Ante la polémica desatada por el tratamiento de la “Ley del “Oro”, cuestionada por permitir al Banco Central de Bolivia (BCB) eludir la fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la disposición de reservas internacionales de este mineral, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena Zárate, afirmó que la problemática de la minería descontrolada también ha provocado una crisis de institucionalidad.
“El descontrol completo de la minería, no sólo se manifiesta en las graves vulneraciones de Derechos Humanos en el territorio por contaminación y devastación irreversible, sino también por un preocupante caos a nivel institucional”, sostuvo la legisladora paceña.
Desde sus redes sociales, Requena sostuvo que desde el inicio de su labor como parlamentaria, ha trabajado en la fiscalización continua y consistente de instituciones encargadas de controlar la actividad minera en el país.
En el marco de esta labor, se recibieron respuestas del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional sobre dos denuncias presentadas ante esta cartera de Estado sobre serias irregularidades en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, que involucran a su última directora nacional y al director actual.
La asambleísta nacional detalló que en un caso, se denunció la designación ilegal del actual Director de la AJAM, Erik Ariñez, por no contar con el requisito de experiencia profesional de al menos seis años en materia minera y por no haber transcurrido cinco años obligatorios para volver a ocupar este cargo, después de haberlo dejado en el año 2019.
“Justicia no respondió con los respaldos suficientes sobre el cumplimiento del requisito de experiencia y, en cuanto a los años que deben haber entre dejar el cargo y volverlo a asumir, nos respondió que como el señor Ariñez no cumplió con su mandato completo la última vez que ejerció el cargo, entonces no estaría sujeto a cumplir con esa norma de la Ley N°535 de Minería y Metalurgia. Ante esto, presentamos una nueva carta pidiendo que el Viceministerio de Transparencia Institucional aclare cuál es el criterio jurídico para responder con tal argumento que es una aberración jurídica, porque permitiría a cualquier funcionario que renuncia o es echado de su cargo, no cumplir su mandato y habilitarse para una repostulación y nueva designación sin cumplir lo establecido por ley”, indicó.
Asimismo, en la segunda denuncia, contra la exdirectora de la AJAM, por no cumplir con los requisitos de experiencia para asumir el cargo, falsificar información en su currículum vitae y aceptar dádivas por parte de una cooperativa minera.
“El Ministerio de Justicia le ha pedido al Ministerio de Minería que inicie un proceso administrativo por estos hechos. En consecuencia, hemos presentado una nueva carta al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer el avance de ese proceso para asegurarnos que se sancionen estos actos de corrupción para evitar que vuelvan a repetirse”, refirió Requena.
A criterio de la asambleísta, estos son dos pasos nuevos en el proceso de fiscalización que se han iniciado, mismos que no se detendrán, tomando en cuenta el importante rol de instituciones como la AJAM en la regulación de la actividad minera, que lastimosamente ha virado hacia el descontrol en distintas localidades del país, provocando con ello, graves afectaciones al medio ambiente y a la población de los lugares afectados.
“La AJAM es fundamental para afrontar, con la mayor institucionalidad posible, el monstruoso caos de la minería que deja tantos problemas socio-ambientales adicionales para Bolivia”, concluyó.

Publicado en: El Diario