La insuficiencia de personal en el equipo y la precariedad en las medidas de seguridad aplicadas para mitigar los daños por el derrame de petróleo tras la ruptura del Oleoducto Carrasco Cochabamba (OCC), marcaron ayer las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la comunidad de Ivirgarzama. Los Tiempos hizo un recorrido por la zona y constató que las viviendas afectadas por el crudo aún están habitadas; no existen brigadas de información; el personal no cuenta con el equipo necesario y aún no se desplazó maquinaria especializada.

El viernes una pala cargadora rompió el OCC y provocó el derrame de, según YPFB, 400 barriles sobre el río Magariño. Hasta ayer el crudo ya había contaminado 25 kilómetros del afluente.

Sin embargo, el jefe de Gestión Ambiental del YPFB, Cristhian Euler, aseguró que no existen riesgos y “todo fue controlado”.

En un recorrido realizado por este medio en la población de Ivirgarzama donde se registró la ruptura del Oleoducto Carrasco Cochabamba (OCC) se constató que Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) aún no desplazó el equipo técnico necesario, el personal no cuenta con indumentaria adecuada para trabajar en el lugar contaminado y no existen brigadas para informar a la población.

Según el investigador de la organización Productividad Biosfera y Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, el personal que atiende problemas de derrame mínimamente debe contar con overoles especiales, botas de seguridad, barbijos y mascarillas.

Aunque, según el jefe de Gestión Ambiental del YPFB, Cristhian Euler, no existen riesgos y “todo fue controlado”. Además, se constató que la gente que vive en dos de las viviendas afectadas no fue desalojada y los pobladores se acercan a la zona sin ningún equipo de seguridad.

Por otra parte, el derrame del petróleo que se extiende por más de 25 kilómetros sobre el río Magariño aún no fue controlado.

Como medidas de seguridad se establecieron barreras de contención a lo largo del río Magariño para el flujo del contaminante, informó Euler. Cada barrera contiene “chorizos absorbentes”, paños y material vegetal que ayudan a retener el petróleo derramado. A pesar, de la contaminación se observó a varios niños pescando río abajo.

El investigador de Probioma expresó que entre las medidas inmediatas que debió asumir YPFB están: desplazar personal y consolidar brigadas de información en un perímetro de 60 kilómetros. En tanto, Euler manifestó que el equipo de Relaciones de YPFB conversó con los vecinos sobre la fuga del crudo y sus consecuencias. Pero la gente del lugar afirmó que nadie se acercó para indicarles qué medidas de seguridad se deben tomar.

En Ivirgarzama, los pobladores no usan el agua del río Magariño para bañarse, alimentarse o regar sus cultivos, pero este afluente se conecta con el río Sajta donde sus habitantes la usan para su consumo diario.

Una de las vecinas de Sajta, zona por donde atraviesa el río del mismo nombre afirmó que en esa región las personas están preocupadas, porque no cuentan con agua de grifo y usan el agua del río para consumo humano, riego y aseo personal.

El alcalde del municipio de Puerto Villarroel–Ivirgarzama, Senovio Claros exigió que la petrolera estatal se haga cargo de la contaminación de los arroyos y los jardines de bosque. Responsabilizó a YPFB por no tomar los recaudos necesarios, porque los tubos no están enterrados “a buena profundidad”.

“Vamos a presentar la denuncia ante el Ministerio de Medio Ambiente (…), vamos a llegar a todo lo que corresponde y (solicitar) las auditorías que correspondan, todos los impactos medioambientales tienen que responder con Yacimientos”, afirmó.

Crespo indicó que los oleoductos deben estar enterrados a una profundidad de seis metros o suspendidas a 15 metros de altura, además de que deben colocarse letreros de advertencia cada 50 metros cuando el oleoducto se encuentra en zonas urbanas.

Realizan trabajos de inspección

El jefe de Gestión Ambiental del YPFB, Cristhian Euler, personal de la secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación y la Alcaldía de Puerto Villarroel realizaron una inspección en el lugar para hacer un registro de los daños causados por la ruptura del Oleoducto Carrasco Cochabamba (OCC).

Durante la inspección se recorrió el perímetro afectado y se verificó el derrame del petróleo en el cauce del río.

El representante de la secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación evitó brindar cualquier tipo de información a los medios de comunicación indicando que la única autorizada para hacer declaraciones públicas es la responsable del área, Soledad Delgadillo.

Por su parte el alcalde del municipio de Puerto Villarroel–Ivirgarzama, Senobio Claros, indicó que se realizará un documento en el que figuren todos los daños para presentarlo ante el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.

“Queremos seguridad social de todos estos ductos (…), se ve que en estos tubos no hay mantenimiento, no hay limpieza”, afirmó.

Detalles sobre el OCC

El OCC que transporta crudo a la refinería Gualberto Villarroel fue construido en la década de los 80.

“Se hace permanentemente un monitoreo de todo el ducto, hace unos años se ha hecho un chancheo (limpieza de ductos), inclusive, para no registrar pérdida y ver que el ducto esté en perfectas condiciones”, afirmó el jefe de Gestión Ambiental del YPFB, Cristhian Euler.

El suministro del crudo a la refinería instalada en Cochabamba fue cortado hasta ayer en horas de la mañana cuando se realizó los últimos arreglos de la cañería.

“Se ha hecho un trabajo de soldadura siguiendo todas las normas de seguridad, se han establecido perímetros para que no haya ningún accidente”, afirmó Euler.

La capacidad de transporte del ducto es de 14.500 barriles por día.

YPFB Transporte se encarga de transportar hidrocarburos para el mercado interno y de exportar a lo largo de una red de ductos que se extiende a lo largo de más de 6.400 kilómetros.