Tras una inspección realizada a 333 áreas mineras el año pasado, se pudo detectar que 218 de éstas se encontraban inactivas y no cumplían función económica social alguna, por lo que se tomó la determinación de revertirlas para el Estado, informó ayer el Gobierno.

La directora general de Política Minera y Fiscalización del Ministerio de Minería, Ilse Beltrán, explicó que los informes fueron remitidos a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para que emita las resoluciones de reversión de derecho minero.

Del total de las áreas revertidas, un 54% se encuentra en Potosí (117), 33% en La Paz (73), 12% en Oruro (26) y 1% en Tarija (2). La inspección se hizo en nueve meses con brigadas del ministerio.

Añadió que en el país hay más de 5.000 derechos otorgados. La Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros establece esta tarea a las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATEs) ante la inexistencia verificada del desarrollo de alguna actividad minera. “Hasta ahora no hemos tenido problemas, porque si no existe actividad minera en el área y no se afecta a ningún operador, esas áreas eran ociosas”, sostuvo.

De modo paralelo remarcó que habrá sanciones para quienes no paguen regalías mineras, como sucede en este tema impositivo. Señaló que el cumplimiento de esta tarea se enmarca en el Decreto 2288 del 11 de marzo de este año.

Destacó que habrá una disminución paulatina de operadores ilegales, pues no se permitirá el traslado de minerales sin el llenado del Formulario 101. También se prevé que con esta normativa se recauden más regalías mineras de agentes de retención, como son las comercializadoras y las joyerías que realizan manufacturas con minerales.