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Las actuales condiciones inviabilizan incentivos

Según análisis al proyecto de ‘Ley de promoción de inversión’ petrolera
El cuestionamiento apunta también a por qué el Gobierno y YPFB se han tomado tanto tiempo para generar incentivos, cuando el escenario económico para las inversiones son adversas.
El ponerle una banda de precios a los incentivos,  el echarle mano al 12% de los ingresos del IDH de gobiernos departamentales  y municipios, además de los extensos plazos, son entre otras las observaciones que hacen los analistas energéticos al Proyecto de Ley de Promoción de Inversión Hidrocaburífera, que de pronto con mucho énfasis el Gobierno pretende impulsar. Por esta situación, bajo esas condiciones y en un escenario actual donde la caída del crudo a nivel internacional desalienta cualquier tipo inversiones en exploración y explotación en  países como el nuestro, es visto por los expertos como algo inviable.
“Se trata de una clara muestra de la desesperación del Gobierno por atraer inversiones (con miras al 2019) a tal punto que reniega de su consigna del año 2004 del 50-50, la cual aplicada indiscriminadamente a gas y petróleo nos ha llevado a la actual crisis de los líquidos”, enfatiza Francesco Zaratti, analista energético.
Un contexto que explica. Hugo del Granado, experto del sector energético, en un reciente análisis retrospectivo, señaló que en mayo 2013, en ocasión del Congreso de Gas y Petróleo, el vicepresidente Álvaro García Linera ofreció incentivos y el anuncio fue refrendado por el extinto Carlos Villegas, por entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuando dijo que en pocas semanas se implementaría, lo cual no solo que no se concretó sino quedó al olvido por más de dos años. “En dos años ha cambiado drásticamente con la nueva situación mundial del precio del petróleo. Por entonces, se tenía un precio por barril por encima de cien dólares. Ahora todo es diferente, por lo que las empresas están  muy poco dispuestas a realizar inversiones en actividades de riesgo como es la exploración”, puntualizó.
En tanto, Zaratti, atribuye la demora en las decisiones del Gobierno a tres situaciones inherentes a una política de gobierno limitada por sus propios principios y contradicciones como efecto del proceso de la nacionalización. “La demora básicamente se debió a la incongruencia ideológica que implicaba para el partido en el gobierno un verdadero programa de incentivos a la exploración en el marco de la Ley 3058 y del proceso de nacionalización. Asimismo, a la insatisfacción de los pocos potenciales inversores por lo ofrecido inicialmente en ese marco”, argumentó.
Dudas que aún sobresalen. Del Granado, además, describe como aspecto preocupante el Proyecto de Ley que actualmente está en consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que refiere una banda de precios a los incentivos.
El incentivo para la producción de petróleo y condensado (en nuevos campos de gas) asociado a la producción de gas natural será de $us 30  a 50 el barril (Bl) en zona tradicional y de $us 35 a 55 el Bl en zona no tradicional, a cuyo efecto se establece un plazo de vigencia de 20 años y 30 años, cada una de las zonas respectivamente. “Esas dos cifras parecen ser sacados de la manga, ya que no se explica por qué se asignan esos datos para incentivos. Además son periodos muy largos para incentivos que deberían ser siempre medidas de corta duración. En el largo plazo se plantea una regla permanente en el negocio, lo cual puede resultar en una desventaja”, enfatiza el experto.
En ese ámbito con esos precios asignados, con el actual precio en baja crudo que oscila entre $us 40 y $us 45 del barril, Del Granado señala que el país estaría pagando por encima del precio internacional vigente. “Esto significa que con el precio actual del crudo, estaríamos pagando en 45 dólares el barril por encima del precio actual. Y si el precio internacional fuera superior, por decir por 100 dólares el barril, sería un desincentivo para las empresas”, apuntó el experto.
Además en el Proyecto de Ley se estaría contemplando un tercer incentivo aplicable a la producción adicional de condensado para campos en actual producción en zona tradicional que va de 0 a 30 dólares el barril, por un periodo de cinco años. Pero el mismo está condicionado a una línea base de producción, definida por YPFB en base a reservas, a inversiones adicionales, al precio internacional y a los niveles de producción.
Finalmente, describe Del Granado en su análisis del PL, en el que se reitera el propósito ya señalado en el DS 1202 de abril de 2012 de incentivar la producción de gas en los campos marginales para atender prioritariamente la exportación.
Ante ese panorama, Álvaro Ríos,  experto de Gas Energy, señaló que evidentemente los incentivos que espera generar el Gobierno para atraer capital privado, se lo hace en un momento tardío; que sin embargo, es necesario hacerlo. “Sin duda que Bolivia venía remunerando líquidos a $us 27 el barril, lo cual no es un incentivo adecuado para la exploración. En ese ámbito, muchos países que hacen exploración de gas y petróleo lo hacen de acuerdo a precio internacional, bajo una ecuación más simple”, explicó.
Lo referente de los fondos. El Proyecto de Ley, que de incentivos cambió a “promoción de inversiones”, señala que tanto para producción de petróleo y condensado de campos nuevos y de producción adicional de condensado, serán financiados por el Fondo de Promoción a la Inversión de Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), creado con el 12% de los recursos del IDH antes de su distribución, a partir de enero de 2016, lo que implica que habrá un recorte de ingresos fiscales para las gobernaciones, alcaldías y universidades.
Para Carlos Schlink, secretario de Hacienda de la gobernación de Santa Cruz, esa propuesta de ser así será muy lamentable. “No es competencia de los municipios y gobernaciones atender competencias nacionales. Con la actual reducción por la caída del precio del petróleo en un 45% de los ingresos del IDH, se reducirán más nuestros ingresos”, señaló.
Por su parte, Zaratti puntualiza que si se prometen incentivos en dinero, hay que tener un fondo destinado a ese fin. “El Gobierno no tiene de dónde alimentar el fondo de los incentivos. La medida en principio está bien siempre y cuando estos fondos aportados por los gobiernos locales sean reconocidos como aportes de capital en empresas de YPFB. Las gobernaciones deben hacerse socias de Andina, Chaco, Transredes”, dijo.
Observaciones
Aspectos que se deben encarar con prioridad
Premisa.  Según Álvaro Ríos, experto del sector, puntualiza que evidentemente colocar bandas a los incentivos es una limitante que debe analizar y encarar de mejor manera el gobierno. Además, plantea que se debe sostener con mayor energía la premisa de generar incentivos, dado que el país necesita agilizar la actividad exploratoria en el país.
Tareas.  Zaratti, por su parte, argumenta que  para tener los recursos disponibles es vital crear y tener un fondo para garantizar dicho fin. “Percibo que esos incentivos están pensados prioritariamente para las subsidiarias de YPFB que realizan exploración y para las empresas que tienen ya inversiones en Bolivia (Repsol, Total, Petrobras)”, apuntó.
Sin embargo, apuntó que para atraer nuevas inversiones externas, no es el mejor momento para invertir en exploración en Bolivia. “Si el riesgo es grande la ganancia debe ser grande también. Espero que esos incentivos se hayan consensuado con esas empresas para que puedan aplicarse a una renovada actividad exploratoria”, argumentó.
Negociación. Ríos además sugiere que dentro del marco de la nueva Ley de Promoción de Inversiones para el sector hidrocarburífero, que se propone, se debe incorporar de manera urgente el inicio de las negociaciones de los nuevos contratos de venta de gas con Brasil.
Desde el ejecutivo
Aún se discute cómo se traducirán esos incentivos
Nomenclatura. El Gobierno, desde el pasado mes de julio y agosto, en los sucesivos encuentros internacionales de gas y petróleo realizados en Santa Cruz, ha reafirmado dos aspectos puntuales que han volcado, según los analistas, diametralmente su postura ideológica de los años anteriores respecto a su política hidrocarburífera del país.  El primer cambio, por ahora discursivo, es el anuncio de llevar adelante actividad exploratoria en áreas protegidas; a cuyo efecto emitió el Decreto Supremo 2366.
El segundo está referido con los incentivos, por lo que el proyecto normativo se encuentra ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “En los siguientes nueve años vamos a invertir alrededor de nueve mil millones de dólares en exploración. En eso no vamos a retroceder, bajo liderazgo del propio estado”, señaló el vicepresidente Álvaro García Linera.
Trabajo. García Linera, en ocasión del congreso de Gas y Petróleo, señaló que la norma está en proceso de consulta con los sectores involucrados con el objetivo de premiar las inversiones tanto estatales y privadas en casos de exploración. “Vamos a convertir a municipios y gobernaciones en actores y si es posible en inversionistas en exploración”, dijo.
Punto de vista
“El Gobierno priorizó lo ideológico antes que lo económico”
Germán Molina
Analista económico
“Mi lectura sobre los factores determinantes que postergaron tres años en concretar el Proyecto de Ley de promoción para la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, son dos: subestimar la crisis económica mundial y sus efectos en nuestra economía ; sobreestimar el modelo económico social comunitario productivo en su desempeño que es vulnerable y no es perfecto porque tiene elevada dependencia de recursos extraordinarios del comercio exterior y del endeudamiento público. Y otro aspecto importante  fue que priorizaron la parte ideológica y política a lo económico por los réditos políticos que obtiene en el corto plazo y de futuros problemas en el largo plazo que desde el 2014 comenzó el deterioro de la economía a pesar de las cifras macroeconómicas positivas.
Los fundamentos económicos establecen que los agentes económicos racionales realizan acciones según los incentivos monetarios, en este sentido, se reconoce que se debe otorgar dichos incentivos para que arriesguen capital en proyectos de inversión destinados a la exploración, caso contrario no sería posible atraer a inversionistas. Respecto a la banda de precios que establece el proyecto de ley comparativamente a los que rigen en los mercados internacionales hay diferencias, sin embargo los proyectos de inversión consideran los precios de largo plazo y además el tiempo que significa la concretización desde la perforación de campos hasta su producción si es que tiene éxito en un rango de 4 a 8 años, dependiendo de varios factores”.
‘Venimos reclamando exploración hace más de dos años.  Es un poco tarde, pero no estamos al borde del abismo. Entonces hay que reaccionar y arrancar con la exploración’
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