Defensoría identifica incumplimiento del Convenio de Minamata para reducir el uso del mercurio

Defensoría identifica incumplimiento del Convenio de Minamata para reducir el uso del mercurio

La Defensoría del Pueblo a través de un informe defensorial presentado este lunes, confirmó que el Estado boliviano no ha dado cumplimiento al Convenio de Minamata, en el propósito de reducir el uso del mercurio, considerando que la minería aurífera es responsable de más del 80% de liberación de esta sustancia tóxica en el medioambiente, con lo que pone en alto riesgo a la salud humana de pueblos indígenas, principalmente de la región amazónica.
“La minería aurífera es responsable de más del 80% de liberación del mercurio en el medioambiente, por lo que debe tomarse en cuenta que extrae el 97% del oro”, dijo la defensora, Nadia Cruz durante la presentación del informe: “Estado de Implementación y cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el mercurio en el periodo 2017-2022”.
La Defensoría del Pueblo identificó que en el país no se han generado condiciones materiales, técnicas, ni económicas para proteger la salud humana y el medio ambiente sano de las emisiones antropogénicas de mercurio producidas, principalmente, por la actividad minera aurífera, cuya importación ha crecido de manera sostenida y exponencial, a pesar de ser un metal altamente tóxico.
Recordó que el promedio de importación el año 2010 fue de seis toneladas, mientras que entre el 2015 y el 2019, el promedio de importación de mercurio fue de 198 toneladas, por lo que es importante que  el sector aurífero sea parte de la implementación del Convenio.
“El Estado suscribió el Convenio Minamata sobre el mercurio el 2013 y lo ratificó mediante ley el 2015, en agosto de 2017 entró en vigor la ley, desde ese momento pocas acciones se han realizado”, subrayó.
“Hemos visto como defensores de derechos humanos, que la afectación ya es tangible y evidente, más allá que todavía faltan información e informes técnicos, que no han sido desarrollados por las entidades estatales. Consideramos que la actividad minera, posiblemente, no vaya a cesar; pero tiene que ser amistosa con los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra”, enfatizó.
Confirmó que el mercurio liberado por las mineras auríferas es un riesgo para la salud cuando ingresa en el organismo de peces, que son consumidos por pueblos indígenas, como los Esse Ejja, Leco, Tacana y Pacahuara, y que afecta el medio ambiente.
Cruz ratificó la advertencia de que el pueblo Esse Ejja corre el riesgo de extinción física y cultural debido a la contaminación con mercurio de su territorio y sus recursos piscícolas. De acuerdo a un estudio de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN por sus siglas en inglés) y el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad (BRI por sus siglas en inglés), apoyado por el colectivo Reacción Climática de Bolivia, existen altos niveles de mercurio en los organismos de estos habitantes.
La investigación defensorial abarcó los municipios Guanay, Sorata, Tipuani, Mapiri, Teoponte, Caranavi, Apolo, Palos Blancos, Ixiamas, San Buenaventura, Rurrenabaque, Reyes, Riberalta, Guayaramerín, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, San Pedro, Nueva Esperanza y Villa Nueva de los departamentos de La Paz, Beni y Pando, donde se registra una intensa actividad minera aurífera.
Actualmente, dijo Cruz, la minería es uno de los rubros económicos más importantes en Bolivia y la minería del oro ha tenido un crecimiento acelerado, tanto que para la gestión 2020, el valor del oro exportado superó al del gas natural. La tendencia continuó el 2021.
“Por otro lado, existe una resistencia del sector cooperativista a las regulaciones del mercurio, que son necesarias para evitar la vulneración de derechos humanos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra”, observó Cruz.En la presentación, el viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera, dijo que el informe defensorial contiene importantes datos y palabras clave que nos llama a una profunda reflexión.
“Consideramos que encabezados por la Defensoría del Pueblo, podemos instalar una mesa de trabajo que tengan objetivos reales y con la participación de los demás actores del Estado de Bolivia, porque se requiere presupuesto para avanzar”, señaló.
Sin embargo el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, refutó al representante del Gobierno en sentido de que no existan recursos para la implementación del Plan Nacional de Acción que debe presentar el Estado hasta fin de mes. Dijo que lo que falta es “voluntad política”.
“El informe defensorial es pertinente porque en este mes se cumple el plazo para que Bolivia presente el plan de acción en el marco del cumplimiento del Convenio de Minamata (…). El Viceministro dice que se necesita tiempo y recursos, pero Bolivia ha gestionado recursos hace muchos años atrás, hace tres años debió empezar, se han gestionado 500 mil dólares de organismos internacionales”, aseveró.
Destacó las 26 obligaciones del Estado, que hace notar la Defensoría en su informe, así como las recomendaciones a las instituciones públicas, como aquellas de generar las condiciones jurídicas, técnicas, operativas, económicas y materiales a las entidades autónomas y subnacionales, pero sobre todo a los ministerios encargados de las políticas públicas.
Campanini recordó que el propio Relator para Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención al Estado boliviano por una falta de acción frente al incremento desmesurado del mercurio en Bolivia, pero también por haber señalado al país como centro del tráfico del mercurio a los países de la región, con lo cual estaría frustrando los esfuerzos de la comunidad internacional por reducir el uso del mercurio en las actividades mineras.
El informe de la Defensoría contiene recomendaciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Presidencia, Economía y Finanzas Públicas, Planificación del Desarrollo, Desarrollo Productivo y Economía Plural, Minería y Metalurgia, Salud, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y Trabajo, Empleo y Previsión Social.
También se extienden las recomendaciones a los gobiernos autónomos departamentales de La Paz y Beni y a los gobiernos autónomos municipales de San Buenaventura, Puerto Gonzalo Moreno, Mapiri, Teoponte, Caranavi, Apolo, Rurrenabaque, Reyes, Riberalta, Guayaramerín, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, San Pedro y Nueva Esperanza, para que establezcan acciones para cumplir con el Convenio de Minamata.
“Estas recomendaciones tienden a que podamos generar diálogos participativos, responsables, donde el Estado y nosotros como comunidad podamos aportar hacia un plan nacional, que cumpla la finalidad que tiene el Convenio de Minamata”, dijo Cruz.
Y señaló que la Defensoría del Pueblo se pone a disposición de las entidades estatales, la sociedad civil, los actores mineros y los pueblos indígenas originario campesinos, para avanzar en una regulación.

Publicado en: Brújula Digital