Cuando la empresa estatal china Chongqing Grain Group anunció que iba a invertir 300 millones de dólares en la producción de soja en la región oeste del estado brasilero de Bahía, en 2010, pecaron de inmodestia. Representantes de la empresa llegaron a visitar Brasil junto con el entonces presidente chino Hu Jintao para anunciar el negocio.

El proyecto formaba parte de una serie de inversiones anunciadas y emitía señales de un acercamiento cada vez más veloz entre Brasil y China. Sin embargo, la respuesta brasileña fue un balde de agua fría.

En ese mismo año, la denominada Abogacía General de la Unión –el organismo público que defiende los intereses del estado brasileño- restringió la venta de grandes extensiones de tierra a extranjeros. Argumentaba que la nueva regulación preservaba la soberanía nacional en un área estratégica.

Desde entonces, la presión para cambiar la ley no ha hecho más que aumentar. No obstante, a partir del cambio de gobierno de este año, las esperanzas de anular la decisión de la AGU se renovaron y diversos actores ya empezaron a moverse. Pero los ambientalistas y las comunidades tradicionales temen las consecuencias de un cambio, por creer que dificultaría la protección del medio ambiente y el mantenimiento de pequeñas propiedades.

Presión china
La presión para liberar el mercado latifundiario viene mayormente de China. Con la creciente demanda de alimentos y la guerra comercial con los Estados Unidos del gobierno Donald Trump, el gigante chino fue obligado a aumentar la importación de materias primas de otros socios comerciales.

Brasil ocupa un lugar destacado. China es el comprador más importante de la soja brasileña y la demanda de otros productos agrícolas producidos en el país aumenta día a día. La posibilidad de comprar tierras en Brasil aumentaría el control chino sobre la producción de las tan deseadas commodities y terminaría con los intermediarios.

Charles Tang, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Brasil-China (CCIBC), en las próximas semanas irá a Brasilia para tratar el tema con representantes del gobierno del nuevo presidente Jair Bolsonaro.

“En los últimos años, Brasil perdió 100.000 millones de dólares en inversiones de todo el mundo por causa de esa prohibición, que significa un atraso para Brasil. Todo el mundo quiere atraer capitales y Brasil se dio el lujo de rechazar capital”, afirma Tang.

Pero, según algunos especialistas, los efectos de terminar con las restricciones pueden ser devastadores para el país, porque facilita la destrucción de los recursos naturales y expulsa campesinos y pueblos originarios de sus tierras. La presión de la población desalojada del campo hacia áreas urbanas aumentaría los conflictos en el campo provocando una variedad de otros problemas sociales.

“La extranjerización de la tierra es un proceso de destrucción”, afirma Bernardo Mançano Fernandes, profesor de geografía de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), que estudia el tema hace décadas y lidera un grupo de investigación sobre extranjerización de tierras. “La llaman aumento de productividad, aumento de la riqueza y estímulo para el desarrollo, pero el dinero no se queda aquí.»

“Ese modelo producirá un estado de enriquecimiento para el propietario de las tierras y para los inversores, ellos sí que ganarán mucho dinero. Pero el 95% de la población encontrará un modelo cada vez más difícil de existencia porque perderán la tierra, no van a tener trabajo y van a vivir en la miseria”, añade.

Cerrado amenazado
El último texto del proyecto que relata el diputado Newton Cardoso Júnior (del partido MDB retira en forma total las restricciones para la venta de tierras a empresas extranjeras, excepto en la región del Amazonas, donde la legislación exige áreas de preservación de un 80%.

Según el diputado, en el bioma amazónico la empresa extrajera sólo puede tener un máximo del 49% de participación en una sociedad que posea tierras. No obstante, en el caso de concesiones del sector de energía eléctrica y minerales, el proyecto no prevé restricciones para la adquisición de tierras.

El Cerrado, que se extiende a lo largo de una buena parte de la región Centro-Oeste, región donde la agroindustria más se ha expandido, será el bioma más afectado por el cambio en la ley, explica Lorena Izá Pereira, doctoranda de la Unesp.

“El cerrado se perjudicará más porque no es declarado patrimonio por la Constitución brasileña”, afirma.

Soberanía versus necesidad de crédito
Según algunos congresistas, la principal resistencia que se observa en el seno del nuevo gobierno con relación a la venta de tierras a extranjeros viene del mismo presidente Bolsonaro, que cree que el fin de las restricciones comprometería la soberanía nacional. El rechazo al avance de China en el país también es suyo.

Sin embargo, empresarios y congresistas apuestan al poder de persuasión del ministro de economía Paulo Guedes y de representantes del gobierno ligados a la agroindustria para hacer que el presidente cambie de idea. La llamada bancada ruralista – que representa los intereses de los grandes empresarios agroindustriales en el Congreso nacional – fue una de las fuerzas políticas más poderosas que hicieron posible la asunción de Bolsonaro durante la campaña presidencial del año pasado. El Ministerio de Economía informó que no emitirá comentarios sobre el tema.

Cardoso Júnior, relator del proyecto de ley que da luz verde a la venta de tierras brasileñas a extranjeros, dijo que ya hubo algunas conversaciones y que retomará las negociaciones con el Ministerio de Agricultura en febrero.

Cardoso Júnior cree que la necesidad de obtener recursos para financiar el agronegocio será uno de los puntos estratégicos de las negociaciones, teniendo en vista el “deseo” del presidente de que haya más inversiones en el país, sobre todo en el sector de la agroindustria.

Como las fuentes de financiamiento doméstico son más caras, según el diputado, la necesidad de obtener recursos externos para darle crédito al agronegocio será una de las principales monedas de cambio en las negociaciones.

“Si el capital internacional va a financiar algo, necesita tener garantías. Y esa garantía puede ser la propia tierra”, afirma Cardoso Júnior.

Pero el diputado admite que el desafío será convencer al nuevo presidente de que un cambio de la ley puede comprometer la soberanía del país.

“Necesitamos presentarle una opción de seguridad jurídica pero que también garantice la soberanía”, afirmó Cardoso Júnior. “Entiendo que además podría ceder ante una restricción si entendiera que no se comprometerá la soberanía”.

Debido a las actuales restricciones, las empresas extranjeras no han realizado inversiones por grandes sumas de dinero en el mercado latifundiario brasileño. Según el legislador, algunas compañías terminan haciendo uso de algunas “artimañas jurídicas” realizadas por bufetes de abogados o contratos de accionistas que garantizan el acceso del extranjero a tierras brasileñas. Sin embargo, la solución genera inseguridad jurídica, pues impide a estas empresas declarar las tierras en forma oficial.

Gobierno amigo de la agroindustria
A pesar del discurso nacionalista de Bolsonaro, los especialistas creen que el gobierno ya está preparando el camino para anular las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros para atender a los intereses de la bancada ruralista y de empresas multinacionales que poseen grandes inversiones en el país.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de la fuerza del agronegocio en el nuevo gobierno fue la transferencia al Ministerio de Agricultura del poder de realización de la demarcación de tierras indígenas y pertenecientes a quilombos (antiguas comunidades de ex esclavos) como uno de los primeros actos de Bolsonaro.

La cuestión, sin embargo, todavía no es un tema “muy pacificado ni bien resuelto” con los militares, afirma Richard Torsiano, ex-director de organización latifundiaria del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y consultor de la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO). Conocidos por su nacionalismo, los militares también forman una base muy importante del nuevo gobierno. Seis de los 22 nuevos ministros provienen de los cuarteles.

Si las restricciones se acabaran, se estima que la inversión china en compra de tierras en Brasil sería por valores que van de 1.000 a 2.000 millones de dólares por año, y aumentarían gradualmente hasta los 10.000 millones de dólares, afirma Tang.

Según Cardoso Júnior, solamente en silvicultura, podría traer a Brasil inversiones por valores que van de USD 30.000 a 40.000 millones si hubiera estabilidad en la cuestión de las tierras.

“Queremos que Brasil abra las puertas a la inversión y que genere empleos. Si hay estabilidad en la cuestión de las tierras, el país recibirá muchas inversiones. Y actualmente el sector rural es estratégico para el país”, dice.

Fuente: https://dialogochino.net/21043-brazilian-government-split-on-land-ownership-law/?lang=es