Una vez que la Autoridad de Administración y Jurisdicción Minera (AJAM), y el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales (SENARECOM) fueron rebasadas por el tráfico ilegal y aparentes organizaciones criminales, tres Gobiernos Departamentales propusieron la urgencia de asumir –tuición y control- sobre la comercialización de minerales en el Estado.

“Demandamos la necesidad imperiosa de una descentralización de competencias de la AJAM a favor de los Gobiernos Departamentales para asumir, de esta manera, acciones efectivas de control y lucha contra la minería ilegal en el país”, reza el pronunciamiento que fue leído por el secretario de Minería e Hidrocarburos de la Gobernación de La Paz, Esteban Patti.

La posición salió a luz pública una vez que el Ministro de Minería, Jorge Oropeza, confesó que la AJAM y el SENARECOM «fueron rebasadas por el tráfico ilegal de minerales. No hay control (en el Estado)», reveló el secretario de Minería.

“Las gobernaciones somos las más afectadas por la minería ilegal en el país, por el tema de regalías”, también declaró Patti en su condición de presidente del COMINGOB.

En esta misma línea el secretario de Minería del Departamento de Santa Cruz, Carlos Cuellar , manifestó que la minería ilegal, al margen de su ilicitud e impactos negativos que deja para el medioambiente, “no registra señales sobre su explotación y comercialización, infiriendo a su vez, nulo aporte de regalías mineras, para los departamentos; y por añadidura, para los municipios».

A su turno el secretario de Minería de la Gobernación de Potosí, Elias Choque, declaró que es urgente que el Órgano Ejecutivo, tenga a bien descentralizar la fiscalización y control del comercio de minerales en vista de que las actividades ilegales están creciendo peligrosamente en el país.

Pérdidas millonarias

El tráfico ilegal de minerales solo en el departamento de La Paz dejo este año para la región perdidas cuantificadas en almenos 100 millones de bolivianos, dijo Patti.

Con cifras menores pero de ninguna manera insignificantes, Cuellar señaló que anualmente el departamento de Santa Cruz pierde en promedio entre 40 a 50 millones de bolivianos.

Esto demuestra “las pocas o nulas acciones que despliega la AJAM para combatir la explotación ilegal de minerales”, subrayó Patti.

Según Cuellar a pesar de que la Ley No. 535 de Minería y Metalurgia, dispone pero además, ampara las atribuciones de la AJAM, la entidad pública estas no asume con efectividad la responsabilidad que tiene y por lo tanto deja huérfano al Estado, sobre el control que debe aplicar, rigurosamente.

Para hacer efectiva la demanda el Consejo de Gobernaciones planteó la firma de un acuerdo intergubernativo entre el Órgano Ejecutivo y las Gobernaciones; pero además la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de una Ley de Transpaso Parcial de Competencias para el control y fiscalización del comercio de minerales en el Estado.

Fuente: Bolivia Energía Libre