Bolivia busca convertirse en un proveedor de litio en los mercados mundiales, pero sus alternativas se ven limitadas por una normativa que le impide asociarse con empresas privadas extranjeras en la extracción de este recurso. Ante ello, distintas organizaciones sociales plantean hasta cuatro proyectos de ley para regular estas asociaciones.

Los proyectos coinciden en que el Estado debe ser el mayor accionista en cualquier sociedad que se realice, de acuerdo un análisis realizado por la Fundación Solón. Sin embargo, algunas de estas propuestas se contradicen en un esfuerzo para dar prioridad al discurso político de soberanía.

El investigador y autor del análisis, José Carlos Solón, señaló que las propuestas normativas entran en contradicción con la soberanía. “Esta cuestión de soberanía es bien profunda, es algo que está muy dentro de todos los actores de la región”, dijo.

Precisó que, “más que una ideología”, él ve una cuestión de principios sociales. “Sin embargo, esto entrará contradicción con el acuerdo con los chinos de la CBC”, dijo.

En enero, el Gobierno de Luis Arce firmó un convenio con la asociación empresarial china de CATL, Brunp, y CMOC para explotar dos salares a través de la extracción directa de litio (EDL).

El convenio fue calificado de ilegal por el asesor del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Carlos Zuleta, ya que contradice la Ley 928 y la 535, que establecen que el Estado debe tener una participación del 100 por ciento en la extracción del litio.

El Gobierno señaló que se puede encontrar salidas creativas y soberanas a estas normas, y anunció que hay la posibilidad de nuevos convenios y futuros contratos para aplicar la EDL.

Solón dijo que “una de las razones por las que no avanza es la soberanía”. El proceso de ex-tracción e industrialización del litio, que comenzó en 2008, aún no da resultados claros.

El investigador en el negocio del litio Jorge Espinoza señaló que la decisión de mantener un 100 por ciento de participación estatal en la extracción del litio no responde a criterios económicos o prácticos.

“Es más política, porque no intervenga la empresa extranjera. Y el proyecto boliviano que arrancó en mayo de 2008, o sea, va a cumplir 15 años, no ha producido en su planta piloto una sola tonelada de carbonato de litio grado batería”, señaló.

Recordó que, en este momento, ninguna empresa extranjera podría participar en la extracción del litio debido a las leyes de YLB y de Minería. Aun así, las compañías chinas ya se aseguraron un potencial proveedor de litio para la fabricación de baterías en el extranjero.

Aunque los negocios del litio avanzan con poca transparencia y denuncias de una supuesta participación ilegal en ellos por parte de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, las propuestas para regular este sector aún esperan ser tratadas en el Legislativo.

Asimismo, Espinoza recordó que hasta el momento no se cuenta con un estudio de reservas de litio, y que la proyección de las 21 millones de toneladas ubicadas en el salar de Uyuni corresponden sólo a “recursos”, es decir que no hay garantía de que sean viables para su explotación comercial.

El Gobierno resaltó que Bolivia es la mayor reserva de este mineral en el mundo y que pronto, con exploraciones en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, la cantidad de recursos disponibles aumentará.

Asimismo, aseguró una vez más que la industrialización del litio boliviano será una realidad para 2025.

Los 4 proyectos analizados

Los cuatro proyectos de ley para los recursos evaporíticos analizados corresponden a Comcipo, la Federación Regional Única de Trabajadores del Altiplano Sud (Frutcas), una senadora de Oruro, el municipio de Coroma y exdirigentes de Frutcas.

La Comcipo y la senadora de Oruro plantean la posibilidad de que el Estado se asocie con privadas extranjeras en toda la cadena productiva, mientras que las otras dos sugieren que esto no sea posible en la extracción.

Se conoce que el proyecto de Comcipo ingresó al Legislativo para su tratamiento y reuniría algunas de las alternativas de otros proyectos, pues se indicó que fue consensuado con estas organizaciones.

Publicado en: Los Tiempos