El Estatuto Autonómico de Oruro, que será sometido a referendo el 20 de septiembre, no tiene competencias para fomentar la inversión minera, es decir que no existe autonomía al hablar de minería, pues es tuición del Estado Central como establece la Constitución Política del Estado (CPE) la administración de los recursos naturales, señaló el analista, Carlos Sandy.

Indicó que cuando se elaboró la CPE quedó plasmado que todos los recursos naturales del país como los minerales deben ser administrados desde el Gobierno Central, además, esto se respalda en la nueva Ley Minera, por lo cual el Estado administra todas las etapas del proceso minero, la prospección, exploración, concentración, fundición y comercialización de los minerales hasta la otorgación de los contratos para la explotación.

Señaló que existe una contradicción porque de forma obligatoria una parte de las regalías mineras que se destina al departamento debe ir para la prospección y exploración, pero la Gobernación no administra esto por lo cual debe recurrir a instancias nacionales como el Servicio Geológico Minero (Sergeomin).

Refirió que en resumen la minería está fuertemente atada a la Constitución Política del Estado y la propia Ley Minera, por lo cual no da oportunidad para que Oruro, como departamento autonómico, realice inversiones, proyectos o emprendimientos en esa actividad o crear empresas en este rubro.

Aseveró que desde la Constitución y la Ley Marco de Autonomías se debía prever que los departamentos mineros tengan libertad democrática para incursionar en emprendimientos de esta índole y así desarrollar no solo en la explotación de minerales sino incursionar en la industrialización y con los excedentes que se generen, invertir en otros rubros como el agropecuario.

Explicó que si bien el Estatuto establece promover políticas para la sostenibilidad minera, no otorga ninguna competencia para efectuar inversiones y concretar proyectos en este rubro a favor de la región.

«El estatuto esta encadenado a la Ley Marco de Autonomías y esta ley a la Constitución Política del Estado, por tanto es imposible tener este tipo de competencias en el rubro minero» sostuvo.

Agregó que si no se tiene acceso a la generación de los recursos no se puede tener un desarrollo económico, refutó que el Estatuto no contempla autonomía ni financiera, ni gestión administrativa.

Fuente: La Patria en Línea/Ing. Carlos Sandy Antezana, analista