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CEDLA afirma que decretos favorecen a las petroleras

DEFENSOR ANUNCIA DEFENSA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Un investigador del CEDLA dice que el Gobierno aplica esta medida ante la caída del precio del petróleo y sus efectos económicos
Beatriz Layme / La Paz
El  investigador del Centro de Estudios por el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)  Carlos Arze   afirmó que los decretos que permiten la exploración de petróleo en áreas reservadas son una respuesta del Gobierno  a la demanda de las petroleras que siempre pidieron mejores condiciones para explorar hidrocarburos.
“Esta es una respuesta a la demanda, primero, de las empresas petroleras, que siempre han demandado mejores condiciones para explorar en diversos sectores del territorio porque es grande el territorio boliviano, pero el porcentaje donde hay riquezas hidrocarburíferas es menor ”,  explicó  Arze.
El Gobierno  promulgó en 60 días tres decretos supremos que garantizan a la petrolera estatal y a los operadores privados la exploración y explotación hidrocarburífera en áreas reservadas con el argumento de que la Constitución permite explotar los recursos naturales.
Permitir el ingreso de las petroleras en áreas protegidas -según Arze- garantiza  al Gobierno concretar sus políticas ante la caída de los precios internacionales del crudo.
Esa situación,   según Arze, “está presionado al Gobierno  a mejorar las condiciones para que las transnacionales, que son socias de YPFB, entren a las áreas reservadas y hallen hidrocarburos para exportar”.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló que hará seguimiento minucioso para hacer respetar los derechos de los indígenas, más aún de   los pueblos originarios  que están en los parques.
“Este trabajo, que no es impuesto ni  por capricho sino por mandato constitucional, será   velar por los derechos de los pueblos indígenas y de manera particular de quienes están en alta vulnerabilidad”, indicó.
El diputado de UD  Rafael Quispe  anunció que hoy presentará un proyecto de ley para regular la consulta previa, libre e informada.  “La Constitución dice que la consulta previa debe ser según usos y costumbres y no por imposición del Gobierno”, dijo.
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