La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó ayer la nulidad del laudo arbitral, dictado el 14 de septiembre por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que insta a Bolivia a indemnizar con $us 48,6 millones a la chilena Quiborax.

El procurador general del Estado boliviano, Héctor Arce, declaró ayer que “después de hacer un análisis profundo, concienzudo, racional y jurídico del laudo que se ha dictado, se ha evidenciado que el mismo contiene gravísimas violaciones al procedimiento mismo de las normas del CIADI”.

La autoridad de la institución jurídico pública señaló que las actuaciones del Gobierno boliviano van en la dirección de acceder a un nuevo arbitraje, esta vez desarrollado por “un tribunal ad hoc, un tribunal de anulación, como se denomina, que tendrá que conocer la solicitud boliviana” y que “finalmente declare la nulidad del laudo” con base en “las causales que establecen las mismas normas del CIADI”, en el artículo 52 del convenio del organismo supraestatal. El tribunal debe ser elegido íntegramente por el CIADI en un proceso que puede durar “varios años”, adelantó Arce.

La autoridad pública afirmó que el laudo del CIADI “contiene gravísimas violaciones al procedimiento” de las propias normas de esta institución perteneciente al Banco Mundial (BM), que “carece de una fundamentación correcta y sustentable” y que en el proceso se han “evidenciado” una serie de extralimitaciones en las facultades del tribunal. Arce hizo así referencia a una resolución de 2010 que paralizó el proceso penal por presunta falsificación de documentos contra el empresario David Moscoso. Moscoso era copropietario de Minera Río Grande Sur y socio del gerente de la chilena Quiborax, Allan Fosk. Ambos fundaron Non Metallic Metals en 2001 para extraer ulexita en el salar de Uyuni (Potosí).

Concesión. Mediante el Decreto Supremo 27589, el expresidente Carlos Mesa revocó la concesión minera otorgada a Non Metallic Metals en Uyuni. La alianza de Moscoso con la empresa chilena Química del Borax (Quiborax) facilitó la demanda al Estado boliviano ante el CIADI, por lo que los empresarios estimaron como una reversión de sus concesiones mineras y un perjuicio contra sus inversiones, así como un “daño moral”.

El Estado boliviano inició en ese contexto acciones legales contra Moscoso y basó sus argumentos jurídicos en el hecho de que la empresa Non Metallic no llegó a fundarse sobre la base de una sociedad con la chilena Quiborax, con lo que el CIADI no tenía competencia para observar el objeto de la demanda.

El fallo del CIADI que ahora rechaza Bolivia condena al Estado por “obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones de los demandantes a través de medidas injustificadas o discriminatorias”.  Según publicó el diario chileno La Tercera, el abogado de Fosk, Andrés Jana, dijo tras el dictado del laudo que su cliente “fue expropiado ilegalmente y que se violaron (…) sus derechos bajo el derecho internacional”.

Inversión ilegal e ilegítima

Reconocimiento

El Procurador General del Estado dijo no reconocer la demanda de Quiborax, ya que “no ha habido una inversión legal y legítima dentro del país”.

Responsabilidad

Sobre el propietario chileno, Allan Fosk, Arce señaló que “nosotros respetamos su criterio”, pero que “hay que recordarle al señor Fosk que Bolivia es un pleno Estado de derecho”, y apoyó su aseveración en el hecho de que el Estado ya llegó a una decena de acuerdos con empresas nacionalizadas.

La PGE lleva siete procesos en curso

El procurador general, Héctor Arce, explicó cómo se encuentra el estado de los siete procesos derivados de la nacionalización que mantiene el Gobierno con las empresas originalmente propietarias. “En total hay siete procesos, de los cuales dos —los procesos mineros— se encuentran en la vía de defensa arbitral”, apuntó Arce. En segunda instancia, el alto funcionario mencionó los dos procesos “paralizados” y en “negociación”, como el caso de Air BP —que fuera concesionaria de la distribución de carburantes en los aeropuertos— y el de la empresa Glencore —consorcio minero suizo—, con la que “se está llevando adelante el proceso de negociación”. Habló además de otros tres procesos que, añadió, “esperamos sean concluidos este año con acuerdos beneficiosos para el país”.

El caso de Quiborax completa la ecuación, junto al de la canadiense South American Silver para revertir la concesión que hace de la mina Mallku Khota (Potosí). Las siete corporaciones son: Abertis Infraestructura SA; South American Silver Limited (Bermudas); Jindal Steel Bolivia SA; Iberdrola SA; BP Global-BP International-BP Asia y las mineras Glencore y Quiborax.

Arce se refirió asimismo a casos de arbitraje favorables a los estados frente a las empresas en el contexto latinoamericano, como el de Sempra Energy en Argentina, país que también “sufrió un laudo injustificado en su contra” y “tramitó durante varios años la solicitud de nulidad”, que finalmente fue declarada por un tribunal ad hoc. También mencionó los casos de las empresas energéticas estadounidenses Enron, contra Argentina, y Occidental Petroleum Company (Oxy) contra Ecuador, aún en curso.