La Razón.- Desde 2014 hasta la fecha, un total de 673 concesiones mineras privadas que no tenían actividad ni inversión fueron revertidas a favor del Estado, informó el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Erik Ariñez.

Las áreas intervenidas se encontraban cedidas para la explotación de una variedad de minerales como oro, plomo, estaño y cobre.

“(La reversión es para) aquellos actuados productivos que no estuviesen cumpliendo con una función económica social y que no estuviesen realizando actividades mineras en las áreas donde tienen derechos”, explicó Ariñez.

El Viceministerio de Política Minera, dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, es el que se encarga inspeccionar y verificar si no hay actividad minera; posteriormente, brinda un informe a la AJAM para sea esta instancia la que inicie el proceso de reversión.

La Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros establece que una reversión o resolución no proceden “cuando la inexistencia de actividades mineras se hubiere producido como consecuencia de avasallamientos o como resultado de una disposición de autoridad competente. La existencia de los avasallamientos deberá estar debidamente denunciada ante las autoridades competentes”.

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