Otra deuda silenciosa que deberá resolver el próximo Gobierno En materia de gas, grandes usuarios adeudan alrededor de $ 3.000 millones a Enarsa y productores privados por no acatar restricciones al consumo en época invernal.

A su vez, los usuarios de más de 300 Kw de electricidad deben a Cammesa más de $ 11.000 millones por no pagar el precio pleno de la energía que toman de la red. El dueño de una mediana empresa metalúrgica abandonó la reunión de una cámara industrial de la zona del Gran Rosario con el rostro perturbado. Y no por el deterioro de la competitividad por el atraso cambiario o el impacto en la economía local de la crisis de Brasil, temas que integran la agenda permanente del sector. La raigambre de su preocupación obedecía a una cuestión puntual mencionada tangencialmente por el ejecutivo de una alimenticia santafesina hacia el final del encuentro empresario realizado en septiembre: el rumor de que Enarsa buscaría en el último trimestre del año recuperar parte de la millonaria deuda que las industrias registran con la empresa estatal de energía en concepto de multas impagas por el consumo adicional de gas. Cada invierno, la escena se repite: frente a la llegada del frío, el Enargas ordena restricciones a los grandes usuarios para garantizar el abastecimiento de la demanda prioritaria, tal como se denomina en la jerga al consumo residencial. Sin embargo, muchas empresas hacen caso omiso al pedido del ente regulador.

Para penar a esas compañías que consumen más de lo debido de la red de gas, el organismo intervenido por Antonio Pronsato creó dos figuras: el Proveedor de Última Instancia (PUI) y el Gas de Última Instancia (GUI). El primero se cobra a las industrias que toman gas del sistema sin respaldo de su proveedor, a pesar de tener un contrato vigente de abastecimiento con una petrolera o comercializadora. En ese caso, Enarsa cobra u$s 7,50 por cada millón de BTU direccionado a la industria en falta. El GUI se factura a los usuarios que directamente desoyen una restricción de consumo ordenada por el Enargas. En ese caso, las empresas deben pagar u$s 13,70 –equivalente en 2011, cuando se creó el cargo, al costo de importación del Gas Natural Licuado (GNL)– por el gas extra consumido de la red. La deuda acumulada por el universo de industrias que incurrió en esas faltas es enorme: si bien no hay datos oficiales, ronda los $ 3.000 millones, según coincidieron varias fuentes consultadas por Revista Petroquímica, Petróleo, Gas, Química & Energía. A los ojos de los infractores, el esquema nunca terminó de obtener legitimidad. De ahí que la mayoría de las empresas multadas dilataran el pago de las facturas emitidas por Enarsa. O simplemente decidieran no abonarlas.

Resultados disímiles

Con resultados disímiles, algunas empresas cuestionaron, por vía administrativa ante la Secretaría de Energía, la legalidad de los cargos aplicados por el Enargas.

Por ejemplo, en el caso de Carboquímica del Paraná, la cartera que dirige Mariana Matranga se expidió a favor de la validez de las figuras del PUI y GUI. Con todo, lo más probable es que el diferendo termine en la Justicia. Tras estudiar su alcance legal, los grandes usuarios de gas –nucleados en Acigra– optaron por regularizar su situación y pagaron las facturas emitidas por Enarsa. En esa lista figuran empresas como Siderca, Bunge Argentina, Aluar, Loma Negra, Profertil y AGD, entre otros. “El tema se analizó en comisión y se decidió que lo mejor era pagar los cargos aplicados por Enarsa”, explicaron allegados a Acigra. Entre las petroleras, que son finalmente las que reciben parte del monto adeudado por las industrias en concepto de PUI, existen posiciones ambiguas. “Llevamos perdidos cerca de u$s 250.000 como resultado de clientes que se niegan a pagar el PUI. Sucede que, en muchos de esos casos, el costo de iniciar una acción legal supera el monto reclamado, por lo que no tiene mucho sentido seguir la vía judicial”, reconoció el gerente de una mediana productora de gas. En la Unión Industrial Argentina (UIA) siguen de cerca los movimientos de Enarsa, pero confían en que el intento por cobrar el monto adeudado por las industrias no pase a mayores. Su lectura se apoya en el siguiente razonamiento: “la decisión de exigir el pago de lo adeudado complicaría seriamente las finanzas de muchas industrias, en especial de pequeñas y medianas empresas, que hoy no tienen espalda para regularizar su situación. ¿Quién puede querer ganarse un problema en plena campaña electoral?”, se preguntaron allegados a la entidad fabril.

Déficit eléctrico

No es el único frente silencioso que mantienen abiertos los grandes usuarios de energía. Las industrias que consumen más de 300 kilowatts (Kwh) por bimestre de electricidad acumulan una deuda monstruosa con Cammesa porque no pagan el precio pleno de la energía que consumen. En rigor, los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Menores (GUME) y de Distribuidora (GUDI), un universo que agrupa a más de 3.000 industrias, deben a la administradora del mercado mayorista (MEM), una entidad mixta que es controlada ad hoc por el Gobierno, más de $ 11.500 millones, según datos oficiales actualizados a septiembre de este año. Es decir, si se suma esa cifra más el rojo referido a las multas impagas por el consumo indebido de gas, el sector industrial adeuda casi $ 15.000 millones al Estado. A esta altura, su cobrabilidad es muy dudosa. La sanción de la Resolución 1281/2006 de la Secretaría de Energía –conocida en el mercado como Energía Plus– obligó a las industrias a contratar su propia energía (de nuevas centrales que nunca se construyeron) o a pagar más caro el consumo excedente por encima de su demanda base de 2005. Esto último fue lo que finalmente ocurrió. Las empresas empezaron a pagar un precio más alto –sin subsidios– correspondiente a ese consumo adicional de la energía. Sin embargo, el Gobierno atendió un pedido del sector y en 2007 accedió a fijar un precio tope para la facturación de la demanda excedente. En la práctica se buscó repartir a lo largo de 12 meses el costo de la energía adicional consumida por las empresas.

La idea era que las industrias puedan devolver a Cammesa en verano –época de precios más bajos– la deuda acumulada durante los meses de frío. Así, los grandes usuarios empezaron a pagar el mismo monto durante todo el año a fin de evitar que los sobrecostos transitorios de despacho tornaran impagables las facturas eléctricas durante el período invernal. El parque de generación eléctrica fue diseñado en los 90 para operar con gas. Cuando durante los meses de frío la oferta del fluido se redirecciona hacia los hogares, las usinas termoeléctricas deben recurrir a combustibles líquidos (gasoil y fuel oil), mucho más caros. De ahí que, estacionalmente, las boletas que pagan los grandes usuarios siempre fueron más onerosas entre los meses de mayo y agosto. Con el establecimiento de precios topes para la demanda excedente (creados por la nota SSEE N° 567/2007), el Gobierno buscó morigerar el impacto de esa realidad sobre las finanzas de usuarios fabriles. La iniciativa funcionó durante algún tiempo, pero la agudización de la crisis energética del país se llevó puesto el esquema. A medida que la escasez de gas se extendió ya no sólo al invierno sino también al resto de los meses del año, los costos de generación del sistema se incrementaron.

Deuda crónica

Hoy los usuarios GUMAGUME pagan $ 450 por cada megawatt por hora (Mwh) excedente demandado. Los GUDI abonan $ 550 por el mismo concepto. Son los nuevos topes que estableció Paulo Farina, subsecretario de Energía Eléctrica, en marzo de este año. Sin ese techo, las industrias deberían pagar alrededor de $ 1.400. El problema es que a partir de 2011, de la mano de crecientes y millonarias importaciones de gasoil, el costo real de producción de energía aumentó de tal manera que ya no fue posible compensar los sobrecostos del invierno con los pagos del verano.

El desequilibrio empezó a forjar una deuda crónica que hoy supera los $ 11.500 millones. A la cotización oficial del dólar, son casi u$s 1.200 millones, el equivalente a lo que cuesta instalar una central térmica de 1.000 Mw de potencia o una represa hidroeléctrica mediana de alrededor de 500 Mw. “Al igual que en el caso del gas, hay muchas empresas que ni siquiera están enteradas de la deuda que registran con Cammesa. Es un tema tan complejo, que todos los actores, tanto el Estado como los privados, prefieren mirar para otro lado. A dos semanas de las elecciones, lo mejor es patearlo para adelante y que lo resuelva el próximo Gobierno”, se sinceró un encumbrado directivo de la UIA.