Cooperativas dominan nueve de cada 10 empleos en el sector minero

Factores económicos, sociales y políticos impulsan el sistema cooperativista del país, el cual también avanza sobre áreas protegidas y otros yacimientos sin esperar por las licencias y contratos respectivos

Al menos nueve de cada 10 trabajadores mineros en Bolivia son cooperativistas, un fenómeno que surge como respuesta al desempleo, al incremento de precios de las materias primas y a los beneficios económicos y políticos que otorga el Gobierno al sector.

Reportes del Ministerio de Minería y Metalurgia dan cuenta del crecimiento sostenido del sistema cooperativo en relación al de los demás actores mineros que se inició en 2006, con el ingreso al poder de Evo Morales.

Desde ese año, el número de cooperativistas aumentó en 150%, de 54.200 a 135.436 socios en 2021. En comparación, en 2020, los trabajadores mineros del sector estatal llegan a 6.029, los de la minería mediana a 4.709 y los de la minería chica a 1.986.

Ante la falta de políticas públicas de fortalecimiento al aparato productivo y el desempleo en los sectores privado y estatal agravado por la pandemia, “el cooperativismo se ha convertido en la única alternativa de subsistencia de muchos bolivianos”, considera Albino García, reconocido ex presidente de Fencomin.

Para el investigador del Cedla, Alfredo Zaconeta, los factores que han promovido el avance del sector son el histórico aumento de las cotizaciones en el mercado internacional y los beneficios que éste recibió durante el gobierno de Evo Morales: un régimen tributario más flexible y exenciones impositivas con el argumento de que cumplen una “función social”. Se suma a lo anterior el apoyo del Gobierno, a través maquinaria, equipamiento e infraestructura.

Ya lo dijo César Navarro, ex ministro de Morales: “La minería en Bolivia es una actividad productiva vinculada a la política”.

“Y el único legado que dejan es la contaminación ambiental, la violación de derechos de poblaciones indígenas de las zonas en actual explotación y la conflictividad social”, indica Zaconeta.

García está al tanto de las denuncias de operaciones ilegales por parte de cooperativas y considera que ello se debe a la “burocracia” y a la “negligencia” de las autoridades a cargo de la aprobación de los contratos mine ros. “Hay trámites que se iniciaron en 2012 y hasta ahora no pueden avanzar ni siquiera en 50% (…) y la necesidad de alimentar a la familia no espera días ni horas”.

Para Zaconeta, el crecimiento acelerado de los cooperativistas tiene una implicancia negativa para el país, como en el caso de la explotación del oro.

En 2020, las cooperativas produjeron 21,8 de las 23,2 toneladas (t) producidas en el país, lo que representa el 94% de la producción nacional. El valor total de producción fue de $us 1.263 millones, pero las regalías del sector llegaron apenas a $us 34 millones (2,7%).

Es fácil asumir que el grueso del valor de la producción se queda en manos de unos pocos en desmedro del país y las regiones productoras, sus economías y recursos naturales no renovables”, afirmó el especialista en temas mineros del Cedla.

Este medio solicitó al Ministerio de Minería información sobre la expansión del cooperativismo minero, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.

Publicado en: El Deber