La burocracia es el principal obstáculo para el desarrollo de la industria minera en Bolivia, según un estudio que evidencia el retraso de al menos cuatro megaproyectos industriales en el sector, que también sufren la falta de capital humano y económico, de mercado local y de acceso a la tecnología.

Ésta es la tesis del libro De la salmuera a la batería. Soberanía y cadenas de valor: un balance de las políticas de industrialización minera del gobierno del MAS 2006-13, una investigación que nace de una alianza entre el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de Bolivia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

“No cabe duda de que las barreras de acceso a la tecnología, la falta de personal cualificado, la restricción de capital y la estrechez del mercado boliviano se revelan como enormes dificultades para industrializar la minería en Bolivia. Sin embargo, la investigación concluye que el principal cuello de botella reside en la gestión administrativa. Son las trabas burocráticas el principal obstáculo para gestionar las empresas industriales. El marco institucional boliviano —Ley Safco, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros procedimientos de control y auditoría— no está concebido para alentar la gestión de empresas estatales”, según Antonio Rodríguez-Carmona, coautor del estudio, uno de los primeros de su tipo en sistematizar la información de la industria minera en el país.

Este medio intentó comunicarse con el ministro de Minería, César Navarro, para conocer su opinión sobre el contenido del documento, pero la autoridad no contestó su teléfono móvil.

De acuerdo con este estudio, entre 2006 y 2014, el Gobierno buscó darle un impulso definitivo a la industrialización minera e intentó implementar, sin éxito, cinco planes de Desarrollo Minero Metalúrgico.

“Se han producido avances en Corocoro (cobre catódico), Eucaliptus (ácido sulfúrico) y en el desarrollo integral de la cadena de evaporíticos (litio y potasio), sin embargo, la agenda de la industrialización de la minería acumula retrasos”, indica el libro, el cual busca contribuir a la toma de decisiones, así como a ofrecer flamantes miradas sobre la gestión pública y el ejercicio de gobierno.

El aplazamiento del arranque del horno Ausmelt en Vinto (estaño metálico) —cuya construcción requirió de seis años y que recién fue inaugurado en febrero—, las fallas continuas en la planta de Karachipampa, el fracaso del contrato de riesgo compartido con la Jindal en el reservorio del Mutún o las tres licitaciones fallidas para las dos refinerías de zinc impidieron hasta ahora el anhelado “despegue industrial”. De hecho, la metalurgia experimentó un estancamiento en los últimos años y su participación sigue representando tan solo el 20% de las exportaciones del sector, de acuerdo con el texto.

“Muchos de esos retrasos tienen que ver con procesos de licitación, adjudicación y puesta en marcha de los proyectos (industriales), así como con la subcontratación de servicios”, precisó Rodríguez-Carmona, quien confía en que su diagnóstico permita agilizar el avance de los proyectos mineros.

El sustento técnico del trabajo

Publicación

El estudio, que se presentará a las 19.00 del jueves en dependencias de la Vicepresidencia de Bolivia, revisó las estadísticas disponibles del sector, elaboró mapas de encadenamientos productivos, analizó a fondo las diez empresas y proyectos industriales más relevantes del rubro, y realizó 50 entrevistas con diferentes actores, incluyendo autoridades, gerentes y personal técnico de empresas.

‘No entró el proceso de cambio en la Comibol’

La reestructuración de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) es el primer paso que debe dar el Gobierno para acelerar los proyectos de industrialización en el sector, dijo Antonio Rodríguez-Carmona, coautor del libro De la salmuera a la batería.

La Comibol —que tiene a su cargo los emprendimientos estatales del sector— “es una de las entidades donde no entró el proceso de cambio”, subrayó. La coexistencia de varias culturas organizativas en su interior, los procedimientos rígidos de reformulación del POA, la dificultad para elaborar proyectos a diseño final, las limitaciones para terciarizar servicios y realizar licitaciones internacionales, las restricciones para disponer de fondos de contingencia, o la falta de un reglamento de ventas son algunos de los problemas que aquejan a la estatal, explicó el investigador.