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Amenaza del Gobierno es vista como retroceso

Evo politiza tema medio ambiental
Acciones. Los pueblos indígenas tomarían acciones con movilizaciones y marchas.
Como un retroceso de 30 años, así es catalogada la postura del gobierno de Evo Morales que hace unos días advirtió con la expulsión de las ONG y fundaciones que perjudiquen la explotación re recursos naturales, refiriéndose específicamente al Decreto Supremo 2366, que ordena la actividad hidrocarburífera en cualquiera de las 22 áreas protegidas del país.
Para Marco Antonio  Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la amenaza no es para las ONG, Fundaciones y pueblos indígenas sino a los derechos: libertad de asociación, expresión e información. “Es peligrosa la senda que toma el gobierno en el tema ambiental y en eso incluye a los pueblos indígenas. El retroceso es de más de 30 años.”, señaló.
Otras posturas. Lazaro Tacoó, dirigente de los indígenas del Tipnis, señaló que el gobierno prepara nueva arremetida contra los pueblos indígenas. “Ya los contratos hidrocarburíferos están en las áreas protegidas como en la comunidad Aguaragüe”, señaló.
El analista Iván Arias señaló que el gobierno, en su desesperación de captar más recursos, está empeñado a entregar a las transnacionales las áreas protegidas. “Lo pachamamístico es solo discurso, pero en la práctica se viola”, dijo.
El investigador Jorge Campanini, del Cedib, citó que 11 contratos de exploración y explotación gasíferos y petroleros tienen superposición en  la 22 áreas protegidas que tiene el país. Entre estas están los predios con contratos petroleros como el Madidi, Pilón Lajas, Tipnis, Iñao, Aguaragüe y Tariquia. “En esos sitios se están haciendo actividades extractivas”, afirmó Gandarillas.
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