La fiscalía brasileña advirtió ayer que la construcción de la gigante central hidroeléctrica de Belo Monte, en el corazón de la Amazonía, está violando los derechos de las poblaciones ribereñas, que podrían perder para siempre sus modos de vida.

La empresa Norte Energía no está cumpliendo con su proyecto ambiental al realizar la “remoción compulsiva de los ribereños afectados por la construcción de la usina (…), con riesgo de pérdida definitiva del modo de vida de esos grupos y de una grave violación de derechos humanos”, señala un informe divulgado ayer por la fiscalía del estado de Pará, donde se construye la planta.

Belo Monte, a orillas del río Xingú, está destinada a ser la tercera represa más grande del mundo, por detrás de la binacional brasileño-paraguaya Itaipú y de la de Tres Gargantas en China.

Junto con organismos del gobierno, universidades y ONG medioambientales, la fiscalía realizó a principios de junio una inspección en Altamira, donde al menos 2.000 familias son afectadas por los desplazamientos compulsivos en las zonas que serán inundadas por la represa, señala el documento.

“Son agricultores, pescadores, extractivistas y ribereños que, si el proyecto ambiental fuese obedecido, tendrían que haber recibido lo necesario para recomponer las condiciones en las que siempre vivieron”, explica la fiscalía en el informe.

En lugar de eso, sostiene, “de acuerdo con los datos oficiales de Norte Energía, 75 por ciento de ellos recibieron solo indemnización en dinero, lo que demuestra que el reasentamiento, que debería ser la principal, prácticamente no existe”.

Las conclusiones son parte de un reporte preliminar presentado al Ejecutivo, que se completará con informes de otros expertos que participaron de la inspección.

El ministerio público recomienda una “intervención urgente” para detener el proceso de remoción de los pobladores.