REGINA ORTIZ FLORES (EL DÍA). 

2 de julio de 2018

Ve proyectos muy ambiciosos por parte del Gobierno, con costos de inversión muy grande que estarían incrementando la deuda externa del país

La existencia de los pueblos indígenas y comunidades campesinas están en peligro si se llegan a concretar los megaproyectos hidroeléctricos más grandes del país como lo son Rositas, El Bala y Chepete, ya que su reubicación es incierta y estos podrían migrar a las diferentes ciudades causando una desintegración y por ende la pérdida de identidad que por generaciones los ha caracterizado. Es por ello que hay una persistente lucha, incluso se ha llegado hasta organismos internacionales para defender sus derechos y territorios que el Gobierno pone en peligro con el afán de convertir al país en el centro energético de Sudamérica.

Sin consulta previa, ni socialización. Comunarios de las zonas donde se construirán cada uno de estos proyectos, aseguran que no se ha realizado una socialización adecuada ni una consulta previa por parte de  la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE), quien es la encargada de cada uno de los proyectos.

En el caso del proyecto de El Bala – Chepete  ubicado entre los departamentos de La Paz y el Beni, afectará a seis territorios indígenas de manera directa. Más de 771 km2 de dos áreas protegidas serán afectados. Tres ríos, la principal vía de transporte de las comunidades serán alterados para siempre. 48 comunidades indígenas y campesinas serán inundadas, además de pueblos no contactados y más de 5.000 indígenas serían desplazados de sus territorios, así lo aseguró Valentín Luna, presidente de la mancomunidad de comunidades, quien indicó que no hubo una consulta previa, además hay mucha desinformación y desconocimiento del proyecto. «Esa es nuestra molestia en ningún momento nos han hecho la consulta previa, el Gobierno está haciendo el estudio  a diseño final, sin el consentimiento de nuestras comunidades.  Nunca nos han dado información de dónde nos van a reubicar, en Bolivia no hay espacios libres, todo está titulado, todo tiene dueño y no creo que el Gobierno encuentre espacio para podernos trasladar, además de eso está en peligro la desaparición de nuestros pueblos porque si el Gobierno  nos traslada ya nada va a ser igual, muchos se irán a otros pueblos y ciudades. Por eso nos mantenemos firmes en nuestra lucha», dijo Luna, a tiempo de agregar que, desde la creación de las áreas protegidas del Parque Nacional Madidi y la reserva de la biosfera y Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas entre 1992 y 1997, las comunidades han hecho un esfuerzo por realizar actividades de turismo y aprovechar los recursos naturales de manera sostenible.

En ese mismo contexto José Luis Sandoval, presidente del Comité de Defensa Tierra y Territorio de las  comunidades afectadas por Rositas, indicó que son 14 comunidades las que serán afectadas por el proyecto Rositas, que comprenden la provincia Vallegrande y las TCO de los pueblos guaraníes, son más de 500 familias las que quedarían bajo el agua. «No se ha hecho la consulta previa pese a que había una demanda de acción popular que presentaron los hermanos guaraníes, la que fue negada. Los técnicos de Ende manifiestan que sí se va  a hacer la consulta, pero después de que concluyan los estudios y cada vez quedan más dudas», aseguró Sandoval, indicando que la gran parte de la población indígena se dedica a la agricultura y ganadería.

Ambos representantes aseguran que no se oponen al desarrollo del país, sin embargo, piden al Gobierno que considere otras alternativas para que no haya una afectación socioambiental.

Denuncia a instancias internacionales. En el mes de abril de este año, la mancomunidad de comunidades de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey participaron del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de NNUU en Nueva York, donde dieron a conocer el grave estado de amenaza que enfrentan 51 comunidades indígenas y campesinas debido a los megaproyectos hidroeléctricos Chepete-Bala y Rositas, que avanzan sin acciones de consulta previa. “A nombre de mis hermanos de las naciones mosetén, tsimane, esse ejja, tacana, leco y mi propio territorio, uchupiamona, pido que se respete nuestro derecho a ser escuchada nuestra voz en contra de los megaproyectos hidroeléctricos Chepete-Bala, que amenazan nuestra existencia y territorios”, manifestó la líder indígena Ruth Alipaz Cuqui, quien además lamentó la situación de vulnerabilidad de un pueblo no contactado, probablemente Toromona, en el norte del departamento de La Paz. “Exponen a los pueblos no contactados que habitan en esta zona violando todos sus derechos e irrespetando su decisión de vivir en estado de aislamiento voluntario”, reclamó.

De igual forma este pasado 18 de junio la Mancomunidad de Comunidades del Chepete Bala y otras organizaciones afectadas por megaproyectos fueron parte del congreso de la  IV Cumbre Amazónica organizada por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) donde denunciaron la grave situación que atraviesan. “En este encuentro internacional realizado en Brasil, hemos sacado una resolución para que los Gobiernos respeten uno nuestros territorios, no se trata de que nosotros nos estamos oponiendo al desarrollo, por otro lado si hay viabilidad de hacer cualquier tipo de proyectos como exploración o explotación petrolera, deben de consultar con nosotros porque somos los dueños, lo titulares de los territorios», dijo Valentín Luna.

Proyectos ambiciosos. Para Pablo Solón Solón, investigador y director ejecutivo de Fundación Solón, el impacto negativo a nivel ambiental y social de Rositas, Chepete y El Bala es muy grande. El Chepete y El Bala, con sus 3.650 MW de potencia instalada, producirán energía fundamentalmente para exportar al Brasil. En cambio, Rositas, con sus  600 MW de potencia, producirá energía eléctrica para el mercado nacional. «El costo de energía de El Bala, según los estudios del 2016 de la consultora italiana Geodata contratada por ENDE, será de 81 USD/MWh y del Chepete  55 USD/MWh. Este costo de energía está por encima del precio de compra de hidroeléctricas de la última década en el Brasil, que fue de 52 USD/MWh según declaración del propio ministro de Hidrocarburos y Energía registrada en la nota de prensa de su ministerio UCOM-MHE-27-10-2016.

Por su parte, según el resumen ejecutivo de la empresa EPTISA también contratada por ENDE, la hidroeléctrica Rositas tiene un costo monómico de 74,33 USD/MWh  muy superior a los 39,81 USD/MWh que es el precio monómico por MWh en Bolivia pagado a generadoras eléctricas en el mes de diciembre del 2016», explicó Solón, a tiempo de agregar que las hidroeléctricas de pequeño embalse y de pasada son positivas a nivel ambiental, social y económico, el problema son las megahidroeléctricas que inundan mucho, relocalizar poblaciones enteras, cuestan fortunas y no son rentables. El Chepete y El Bala van a duplicar la actual deuda externa de Bolivia que ya llegó a 9.557 millones de dólares al 31 de marzo de 2018. El costo de inversión de Rositas ha subido en un año de 850 millones de dólares a 1.514 millones de dólares según el Resumen Ejecutivo del Informe final de EPTISA de julio del 2017, y esta cifra no incluye las líneas de transmisión ni las inversiones para los componentes de riego y agua potable del proyecto multipropósito Rositas.

Se debe aprender de la tragedia de Colombia

En una publicación de la Fundación Solón, denominada “Lecciones para Bolivia de la tragedia hidroeléctrica en Colombia”, recalca que Hidroituango, al igual que el Chepete en Bolivia, debía ser el mayor proyecto hidroeléctrico de Colombia. Hidroituango se empezó a construir en el 2010 y debió haberse inaugurado a fines de este año. Sin embargo, su sala de máquinas, que es como un edificio de 20 pisos de altura dentro de la montaña quedó inundada, miles de personas río abajo han sido evacuadas, y la situación aún puede ser peor. «Esta tragedia que está en curso en Colombia nos debe hacer reflexionar a los bolivianos y en particular al gobierno de Evo Morales y a las autoridades del Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y ENDE», indica la publicación. Asimismo, recomiendan que una megahidroeléctrica no se debe construir si no existen los más amplios estudios, si estos no han sido verificados por entidades independientes que no tienen ningún interés económico en el proyecto ni están sujetos a los caprichos políticos de los gobiernos que quieren emprender estas megaobras a como dé lugar.

Punto de vista

‘Hay que asegurar el mercado de Brasil’

Álvaro Ríos
Analista Energético

«Indudablemente hay alguna posibilidad enorme para producir energía vía instalación de plantas hidroeléctricas. Pero previamente hay que tomar varios pasos a seguir necesariamente. Antes de pensar en una producción mayor de energía se tiene que seguir paso a paso ciertos procesos de producción de energía. Hay que asegurar primero el mercado, y el más indicado es Brasil. Por el momento es el único país que nos puede comprar. Para ello Bolivia debe suscribir un protocolo de integración energética para establecer un mecanismo de precio y pago, así tratar de construir un espacio de oferta y demanda.

Por el momento, producir seis mil megavatios de energía puede ser alentador pero el país no tiene esa demanda. Hay que empezar haciendo pequeños proyectos. Bolivia no está preparado al igual que China, que en esos términos han desarrollado inmensas hidroeléctricas. Hay que dedicar el 15% de producción para el mercado interno, y el resto a quién se lo vamos ha vender?. Esa es la gran pregunta. Yo creo que es más una declaración de tipo político. Los proyectos hidroeléctricos deben estar pegados al Brasil, para así bajar los costos de producción y exportación.
Repito, hay que establecer la demanda de energía en el Brasil».

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