el retiro en 2012 de su concesión para explotar un yacimiento en el norte de Potosí.

Las audiencias se llevarán a cabo desde el lunes en la sede del Banco Mundial, en la capital estadounidense, informó la Procuraduría General del Estado en un comunicado.

La delegación boliviana estará conformada por el procurador Héctor Arce, la subprocuradora Carmiña Llorenti, y el Director de Defensa, Pablo Menacho, además de asesores del Bufete Internacional Dechert LLP.

La SAS es la matriz de la compañía minera Mallku Khota que hizo trabajos de exploración en esa misma mina y que certificó la existencia de importantes reservas de plata e indio. A pesar de esto, la concesión le fue anulada en 2012 por el presidente del país suramericano Evo Morales.

El Gobierno boliviano no reconoce la relación de dependencia entre la minera canadiense y Mallku Khota, y acusó a la empresa extranjera de haber usado ilegalmente el valor de ese yacimiento para incrementar sus acciones en bolsas de valores internacionales.

La mina, que se encuentra a 350 kilómetros al sur de La Paz, en la región de Potosí (suroeste), era explotada desde el año 2007 y fue objeto de fuertes disputas entre indígenas y mineros antes de pasar a manos de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

La empresa canadiense defendió en su momento que el yacimiento no tenía valor económico concreto antes de su exploración pero que después de años de estudio sobre sus reservas de plata e indio se calcula que la mina estaba valorada en 2.000 millones de dólares.

La Procuraduría recordó que SAS inició en 2013 un proceso ante la Corte Permanente de Arbitraje por la supuesta violación de sus derechos como inversionista y exigió al Estado boliviano una indemnización de 385,7 millones de dólares.

Antes de llegar a la audiencia, se desarrolló una fase escrita en la que hubo dos rondas de memoriales presentados por la empresa demandante y por el Estado boliviano