A un año de la aprobación de la llamada Ley de Generación Distribuida, la gerente de la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL), Verónica Munita, sostiene en una columna de su firma que “no era de extrañar “ que el aniversario de dicha ley “pasara inadvertido por la mayor parte de los medios”, al igual que sucede con “la demora en el despacho del proyecto que extiende la ley que entrega una franquicia a sistemas solares térmicos, permitiendo el desarrollo de esta área, lo cual tiene casi paralizado a este sector”.

Munita, después de reconocer que “es notable y positivo ver cómo las ERNC (energías renovables no convencionales) se han ganado un lugar destacado en la participación eléctrica”, especialmente “tras la última licitación de suministro, en que todos los contratos fueron adjudicados a este tipo de empresas”, sostiene que también debe apuntarse “al desarrollo de la generación distribuida y la solar térmica”.

Así, enumera lo que considera ventajas de la generación distribuida:

– sistema eléctrico conformado por una red de muchos pequeños y medianos generadores de ERNC, con transmisión a distancias menores y conectados directamente al consumo, inyectando su producción a la red.

– los ciudadanos en general y las pymes pueden convertirse en generadores de electricidad limpia y renovable.

– sistema democrático de energía.

– reduce las pérdidas que se producen en el proceso de transmisión a grandes distancias.

– reduce la incidencia de los apagones.

– reduce la necesidad de grandes proyectos de generación y transmisión.

– numerosas centrales pequeñas hacen que la red se descongestione y sea más estable.

– existencia de tecnología informática de control que permite la operación de redes inteligentes.

Respecto a la energía solar térmica, estos son los beneficios de su desarrollo que cita la gerente de ACESOL:

– ahorros de unos 160 mil pesos chilenos (cerca de 220 dólares) promedio al año.

– agua caliente gratis en el sector de viviendas sociales.

– ahorro de 16 toneladas de CO2 con cada sistema instalado a lo largo de su vida útil.

“De este modo –concluye en su columna Verónica Munita-, hacemos un llamado a las autoridades para que apunten sus prioridades normativas, legislativas y presupuestarias también a favor de las pequeñas instalaciones”.