Señala que la Ley posibilitará al Ejecutivo arrebatar funciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al poder aprobar contratos petroleros sin ningún tipo de fiscalización.

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) afirmó que la Ley de Incentivos Petroleros, aprobada en grande por la Cámara de Diputados, es una norma de estímulos a las trasnacionales a extraer hidrocarburos de manera intensiva, con pérdidas de hidrocarburos para el país, y el riesgo de que el Ejecutivo arrebate competencias del legislativo al firmar contratos sin fiscalización de otro poder del Estado.

El director ejecutivo del Cedib, Marco Antonio Gandarillas en entrevista con ANF dijo que la Ley de Incentivos, que forma parte de un paquete de incentivos para las petroleras, no toma en cuenta el Decreto Supremo 1202 del 18 de abril de 2012, que establece que de darse un incentivo a la exploración hidrocarburífera, debería ser a la exploración del petróleo, porque fue la primera vez que el gobierno reconoció que casi se agotaron las reservas del crudo en el país.

“En su artículo 8 parágrafo II señala claramente que el condensado asociado al petróleo no se beneficiaría de ningún incentivo y es por razones obvias, ya que el condensado es una producción aparejada al gas natural, no hay un trabajo adicional y por tanto, tampoco costos adicionales, porque la mayor parte del condensado está producida en los megacampos de gas natural de San Alberto, San Antonio y Margarita”, señaló. Sin embargo, el investigador dijo que curiosamente en este proyecto de Ley Incentivos, que debía apuntar a nuevas exploraciones, en los hechos promoverá a una producción intensiva de hidrocarburos.

“Nuestro problema mayor son las reservas, pero vamos a promover la producción, una extracción más intensiva. Además del petróleo crudo, se incentiva la producción del condesado en zonas tradicionales y no tradicionales y al condensado adicional. Todo esto no se conoce al detalle”, señaló. Hasta 90 dólares el barril En criterio de Gandarillas, la Ley de Incentivos puede considerarse una ley marco, porque aborda temas generales, con el alto riesgo que luego en el Ejecutivo se vayan a definir aspectos muy sensibles a través de decretos supremos y reglamentos.

“El llamado condensado adicional será el que se produzca a partir del siguiente año, y se va a considerar condensado adicional, tendrá un incentivo muy grande, de hasta 30 dólares por barril. Se dice que los incentivos a la producción de petróleo crudo va a ser entre 30 y 50 dólares el barril y no se sabe cómo se va a calcular sobre ´x´ campo y cómo se hará el control”, indicó. De acuerdo a las cifras manejadas en el proyecto -dijo el investigador- que fácilmente que el Estado boliviano pagará el doble de lo que está el petróleo en el mercado internacional; es decir, en incentivos en petróleo y condensado, llegará a costar hasta 90 dólares el barril “y ese, ya no sería un incentivo sino un estímulo a extraer con pérdida de hidrocarburos en Bolivia.

“Hay un artículo que va ser como uno más, que es el artículo 19, que dice que el Poder Ejecutivo podrá solicitar la tramitación administrativa ágil de nuevos contratos y que pueden ser los que están en la ley u otros. Que puede ser por resolución ministerial y esto vulnera la Constitución Política del Estado. Por un reglamento se podrá establecer los procedimientos para la aprobación de nuevas figuras de contratos, y arrebatar las potestades del legislativo, alertó Gandarillas.

“Ojo que tenemos 99 áreas reservadas a YPFB, que paulatinamente pasan a ser áreas otorgadas a empresas privadas, entonces está en inédita ampliación de áreas reservadas hasta casi 32 millones de hectáreas puede quedar bajo esta norma”, observó. Fondo de Promoción Para el Cedib, otro tema preocupante es la creación del Fondo de Promoción a las Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera sobre el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que reciben las gobernaciones, municipios, universidades y el Fondo Indígena.

“Lo curioso es que hay un interés marcado de que el Banco Central de Bolivia para que pueda hacer con esto (fondo), inversiones financieras de muy alto riesgo y muy poca rentabilidad”, afirmó. El 14 de octubre, el gobierno del presidente Evo Morales, aprobó el Decreto Supremo 2549, por la que expande la frontera petrolera a casi 32 millones de hectáreas, incluidas las áreas protegidas. La norma forma parte de una serie de paquetes de incentivos a las petroleras, con severos impactos en los derechos humanos, la democracia y la economía nacional.