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Argentina: el Senado empieza a debatir proyecto que blinda participación estatal en empresas

La iniciativa fija la obligación de que el Congreso avale con dos tercios de los votos la transferencia de acciones en poder del FGS y crea una agencia de directores estatales. 
El Senado comenzará a debatir esta tarde el proyecto de Ley para declarar de interés público la participación estatal en empresas e instalar la necesidad de contar con dos tercios de los votos del Congreso para vender o transferir esas acciones. La iniciativa oficial declara “de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado Nacional que integran la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) (…) y las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía posea tenencias accionarias o de capital”. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, ingresó ayer al Senado y hoy será discutido en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social. El ministro de Economía, Axel Kicillof, irá a esa reunión, confirmaron fuentes oficiales. La iniciativa prohibe la venta, la transferencia o cualquier otra acción que implique que el Estado se desprenda de las acciones de esas empresas, salvo que el Congreso de la Nación lo autorice a través del voto de los dos tercios de sus miembros.
También incluye a otras firmas en las que el Estado tenga participación minoritaria a través del Ministerio de Economía. La norma propuesta, sin embargo, excluye expresamente, en su artículo 25, a YPF y a YPF gas. La participación estatal en la petrolera es considerada de interés público (y requiere de dos tercios del Congreso para reducirse) desde la ley de expropiación de la compañía. Sus directores estatales en representación de las acciones clase “D”, además, no son considerados funcionarios públicos. Esto es así para evitar inconvenientes ante los organismos reguladores de mercados de Estados Unidos, donde la petrolera cotiza. El jueves, la presidenta anunció el envío del proyecto de ley al Congreso por Cadena Nacional. Ese día, presentó filminas en las que incluyó a todas las empresas con control estatal y no sólo a las firmas en las que el Estado tiene una participación minoritaria. YPF, YPF Gas y Metrogas (controlada por YPF) estaban incluidas en esa lista, junto con otras firmas privadas de cotización pública, como el banco Macro, Siderar y Consultatio. La Agencia El proyecto propone la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee).
Reemplazará a la actual Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado, que depende de la Secretaría de Política Económica del Palacio de Hacienda. La Anpee tendrá un directorio conformado por el director ejecutivo de la ANSeS (hoy, Diego Bossio), dos representantes de la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas del Congreso (uno por la mayoría y otro por la minoría) y dos representantes del Poder Ejecutivo. Los directores estatales en las empresas se regirán bajo los mismos preceptos del decreto 1278/2012. Entre otras cosas, esa norma dispone que las empresas depositarán los honorarios en cuentas del Tesoro. La comisión bicameral de control sólo podrá desplazar a los directores en caso de mal desempe ño de sus funciones y con dos tercios de los votos.
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