Analistas en el área de hidrocarburos y representantes de los pueblos indígenas cuestionan el Decreto Supremo 2366 recientemente aprobado por el Gobierno del presidente Evo Morales.

Esta norma permite la exploración de gas y petróleo en áreas protegidas del país y sus críticos consideran que es atentatoria contra el medioambiente. Inicialmente las autoridades que emprenderán ocho proyectos de esta naturaleza en los siguientes meses.

“Son como ocho puntos específicos donde YPFB tiene indicios de que hay petróleo o gas. En esas áreas, inicialmente se va a hacer un estudio. Lo importante es que se va a usar tecnología moderna que permita precisar si es conveniente seguir con la siguiente fase de exploración sin necesidad de alterar la tranquilidad de los animales y el entorno del medio ambiente”, indicó la ministra de Medio Ambiente, Alexandra Moreira a los medios el lunes.

La medida ha desatado una intensa polémica que ya suma, por un lado a organizaciones indígenas y defensoras del medio ambiente, y autoridades y empresarios por el otro.

En Tarija, por ejemplo, el profesional en hidrocarburos, Daniel Centeno, asegura que el decreto busca imponer un capricho gubernamental sin respetar la Constitución Política del Estado (CPE) que protege las zonas de reserva. Asegura que la norma es inconstitucional y que debe ser retirada porque no puede un decreto estar por encima de la ley de leyes.

“El decreto es inconstitucional, quieren ponerlo por encima de de la Constitución y va en contra. La Constitución manda a preservar y a proteger todos estos espacios de recursos naturales de flora y fauna—explicó Centeno–. Esto porque la explotación, la exploración de los hidrocarburos y minerales, dañan seriamente el medioambiente”.

Aseguró que el decreto debe de revisarse debido a las consecuencias que puede tener, porque una vez que se ingrese y se comiencen los trabajos el efecto causado puede ser irreversible.

¿Cómo afectará?

El hacer exploración contempla además la explotación, explica Centeno,  eso implica un estudio con sísmica en 2D y 3D. Para ello se deben hacer perforaciones de pozos de al menos 15 metros de profundidad y deberán llenar más de 10 metros de dinamita. Las perforaciones de pozos en un inicio tienen grandes brechas de espacio, pero luego terminan siendo continuas.

“Para provocar la sísmica deberán ser las perforaciones más tupidas. Me imagino cada 120 metros y cada una con una profundidad de 15 metros y deben ser llenadas de dinamita y no serán solo uno sino miles de pozos para producir las vibraciones—explicó–. Ahora, ¿qué efectos causa? Uno es tumbar la vegetación, deforestar, abrir caminos, sendas transversales y se afectará recursos acuíferos y el medioambiente”.

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Fernando Vega, aseguró que tienen dos zonas identificadas para la exploración en la provincia Arce que involucra a la reserva Tariquía. Entre ellas está la comunidad de Astilleron y San Telmo. “Se presume que en estas zonas tenemos entre uno y tres trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) y pasa por toda la zona de reserva—indicó–. Claro, ello implica ratificarse con los trabajos que se vayan a realizar en aplicación a esta norma”.

Guaraníes en emergencia

El secretario de Recursos Naturales de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Roberto Quispe, señaló que el documento no fue consensuado con los indígenas y adelantó que se reunirán esta semana para tratarlo. Entre tanto se declararon en estado de emergencia.

“Hay normativas que se están contradiciendo y nosotros estamos convocando a una reunión para determinar qué es lo que vamos a hacer sobre lo que viene aconteciendo y se viene vulnerando—indicó Quispe–. Nosotros nos vamos a reunir porque la cosa la tenemos bien clara: la coadministración dentro de las áreas protegidas”.

Los guaraníes se encuentran en al menos tres reservas protegidas que están en Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. En Tarija, el representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Jorge Mendoza, aseguró que hay un rechazo profundo, pero recién hoy darán a conocer su postura oficial.

Algunos alcances del Decreto 2366 en cuestión

El presente decreto tiene por objeto establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional dentro de las áreas protegidas, en el marco de su carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país.

Autoriza la exploración hidrocarburífera “debiendo prever medidas ambientales adecuadas”, con mayor atención en zonas de alta sensibilidad ecológica “para precautelar la conservación de los sistemas de vida”.