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Población de Nueva Trinidad decidió vivir en “Territorio libre de Mineria” en consulta popular

El 95% del universo de votantes dijo no a la minería; asimismo, hubo 2 votos nulos, 2 inutilizados y 4 a favor de la minería.
“Yo nací en esta tierra, ahora tengo a mis hijos y no voy a permitir que vengan a tocar terrenos que son privados, porque los compré con mi sudor… nadie tocará nuestros terrenos por la minería”, dijo María Esperanza Sibrián.
Junto a ella, 803 votantes más decidieron blindar su territorio contra cualquier iniciativa de la industria minera, en el municipio de Nueva Trinidad, Chalatenango. El 95% del universo de votantes dijo no a la minería; asimismo, hubo 2 votos nulos, 2 inutilizados y 4 a favor de la minería.
Nueva Trinidad se encuentra a 105 kilómetros de San Salvador, se extiende en un área de 46.33 kilómetros cuadrados y se divide en 7 cantones y 56 caseríos. Es un pueblo de agricultores que comparten una herencia histórica de los años de la guerra civil en El Salvador.
El Alcalde José Matías Ábrego afirmó que la consulta popular fue exitosa por la participación de la población. “Estamos dando cumplimiento a la petición del pueblo sobre la prohibición minera, estamos satisfechos”, señaló.
La petición de la consulta popular se concretó luego que, varias comunidades, con el acompañamiento de organizaciones sociales que integran la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica solicitó una ordenanza municipal, que declarara al municipio como “territorio Libre de Minería”.
Al evento se hicieron presentes el Secretario de Participación Ciudadana de la Presidencia, Marcos Rodríguez; el Ministro de Gobernación, Arístides Valencia; la Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos, Yanira Cortez, y los alcaldes de San José Las Flores y Arcatao, de Chalatenango.
“Estuve hablando con el Señor Presidente de la República (Salvador Sánchez Cerén) y entre otras cosas, hablamos sobre esta consulta como un ejemplo de participación ciudadana, así como la marcha de la paz (26 de marzo) que son dos acciones concretas desde la sociedad civil y con el beneplácito del gobierno, para profundizar la democracia”, declaró Marcos Rodríguez.
“El pueblo es el mandatario, y se hará lo que el pueblo decida y no determinadas minorías de poder”, subrayó.
Mientras, la Procuradora Adjunta (PDDH), Yanira Cortez, reconoció la importancia de fortalecer la democracia desde el nivel de las comunidades y autoridades municipales, en busca de acuerdos que permita un desarrollo social sostenible.
“La participación ciudadana es importante y por medio del mecanismo de la consulta previa, libre e informada, es uno de los requisitos mínimos para vivir en democracia. Y es por esto, que la PDDH felicita al tercer municipio de Chalatenango que lleva a cabo, este acto que activó un mecanismo importante de participación y fortalecimiento de la democracia”, indicó.
Para el Ministro de Gobernación, Arístides Valencia, la iniciativa del gobierno municipal con la consulta pública resalta el compromiso de las autoridades de buscar acuerdos; que es un hito histórico al conformar una sociedad civil crítica y dispuesta a decidir su futuro junto a su municipalidad.
“Lo importante de esta consulta es que se hace en el marco de un tema tan complejo como la minería metálica, la que tendría un alto impacto no solo en Nueva Trinidad o Chalatenango, las consecuencias de esta industria supera a todo el país. Para nosotros es fundamental esta participación, este ejercicio de derechos, que es una expresión de la voluntad del pueblo que da un valor fundamental a la construcción del desarrollo social y no desde un modelo económico que vaya en contra de la población”, afirmó.
En cuanto a los compromisos por tratados comerciales de carácter supranacional frente a la ordenanza municipal de Nueva Trinidad, Marcos Gálvez, de CRIPDES, explicó que la medida tendrá que ser respetada, porque nace de la población. “Nosotros esperamos que todos los organismos nacionales e internacionales respeten la voluntad del pueblo de Nueva Trinidad, que respeten su derecho a la vida y salud; a pesar de que tengamos leyes sobre los intereses de El Salvador, porque este proceso está basado sobre la legalidad”, acotó.
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