PALABRAS CLAVE: MINERÍA ILEGAL – PERÚ – MADRE DE DIOS  – OPERATIVOS POLICIALES – DEFORESTACIÓN

ARAMÍS CASTRO (OJO PÚBLICO) 2019-02-20

Estas intervenciones no han detenido la devastación y los impactos en Madre de Dios. Especialistas sugieren cambios y estrategias más integrales contra la minería. Una fiscal ambiental y dos policías murieron en un accidente cuando se trasladaban a la zona en un bus particular.

Ayer, horas antes de la primera intervención policial y militar contra la minería ilegal promovida por este gobierno en Madre de Dios, un bus que trasladaba a fiscales y policiales para el operativo se despistó en Cusco y provocó la muerte de la fiscal ambiental Vanessa Isabel Ferrer Millán y los policías capitán Cristian Douglas Zevallos Cóndor y Juan Carlos Quispillo Núñez. Ellos iban a participar en un megaoperativo contra los campamentos de extracción ilegal de oro ubicados en la zona conocida como La Pampa, en el área de amortiguamiento de la reserva Tambopata.

Desde el lugar de la intervención, el Ministerio del Interior, Carlos Morán, sostuvo que se trata “de una operación sin precedentes en la lucha contra este flagelo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, donde confluyen delitos como la trata de personas, explotación sexual y laboral, y el sicariato”. Sin embargo, esta no es la primera vez que se envían tropas a la zona.

Entre el 2013 y 2016, se realizaron 109 acciones de interdicción (operativos) en la zona, con un presupuesto total estimado en 93 millones de soles. Sin embargo, la minería ilegal no se detuvo. En ese mismo tiempo, la minería destruyó en Madre de Dios 30.500 hectáreas de bosques.

Para César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales y exasesor de la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente, el trabajo de las autoridades debe ir más allá. «Los operativos que solamente son para llevar fuerzas armadas y prensa para cubrir la destrucción no funcionan», declaró.

 

La medida liderada por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, y denominada ‘Mercurio 2019’, tenía como objetivo enfrentar de manera sorpresa a las mafias, destruir la maquinaria utilizada para destruir bosques y extraer ilegalmente oro de la Amazonía. Sin embargo, en Madre de Dios, parte de la población estaba al tanto del operativo que se iba a realizar.

Dos semanas antes, en un evento público en Lima, el juez supremo Duberlí Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, anunció que en los próximos días se realizaría “un gran operativo” en esta región, en la zona conocida como La Pampa para enfrentar el crimen organizado, la tala y minería ilegal.

 

Operativos de interdicción en Madre de Dios
Infogram

En los días siguientes más dependencias del Estado hablaban del operativo. El Ministerio Público movilizó a 60 fiscales de todo el país y los alojó en Puerto Maldonado dos días antes. La fiscal ambiental Vanessa Isabel Ferrer, que venía desde Huancavelica, iba a ser una de las últimas en llegar. Pese al fatal accidente, la intervención continuó.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna entidad del Gobierno ha explicado las causas del accidente ocurrido a la altura de la carretera Interoceánica, en el distrito de Marcapata (Cusco). La autoridad fiscal y los policías se trasladaban en un bus comercial de placa V7T-957, de propiedad de la Empresa de Transportes Rony Surpuy SRL, que tiene como gerente general a Hebert Condori Enriquez y se ubica en la provincia cusqueña de Chumbivilcas. ¿Por qué las autoridades viajaban en este vehículo y no uno de uso oficial?

Ojo-publico.com solicitó información pero las autoridades no respondieron.

Intervenciones sin consecuencias

La intervención comenzó durante las primeras horas de la mañana y se realizó en el marco de un estado de emergencia declarado por el Gobierno durante 60 días los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto. El contigente policial ocupó durante todo el día La Pampa, pero cuando llegaron a la zona no encontraron a los mineros.

La interdicción es un proceso amparado por las normas que permiten enfrentar a la minería ilegal desde el año 2010. Durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala estos operativos se realizaron de manera permanente en La Pampa, pero la de hoy es la primera que se realiza durante este gobierno.

En el plan de intervención de La Pampa, al que tuvo acceso Ojo-Publico.com, se indica la participación de 1300 policías, 300 militares, 60 fiscales especializados en trata, crimen organizado y ambiente. A ellos se suman, personal de los ministerios de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sunat, Sunafil y Oefa.

Foto: Ministerio de Defensa.

En una serie de investigaciones, Ojo-Publico.com ha reportado cómo el oro extraído ilegalmente en esta región es exportado y comercializado en el mercado global. Y, precisamente, la exportación de este mineral de origen ilegal es otro de los puntos que Ipenza considera se debe tener en cuenta en este tipo de megaoperativos. «No solo ir a destruir maquinaria o desalojar a la gente sino también identificar quiénes son los principales comercializadores de este oro que sale por la frontera».

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