La mayoría del pueblo boliviano, en diciembre pasado, aplaudió la decisión de la Empresa Eléctrica Corani de implementar la Fase II del Proyecto Parque Eólico Qollpana. Se prevé que en quince meses, se incorporarán ocho aerogeneradores que aportarán 24 megavatios de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, con una inversión estipulada de 64,5 millones de dólares. En otras palabras, allá por junio de 2016, en el peor de los casos, la empresa nacionalizada estará generando energía limpia y con tecnología eficiente del siglo XXI. Este escenario tan prometedor ha sido enviciado por los operadores políticos del oficialismo, que han devuelto al tapete de la polémica la construcción del reactor nuclear en algún lugar del departamento de La Paz, por un precio inicialmente estimado en 2.000 millones de dólares y con la ilusión de que recién estaría operable el 2025, si no es para 2030.

Si de energía nuclear estamos tratando, lo que no han siquiera valorado los agentes gubernamentales es el alto costo de la extracción de uranio y su adecuación para la generación de energía, los altos niveles de contaminación que implican los residuos radioactivos, la disposición final de la basura nuclear o los riesgos potenciales que el pueblo paceño tiene que temer en caso de un accidente nuclear, parecido al de Chernobyl en Ucrania o de Fukushima en Japón. Esta última semana se han avivado las voces que se han propuesto impedir este megaproyecto gubernamental, y lo han hecho fundando sus posturas apocalípticas en que la totalidad de los países con un alto nivel de desarrollo de la industria energética, está cerrando sus plantas nucleares. Pero en Bolivia los apóstoles del desarrollismo comunitario quieren pasar a la historia emulando el paradigma de los prohibitivos fracasos nucleares que eran moneda común en el siglo XX. Retroceso inútil se llama.

Es que este asunto ha causado tanta polémica en el escenario político nacional que algunos racistas marginales, muy ligados a grupos influyentes en el oriente boliviano, han sugerido que la planta se construya “lo más cerca posible” de la ciudad de El Alto, porque de ocurrir un accidente nuclear un buen porcentaje de la población urbana de origen aymara sufriría las consecuencias desdichadas. En cambio, los opuestos al “cambismo” han propuesto algunas respuestas antípodas que pasan por la posibilidad de construir, “lo más cerca posible” de la ciudad de Santa Cruz, un basurero nuclear a una profundidad razonable de tal modo que los acuíferos queden totalmente contaminados. Con estas posturas descabelladas la irracionalidad se ha impuesto en el debate nacional sobre temas energéticos.

A los lectores que aún no han perdido la sensatez y la cordura, les costará absolutamente nada distinguir entre la prometedora industria de la energía eólica o la nefasta factoría nuclear; y además con una solvencia muy natural podrán señalar las diferencias más notables que existen entre ellas desde el punto de vista económico. De lejos se imponen la limpidez y la eficiencia que apoyan la generación de energía en los parques eólicos. En suma, con 2.000 millones de dólares podemos construir unos 30 parques eólicos como los de Qollpana para generar algo menos de 720 megavatios de energía eléctrica allá por 2018. Espero que mis números cuadren porque los del Gobierno para su planta nuclear están fuera de toda razón.