Un presunto retorno de la China CAMC Engineerig Co., denuncias de supuestas “coimas”, una ampliación para la presentación de ofertas al límite del tiempo, la anulación de la primera convocatoria y la contratación a la propuesta más alta, cinco de las polémicas que rondan en torno a la adjudicación de la planta de tratamiento de agua para Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Pese a las observaciones, el contrato por 344,3 millones de bolivianos se firmó el 3 de agosto.

“Con el ánimo de informar a la población, este proceso de contratación se hizo con toda la formalidad y normativa respectiva. Se cumplió con todos los requisitos de la convocatoria y toda la información está publicada en el Sicoes (Sistema Contrataciones Estatales). Ninguna de las empresas participantes en la licitación procedió con una impugnación formal al proceso, por lo cual no existió ningún impedimento para la firma del contrato”, afirmó el presidente ejecutivo de YLB, Carlos Ramos.

Por estas observaciones, el 1 de agosto, la diputada Luciana Campero, de CC, formalizó una denuncia penal en contra del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina. Sostuvo que hay “hechos irregulares” que deben ser investigados.

“Nos ratificamos. Todas las denuncias que hemos hecho están respaldadas con documentos del Sicoes y con la denuncia de los trabajadores de YLB que fue presentada al Ministerio de Justicia, cartera que no actuó para investigar el fondo de lo que está pasando”, manifestó.

El proceso en el Sicoes

“La construcción de esta planta de tratamiento de agua de uso industrial es fundamental para avanzar con la industrialización de litio. Es un paso que tenemos que dar. Ya se firmó el contrato y sólo queda trabajar. Todo está en el Sicoes”, reiteró Ramos en conferencia de prensa.

En el Sicoes, el proceso de contratación “Ingeniería, procura y construcción de la planta de tratamiento de agua y facilidades de bombeo” está registrado bajo el CUCE: 22-0597-00-1212089-1-2. La convocatoria de este proceso, que ya llegó a la firma del contrato, fue publicada el 24 de mayo de 2022. Es la segunda convocatoria publicada, ya que la primera fue anulada el 18 de mayo.

El proceso figura como adjudicado, aunque -hasta el 5 de agosto- el contrato y la orden de proceder no fueron publicados. La resolución de adjudicación confirma que la ganadora de la licitación es “Industria Metalúrgica Carlos Caballero SA”.

El proyecto tiene un costo de 344,3 millones de bolivianos (49,4 millones de dólares). Dos millones de bolivianos menos que el costo referencial fijado en la convocatoria (346,6 millones de bolivianos).

La obra está a unos 100 kilómetros de la ciudad de Uyuni. La población más cercana a la zona del proyecto es Río Grande, ubicada a unos 35 kilómetros hacia el sur (Planta Industrial de Carbonato de Litio). El plazo de entrega es de 300 días calendario “computables a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder del proyecto”, pero la empresa ofreció entregar la planta en 265 días.

El método de selección y adjudicación fijado es el de “calidad, propuesta técnica y costo” y no así por el “precio evaluado más bajo”. El 100% del financiamiento saldrá de la partida 92-230, de Otros Recursos Específicos.

El proceso tiene al menos 38 documentos publicados, entre los que están el DBC (Documento Base de Contratación), el informe de la comisión calificadora de las propuestas, las especificaciones técnicas y otros.

1 La duda por la CAMC. El 18 de julio, Campero denunció que la empresa CAMC elaboró las especificaciones técnicas de la planta de tratamiento de agua de YLB. Cuestionó dicha participación por los antecedentes del caso Zapata.

CAMC es una empresa china, en la que Gabriela Zapata, expareja del expresidente Evo Morales, fue gerente comercial y que usó esa relación para favorecerse con varias contrataciones estatales. En 2017, Zapata fue condenada a 10 años de prisión por legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.

“En la gestión que presido no existió ni existe ninguna relación contractual con CAMC. YLB no tiene ningún tipo de relación con esta empresa”, sostuvo Ramos, presidente de la estatal.

Ante la documentación presentada por Campero (varios planos realizados por la corporación china), el director de Investigación y Desarrollo de YLB, Salvador Beltrán, afirmó que eran de data antigua. Explicó que correspondían a otro proyecto con el que la planta debe operar de forma paralela.

El proyecto al que hace referencia es la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, construida entre 2016 y 2018 por más de 1.252 millones de bolivianos. Además de las observaciones a la adjudicación de la obra, el proyecto fue muy criticado porque no llegó a operar a la capacidad con la que se la diseñó.

“La planta actual tiene que funcionar en paralelo a la planta de cloruro terminada en 2018. Por eso, durante el proceso de licitación, la mayoría de las empresas solicitaron los planos de esta planta antigua, para ver las interconexiones. Entre ambas plantas deben funcionar los servicios de energía eléctrica, el sistema contra incendios y los drenajes pluviales. Por eso se puso los planos, no es que CAMC haya diseñado la planta de tratamiento de agua”, dijo.

En una revisión del Sicoes, Pagina Siete evidenció que entre las 31 carpetas de especificaciones técnicas para la construcción de la planta de agua, se encuentran decenas de planos elaborados por CAMC. Todos están escritos en chino, con traducciones al inglés y al español.

En varios se logró identificar como fecha de elaboración el 31 de marzo de 2018. Sin embargo, tal como ocurre en los documentos mostrados por Campero, otros no tienen data que identifique el momento de origen.

2 Una convocatoria anulada. En el Sicoes hay dos convocatorias para la misma planta, están registradas con los CUCE: 22-0597-00-1212089-1-1 y 22-0597-00-1212089-1-2. De acuerdo a la documentación, la primera, publicada el 7 de abril de 2022, fue “Anulada desde la convocatoria” el 18 de mayo.

“Hubo un error al subir al Sicoes unos formularios muy necesarios para el proceso. Por eso se nos cayó la convocatoria y tuvimos que anularla”, explicó Beltrán.

“YLB lo anuló arbitrariamente, sin una respuesta de por qué”, sostuvo Campero.

Ninguna de las dos respuestas dadas son del todo ciertas.

La Resolución Administrativa YLB/RCP/032/2022, de “Anulación del proceso de contratación”, firmada el 18 de mayo de 2022, certifica que el proceso avanzó hasta la apertura de propuestas electrónicas, realizada el 11 de mayo a las 11:30 en el piso 19 del edificio Hansa. Tras conocerse las ofertas y las empresas participantes, y proceder a la primera etapa de evaluación, la comisión de calificación notó que en varias partes DBC se hacía referencia a un Anexo 2 que no existe en el documento.

Por este motivo, la comisión calificadora, en su informe DOP-PPS-PLL-0101-INF/22, toma el hecho como un “error del DBC” que no les permite pasar a la siguiente etapa de evaluación y recomienda anular el proceso desde la convocatoria.

El error no fue notado, pese a que se cumplió con las reuniones de aclaración y se hizo hasta tres enmiendas, todas publicadas en el Sicoes.

3 Ampliación del plazo. Dentro de esta convocatoria fallida hay otro aspecto que llama la atención: una ampliación del plazo para la entrega de propuestas electrónicas, al límite de cumplirse el tiempo fijado.

El cronograma de la primera convocatoria fija como fecha limite para la recepción y apertura de propuestas electrónicas el 11 de mayo de 2022, en la mañana, a las 11:30. Sin embargo, ese mismo día, el Departamento Administrativo de YLB emite un informe en el que pide la ampliación del plazo por un período de dos días hábiles.

La resolución que da luz verde a este pedido, y a la que Página Siete tuvo acceso, no precisa el motivo de la medida. Se limita a autorizar la ampliación del plazo para “no afectar la continuidad del proceso”.

4 Adjudicación a la propuesta más alta. “La obra se adjudicó a la Industria Metalúrgica Carlos Caballero SA. La evaluación de este servicio no fue sólo por un costo más bajo, sino por la calidad en la propuesta técnica. Queremos que la planta sea duradera y que cumpla con todos los requisitos y la normativa medioambiental”, dijo Ramos.

Según la convocatoria, a diferencia de otros procesos, en éste se estableció como modalidad de calificación la relación “calidad, propuesta técnica y costo” y no el “precio evaluado más bajo”.

El informe de evaluación da cuenta que en la segunda convocatoria se presentaron cinco proponentes: Asociación Accidental Crig/Ecec, China Machinery Engineering Corporation, Sinohydro Corporation Limited (sucursal Bolivia), Jiangsu Geology & Engineering Co. Ltd. (sucursal Bolivia) y Industria Metalúrgica Carlos Caballero SA. Las dos últimas fueron las únicas que, según la comisión calificadora, lograron cumplir con todos los requisitos.

Mientras que Jiangsu Geology & Engineering Co. Ltd. ofertó 331,6 millones de bolivianos, la metalúrgica Carlos Caballero SA ofertó 344,3 millones. Su propuesta fue más alta, pero fue la adjudicada. La diferencia según Beltrán, estuvo en que al ser empresa nacional tiene un 5% de margen para la prioridad.

5 Denuncia de coimas. Otra de las polémicas en torno a esta adjudicación es un presunto cobro de comisiones para el favorecimiento de una u otra empresa. La denuncia fue hecha por los trabajadores de YLB ante el Ministerio de Justicia.

“El proyecto estaba direccionado desde la primera convocatoria. Hecho maniobrado por el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina Ortiz, a través de su personal – de confianza y ahijados- designado en YLB, que habrían exigido a la Empresa Metalúrgica Carlos Caballero una comisión del 5% del monto del proyecto, 20 millones de bolivianos aproximadamente”, señala la denuncia recibida en el ministerio el 11 de julio pasado, que tiene como remitente al Sindicato de Trabajadores de YLB.

“Los trabajadores denunciaron estas irregularidades. Apuntaron a que el ministro estaría recibiendo un 5% de coima para adjudicar este proyecto. La empresa fue adjudicada con 50 millones de dólares, cuando las otras empresas tenían una propuesta menor. Los trabajadores lo dicen, que es el ministro el que esta apuntando a quedarse con la platita, por adjudicar”, afirmó al legisladora de CC.

Según la legisladora, además de esta nota hay al menos cuatro denuncias más.

Página Siete, trató de hablar con los trabajadores que hicieron la denuncia de forma anónima. Sin embargo no pudieron ser contactados.

Desde YLB se negó la denuncia y se afirmó que no salió de sus trabajadores. “La empresa se rige bajo la Ley 207; los contratos para el personal que presta servicios son temporales y por consiguiente no existe un sindicato de trabajadores”, se explicó por medio de un comunicado.